Los vigilantes de seguridad privada piden mantener la normativa de los guardas rurales en los cotos asturianos

La polémica desatada por la posible aprobación del «pliego de condiciones» que ha de regir la adjudicación de los cotos regionales de caza no ha cesado. La Asociación Profesional de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa), por su parte, defiende que hay que mantener la actual normativa y que esta no es negociable. Por ello, exigen preservar un guarda rural por cada 8.000 hectáreas y «no a las 10.000 como apoya USO y, ni siquiera, por supuesto, a las 14.000 que sostienen FADOVISA y los gestores de los cotos del noroccidente», apostillan desde el colectivo.

Asimismo, reclaman que «las sociedades que gestionan los cotos de caza deben contratar, independientemente de su superficie, con un guarda rural». En este sentido, especifican que estos trabajadores son empleados de entidades o clientes privados y, por tanto, están al servicio de los titulares de los bienes. «Es sorprendente que un sindicato reclame que las nóminas sean pagadas por la Administración Pública», resaltan, y añaden que «tanto un vigilante de seguridad como los guardas rurales son pagados por la relación contractual, es decir, por el cliente, su empresa».

En esa misma línea, Avispa denuncia que desde USO «se exija o se quiera comparar las funciones de los agentes del medio natural con los guardas rurales, cuando somos compatibles». Asimismo, la asociación destaca que «los guardas rurales no son auxiliares de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sino que son complementarios a los mismos». Además, recalcan en que estos tienen la obligación de «colaborar y coordinar» sus actuaciones con ellos, de acuerdo a «la ley, el reglamento y demás normativa reguladora al respecto, que está en vigor».

Al mismo tiempo, desde el colectivo señalan que el alcance representativo de USO en Asturias, en cuanto a los guardas rurales, «es prácticamente inexistente, por no decir nulo, a todos los efectos». Por tanto, ven «difícil que puedan erigirse en representación del colectivo, excepto en ellos mismos». Además, denuncian que «el estudio técnico, donde se aduce la pérdida de un total de 20 puestos de trabajo de guardas rurales, es realizado por nuestra asociación, conjuntamente con la Asociación Profesional de Guardas Rurales de Asturias».