La justicia europea avala investigar 100 millones de euros que recibieron en Asturias cuatro centrales de carbón

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este miércoles la decisión de Bruselas de investigar las ayudas concedidas por España a las centrales de carbón desde el 2007 al 2016, que ascendieron a 441,5 millones de euros. Cuatro de las catorce investigadas se encuentran en Asturias por más de 100 millones de euros.

La justicia europea ha rechazado el recurso interpuesto por Naturgy contra la decisión de la Comisión de noviembre del 2017 de considerar «ilegales» de forma preliminar las ayudas bajo el paraguas de los denominados «incentivos medioambientales». La empresa alegaba que faltaban argumentos para sostener las acusaciones y que las ayudas no fueron selectivas y, por tanto, no distorsionaron la competencia. No lo ve así el Tribunal de Luxemburgo. Sus magistrados consideran que la Comisión «no incumplió su obligación de motivación» y además cree que hay razones de peso para sostener una investigación por ayudas ilegales. 

Precedentes

En el año 2015, Bruselas inició una investigación sectorial para analizar los mecanismos de capacidad -destinados a asegurar el suministro de electricidad- de once países de la UE, entre ellos el de España. En abril del 2017, las autoridades europeas notificaron a España la apertura de una investigación de oficio para aclarar si el «incentivo de inversión medioambiental» -puesto en marcha en el 2007 para compensar las inversiones que tuvieron que hacer supuestamente las eléctricas para reducir emisiones en sus plantas de carbón- cumplían con las normas de competencia. La conclusión preliminar de Bruselas no dejaba lugar a dudas: las ayudas fueron selectivas, ilegales y pudieron distorsionar el mercado. «La Comisión tiene dudas sobre si la medida constituye una ayuda a las inversiones cuyo objeto sea simplemente la adecuación de las empresas a normas comunitarias medioambientales obligatorias», reconocía el Ejecutivo comunitario. 

Las ayudas estatales que inyectó España a las eléctricas ascendieron a 8.750 euros por MW y año durante 10 años. El total de dinero público desembolsado ascendió a 441,5 millones de euros, de los que se beneficiaron empresas como Endesa (198 millones), Gas Natural (74 millones), Hidroeléctrica del Cantábrico (67,6 millones), Iberdrola (44,6 millones), Unión Fenosa (3,8 millones) y Viesgo Generación (52,9 millones). 

Beneficiarias asturianas

Entre las plantas asturianas el documento del Diario Oficial de la Unión Europea cita a Aboño 2, que abría recibido 41,8 millones entre 2007 y 2019; Lada 4, que en ese período obtuvo ayudas por una valor de 21 millones de euros; Narcea 3, con 22 millones y Soto de Ribera 3, con 25,7 millones. Todas juntas superan de largo los 110 millones de euros.

Los sucesivos Gobiernos justificaron las ayudas alegando que las señales de precios no eran suficientes para garantizar la seguridad de abastecimiento a largo plazo y que, como «bien público» que es la electricidad, debía asegurarse su disponibilidad. Contar con esa disponibilidad de las plantas de carbón exigía a las eléctricas acometer inversiones para reducir las emisiones contaminantes. Y ahí entrarían en juego las ayudas que, supuestamente, se extenderían para compensar esos costes extra que tuvieron y que no habrían enfrentado otras tecnologías de suministro. La propia Naturgy ha alegado en el proceso que desde 1998 al 2007 todas las centrales de producción de electricidad tenían derecho, cualquiera que fuera la tecnología empleada, a percibir una retribución por la garantía de potencia prestada al sistema. Además, la empresa trató de defender la recepción de ayudas argumentando que las centrales de carbón no estaban en una situación de igualdad comparable a la de las centrales que utilizan otro tipo de tecnologías, porque las de carbón eran las únicas establecidas antes del 1998 que se vieron obligadas a hacer unas «importantísimas» inversiones, sin las cuales se habrían visto abocadas al cierre, poniendo en peligro el suministro al sistema eléctrico. 

Pero estas explicaciones no han convencido ni a la Comisión ni a la justicia europea, que ha desestimado el recurso de la eléctrica. En sus comunicaciones a España, la Comisión advierte de que «se prevé que toda ayuda concedida ilegalmente podrá recuperarse de su beneficiario».