La Sindicatura detecta «incumplimientos» en avales concedidos hasta 2013 por el Principado

La Sindicatura de Cuentas ha emitido un informe desfavorable sobre los avales concedidos por el Principado de Asturias hasta 2013 debido a los «incumplimientos legales muy significativos o generalizados» que ha detectado.

Según ha informado el órgano fiscalizador, el informe analiza la situación en el año 2019 de los 24 avales, cuya cuantía original ascendía a 627.119.362 euros, concedidos hasta 2013, último ejercicio en el que el Principado dio esas ayudas.

El Gobierno de Asturias había concedido estos avales a entidades propiedad íntegramente del Principado y a sociedades tanto participadas por la Administración autonómica como el sector privado.

En su informe, la Sindicatura apunta que «no constan criterios objetivos» para el otorgamiento de avales o, en su caso, la denegación de estos a sociedades mercantiles del sector privado, «lo que compromete el cumplimiento de los principios de igualdad y publicidad, así como la interdicción de la arbitrariedad en la actuación administrativa».

Además, señala, se ha verificado que «han existido solicitudes de avales no concedidos sin que conste la resolución expresa que motive las razones de su denegación».

Asimismo, explica que en los expedientes «no consta la verificación expresa del cumplimiento de los requisitos por parte de los beneficiarios de los avales, exigidos en la normativa presupuestaria y de subvenciones».

También advierte de que «no se dota contablemente provisión alguna para responsabilidades por los avales, incluso estando alguno de ellos en riesgo de ejecución, lo que incumple el principio de prudencia reconocido en la normativa contable».

Por último, expone que la concesión de los avales «no se ha fiscalizado», lo que incumple el Régimen Económico y Presupuestario, según el cual todos los actos, documentos y expedientes de la Administración del Principado y de sus organismos autónomos de los que puedan derivarse derechos y obligaciones de contenido económico deben ser intervenidos y contabilizados con arreglo a lo dispuesto en dicha ley.

Por todo ello, el órgano fiscalizador considera necesario regular de forma específica el procedimiento para conceder avales, «con el objeto de garantizar los principios de igualdad y publicidad».

Al mismo tiempo, cree recomendable que los derechos de cobro contabilizados tras la ejecución de los avales se provisionen en su totalidad, en lugar de por un porcentaje, «dado el riesgo de insolvencia que llevan aparejados y la necesidad de reflejar la imagen fiel en las cuentas anuales».

Además, considera conveniente que en la normativa de Hacienda se incluya la obligación de informar a la Junta General no solo de la concesión, bien sea por la administración o por cualquier organismo o entidad pública, sino también de la evolución anual de los avales concedidos, informa Efe.