Tres empresarios asturianos pagaron presuntamente 110.000 euros a políticos para hacerse con una concesión

El Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo ha concluido la investigación de la pieza principal de la operación Pokemon, que consta de alrededor de 170.000 folios, y ha ordenado que la causa se siga contra trece personas, entre ellas tres socios de la empresa asturiana Cechalva y el teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Lugo, Francisco Fernández Liñares. Los socios de la compañía, (J.P.C.E., J.L.A.A. y M.S.G.);  abonaron presuntamente en efectivo la cantidad de 2.000 euros mensuales durante casi cinco años para pagar a las autoridades del Ayuntamiento de Lugo como gratificación por la adjudicación del servicio de grúa, según revela el auto. En total: 110.000 euros que abonaron a través de una Caja B creada con facturas falsas.

El magistrado entiende que hay indicios de delito en la concesión del servicio municipal de grúa en Lugo a la firma asturiana Cechalva, en 2005, así como de la existencia de una Caja B en la compañía para realizar los pagos de los sobornos pactados por haber conseguido la adjudicación. El juez asegura que desde que el Ayuntamiento de Lugo inició las gestiones internas para la licitación del mismo, los investigados «conocieron de forma ilegal, antes que ningún otro eventual licitador, información relevante sobre el procedimiento». Cechalva fue en su día la concesionaria de la grúa en Oviedo. 

Así, entiende que «todas las irregularidades e incumplimientos previos, coetáneos y posteriores a la adjudicación del contrato a Cechalva fueron consentidos, precisamente, por el acuerdo que tenía la empresa con el teniente de alcalde», entonces Fernández Liñares, quien era «conocedor de la trama», tenía capacidad decisoria sobre la concesión y reveló datos para favorecer a la empresa. A cambio, supuestamente obtenía «importantes cantidades económicas como contraprestación, así como participación camuflada a través de testaferros».

En el auto, el magistrado sostiene que hay indicios de que los socios de la compañía «se comprometieron a abonar en efectivo la cantidad de 2.000 euros mensuales para pagar a las autoridades del Ayuntamiento de Lugo como gratificación por la adjudicación del servicio de grúa». Si bien el juez afirma que J.M.R. les hizo creer que ese dinero iba destinado al alcalde, en realidad, «se entregaba en efectivo a J.M.R., que era el encargado, a su vez, de dárselo en mano» a Fernández Liñares.

En total, pagaron de la Caja B de la empresa, según indica el juez, 2.000 euros al mes durante los años 2006, 2007, 2008, 2009 y los primeros siete meses de 2010, lo que supone un total de 110.000 euros.

¿Cómo hicieron los investigados para disponer de dinero en efectivo con el que hacer frente a esos pagos? Según el instructor, los investigados crearon dos contabilidades. El objetivo era «generar cantidades de dinero que quedaran al margen del ciclo tributario, mediante la creación de facturas ficticias o la contabilización indebida de otras facturas».

De hecho, según los informes de la Unidad de Vigilancia Aduanera, los socios de Cechalva imputados contaban con la colaboración de algunas empresas y profesionales que les suministraban facturas falsas. 

Los hechos referentes a la adjudicación de la grúa, según el auto, podrían ser constitutivos de delitos de cohecho, violación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, de los cuales serían responsables, además del primer teniente de alcalde, tres socios de la empresa (J.P.C.E., J.L.A.A. y M.S.G.); D.A.L., también socio, cuñado y presunto testaferro del teniente de alcalde; y J.M.R., a quien el juez atribuye ser el enlace entre Cechalva y el político implicado.

Estos hechos podrían ser constitutivos, según el juez, de un delito continuado de cohecho, en el que habrían tenido participación los investigados F.F.L., J.M.R., M.S.G., J.L.A., J.P.C. y D.A.

Además, también aprecia un posible delito contable continuado, en el que habrían participado Cechalva, los socios de la empresa y otros dos investigados; así como un delito continuado de falsedad en documento mercantil, cometido por todos ellos y en el que habrían colaborado otras dos personas investigadas.

El juez también entiende que todos los investigados en esta trama podrían haber incurrido en un delito de estafa por emitir facturas falsas que motivaron que el Ayuntamiento tuviese que pagar a la adjudicataria de la grúa cantidades superiores a las que le corresponderían.

Por otra parte, uno de los socios de Cechalva (M.S.G.), según el auto, «llevó a cabo comportamientos contables muy similares a los de la concesionaria» a través de su empresa de construcción y obras públicas.

Por ello, el juez considera que pudo haber incurrido en un delito contable y en otro de falsedad en documento mercantil. Además, M.S.G. también podría haber cometido un delito de prevaricación administrativa, al igual que uno de los funcionarios investigados, en relación con la adjudicación de obras públicas de saneamiento a favor de su empresa.