La Fiscalía pone en la diana a la anterior cúpula de UGT de Asturias por tener «una mecánica fraudulenta»

La Fiscalía ha asegurado este jueves que la antigua cúpula de UGT de Asturias y el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) llevaron a cabo «una mecánica fraudulenta» para enmascarar los costes reales de ejecución de acciones formativas por las que recibían subvenciones para generar sobrecostes que destinaron a gastos estructurales y a pagar sueldos de sus trabajadores.

El juicio contra UGT como entidad jurídica y seis exdirigentes y técnicos del sindicato y de IFES, entre los que figura el exsecretario general Justo Rodríguez Braga, ha entrado este jueves en su recta final con el trámite de los informes de conclusiones de las partes.

La Fiscalía, la acusación particular que ejerce el Principado y la popular que lleva el Observatorio Ciudadano Anticorrupción del Principado (OCAN) consideran que hubo fraude en subvenciones por el desvío de 1,4 millones de euros de fondos públicos para cursos de formación entre 2010 y 2014 y piden para los acusados penas de entre 4 años y dos meses y diez años de cárcel.

El fiscal ha calificado como «inexcusable» que Rodríguez Braga, que abandonó el cargo en 2016 tras 16 años al frente del sindicato, declarara que había sido ajeno a estos hechos y deslizara su responsabilidad en otros miembros de la ejecutiva ya que, a su juicio, era quien influía directamente en el delegado territorial de IFES y conocía las vicisitudes de la instrumentalización de las mercantiles.

Además de Rodríguez Braga están acusados Mónica Menéndez, secretaria de administración desde 2002 a 2013 y administradora de Infastur; Manuel Díaz Cancio, exsecretario de formación, y María Jesús Ocaña, administradora única de Localmur, así como los técnicos Alberto González, encargado de la contabilidad del sindicato y del control y justificación de las subvenciones, y Silvia Sariego, de la delegación territorial de IFES.

UGT, como entidad jurídica, se enfrenta al pago de una multa de 244.028 euros, así como a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante cuatro años.

En la sesión de hoy, las tres acusaciones han considerado prescrita la convocatoria de las subvenciones para cursos de formación en UGT Asturias del año 2010 para cuatro de los seis acusados y sólo han mantenido esta imputación para Mónica Menéndez y María Jesús Ocaña y han mantenido el resto de las acusaciones.

La mecánica fraudulenta, según la Fiscalía, existió supuestamente al utilizar UGT a las mercantiles Localmur, Infastur y Formación 2020 bajo la apariencia de una relación contractual de prestación de servicios para incrementar ficticiamente los servicios con sobrecostes, entre otros, por el alquiler de locales para desviarlo para gastos internos de la organización sindical.

El fiscal ha recordado que se han dedicado «ingentes recursos públicos» a la formación de trabajadores a través de programas con fondos que se realizaron a través de subvenciones de carácter finalista, por lo que era preciso que hubiera «costes reales pagados y justificados» y no ha hallado «ninguna justificación» del sobrecoste.

Por el contrario, ha apreciado la existencia de «una ocultación y enmascaramiento” mediante fórmulas contractuales y ha dicho que «si hay engaño hay fraude».

En la investigación fue clave la declaración de la delegada de IFES, Ana Gomis que, según el fiscal, sin tener un móvil espurio, aportó datos relevantes como que existía una dirección única entre IFES y UGT ejecutada por la comisión ejecutiva del sindicato y la fundación sería un mero ejecutor de su voluntad para aprovecharse mutuamente de las subvenciones.

El fiscal ha calificado como «inverosímil» que el sindicato imputara a algunos de los trabajadores en su nómina hasta el 70% de su jornada laboral con las subvenciones y a otros empleados incluso por otras actividades distintas a tareas de apoyo formativo hasta un 125%; según recogió EFE.