Financiación y oficialidad: el paso del ecuador de la política asturiana

Pasado ya el ecuador de la legislatura, 2022 será un año preelectoral, con lo que eso conlleva de examen de conciencia para políticos y ciudadanos. Qué se hizo y cómo, qué queda por hacer. Para cuando el próximo ejercicio esté acabando, ya estaremos a tiro de piedra de las elecciones de 2023, lo que significa que serán doce meses cruciales, de pisar el acelerador y también de definir bien las posiciones de los contrincantes.

Al mismo tiempo, el reto de la salida de la pandemia añade una incógnita a la ecuación. La esperada aportación de fondos europeos (que evoca con cierta nostalgia al plan Marshall que nunca llegó, con un contexto de reconstrucción de fondo) debería impulsar la economía regional y al mismo tiempo proporcionar un espaldarazo al presidente, Adrián Barbón, y con toda probabilidad candidato del PSOE por segunda vez.

Sin embargo, durante el próximo año quedarán importantes capítulos por escribir: la financiación autonómica y la reforma del estatuto de autonomía, entre otros asuntos de peso.

Al mismo tiempo, y aunque no coinciden en fechas, las elecciones generales y sus derivadas también llevarán su influencia a la política regional. Tradicionalmente, Asturias va tras la estela nacional en este aspecto. La comunidad es muy sensible tanto a las crisis como a los éxitos nacionales de Ferraz y Génova (y ahora también de los tres partidos o coaliciones que disputan a PSOE y PP el espacio a izquierda y derecha, Vox, Ciudadanos y Podemos-IU).

Por tanto, lo que hagan los líderes de las formaciones nacionales marcará probablemente el rumbo del barco asturiano. Está por ver cómo funciona, y si perdura, la alianza PSOE-Podemos-IU en Moncloa. Una vez retirado Pablo Iglesias y con el testigo que, parece ser, recogerá Yolanda Díaz, la alianza parece relativamente estable. Siempre y cuando no se produzca la habitual ruptura preelectoral y los presupuestos de 2022 puedan asumir las exigencias de los apoyos menores en el Congreso (ERC, PNV, Bildu, CC…).

La pugna en el seno de Podemos Asturies no parece ni mucho menos cerrada, pero tendrá que llegar el próximo año a una conclusión forzosa. Es legendaria la fragmentación y permanente amotinamiento de la izquierda asturiana, que más de una vez acabó en desintegración. Si la plataforma que más o menos se vislumbra bajo el liderazgo de Díaz consigue aglomerarla, puede que continúe siendo un apoyo relativamente sólido para Barbón, siempre que entre ambos suman escaños suficientes. IU ha quedado algo diluida en esa fórmula, pero en algún momento podría dar la sorpresa y volver a desmarcarse, intentando recuperar su propia entidad.

En el otro lado del espectro, el PP nacional llega a un año delicado para su liderazgo, en el que tendrá que alumbrar bien el camino. Si Pablo Casado no consigue acallar las disensiones internas y amarrar las ambiciones territoriales, se encontrará con una creciente sangría por el ala derecha, lo que podría generar un acto reflejo en Asturias. Vox ofrece a cambio una imagen bastante monolítica, de mensajes simples pero eficaces y soluciones más bien poco realistas, alejada de todo planteamiento conciliador. Una imagen destinada a su propio público y a morder parte del electorado menos centrista, desencantado con lo que consideran pasteleo del bipartidismo.

Por último, la gran aventura de Ciudadanos, ahora reducida a poco más que una anécdota electoral de corto recorrido, se encuentra bajo una división interna también en Asturias. Llega a un punto de -aparentemente- difícil recuperación en 2022. El barco naranja hace agua por todos los costados en el ámbito estatal y, al igual que en los otros casos, eso repercute en la pérdida de rumbo regional. La asimilación general de la idea de que Cs es «una derecha más», con una oferta un tanto confusa entre las otras dos, podría favorecer el proyecto de Teresa Mallada para las próximas autonómicas. También el fiasco de Foro parece cierto, tras los escándalos de su fundador caído en desgracia y sumido en poco estéticos asuntos económicos.

La reforma del estatuto

Tradicionalmente, el PSOE ha recibido con bastante frialdad la posibilidad de hacer oficial la llingua asturiana. El espíritu del centenario partido siempre fue más internacionalista que nacionalista. Bien es cierto que Adrián Barbón comenzó la legislatura con el anuncio claro de que abriría ese melón, y así lo hizo, para consternación de no pocos militantes y votantes socialistas. A ambos lados de la balanza tiene a Podemos e IU, partidarios de la oficialidad a capa y espada, y por el otro a Vox y Ciudadanos en la posición diametralmente opuesta. Por el medio está Foro, que se deja querer y no dice que no, aun con el marchamo más o menos declarado de un partido de derechas.

El portavoz de la formación forista, Adrián Pumares, se muestra satisfecho de momento con que el proyecto recoja ayudas directas a la natalidad (1.000 euros por hijo), así como deducciones para favorecer la población de áreas rurales, pero insiste en una rebaja fiscal que el PSOE rechaza. Está por ver si finalmente Foro otorga la mayoría suficiente en la cámara para aprobar una reivindicación histórica del regionalismo, o rompe la baraja. Veremos si la negociación para reformar la carta asturiana se remata el próximo año o se aplaza hasta que haya un nuevo parlamento.

Financiación

Con menos carga simbólica pero más contenido tangible quedará por abordar, en el ámbito interterritorial, una reforma de la financiación autonómica. El actual sistema data de 2009 y debía haber sido renovado en 2014, pero ni el gobierno central del PP ni el del PSOE han sido capaces de llevar a cabo esa tarea.

Asturias recibirá del sistema de financiación autonómica en torno a 2.890 millones de euros (los presupuestos del Principado para 2022 rondan los 5.350 millones, los más altos de su historia). También los próximos presupuestos estatales incluirán una transferencia adicional por el importe de las liquidaciones negativas del ejercicio 2020. Según las primeras estimaciones del Ministerio, de no existir esa transferencia, Asturias tendría 134 millones menos para hacer frente a sus necesidades financieras. El creciente gasto sanitario y el envejecimiento lastran las previsiones año tras año.

Frente al sistema de negociar por separado con grupos políticos nacionalistas en el Congreso, que han ido consiguiendo mejoras a cambio de apoyos, ocho comunidades de tres distintos signos políticos (Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Aragón) reclaman en bloque más atención de las arcas públicas para la España vaciada y con una natalidad en mínimos históricos.

Hacienda acaba de proponer una fórmula que denomina «de población ajustada», es decir, el reparto de los recursos en función de circunstancias demográficas, sociales o territoriales, tal y como estaban pidiendo las regiones que se consideran poco financiadas históricamente (Valencia, Murcia y Andalucía). Este documento está siendo debatido ahora entre todas las comunidades autónomas y la discusión seguirá a lo largo del próximo año.