La escalada de precios lleva al Principado a revisar «contrato a contrato»

El Gobierno de Asturias ha reclamado al Ejecutivo central que aplique una reforma «más intensa y extensa» de la Ley de Contratos del Sector Público ante la actual escalada de precios, una situación «preocupante» ante la que el Principado está revisando «contrato a contrato para ver que toca hacer en cada caso».

Así lo ha asegurado el vicepresidente y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, en el pleno de la Junta General en respuesta a dos preguntas formuladas por los grupos parlamentarios de Ciudadanos y PP.

Cofiño ha reclamado de forma «encarecida» al Gobierno central que promueva una «verdadera reforma» de la ley de contratos del Estado, dado que el real decreto 3/2022 «no ayuda demasiado» al contar con «restricciones muy importantes», puesto que solo se aplica en los contratos adjudicados en 2021 y deja fuera «prácticamente toda la contratación de 2022 y 2023».

Asimismo, ha asegurado que la norma es «escasa», puesto que fija límites de «naturaleza sustancial» para poder revisar precios al reducirlo solo a cuatro productos.

En este sentido, ha señalado que en Asturias serían «unos pocos» los contratos que se podrían ver beneficiados por este real decreto.

«No es la solución. Lo hemos dicho todas las comunidades, indistintamente del color político», ha apuntado.

Además de esta reclamación al Gobierno central, Cofiño ha señalado que el Principado adoptará «todas las medidas» a su alcance, desde la revisión de precios de contratos que están a punto de ser contratados, e «incluso de volver atrás en algunos que están en proceso de contratación».

«Es un asunto que nos preocupa y estamos trabajando para ver cómo podemos dar con la tecla y articulamos medidas para atemperar esa repercusión negativa en la contratación pública», ha puesto de manifiesto tras comentar que mañana varios miembros del Ejecutivo mantendrán una reunión con la patronal de la construcción CAC-Asprocon para abordar este asunto.

Durante el debate, el diputado del PP Pablo González ha pedido al Gobierno del Principado que actúe «cuanto primero, mejor», a la vez que ha asegurado que la escalada de precios «no es una cosa de marzo», sino que «a finales del año pasado ya había problemas serios con las obras».

«Son dignos herederos de aquel PP que, con ocasión del 11-M, se empeñó en el mantra negacionista de que los atentados eran obra de ETA. Ahora la pandemia no existe y la guerra tampoco, es la culpa del Gobierno», le ha respondido Cofiño.

Por su parte, el parlamentario de Ciudadanos Manuel Cifuentes ha instado al Principado que aplique las medidas que recoge el real decreto 3/2022, de manera que los contratos «lleguen a buen puerto y no queden parados»; informó EFE. 

Descarta rebajas fiscales

El Gobierno asturiano ha reclamado hoy al Ejecutivo central que «anticipe ya» las medidas anunciadas para hacer frente a la crisis de precios, en particular las vinculadas al coste de la energía, pero ha descartado una rebaja fiscal en el ámbito autonómico dado que los tributos sobre los que tiene competencia no inciden en los sectores afectados por la actual coyuntura.

El Ejecutivo se ha expresado así en las respuestas que su vicepresidente, Juan Cofiño, y otros consejeros han dado a las preguntas e interpelaciones formuladas por los grupos de oposición en el pleno que hoy ha celebrado la Junta General del Principado, marcado por la escalda inflacionista, la subida del precio de la energía y los combustibles y la huelga que llevan a cabo los transportistas.

Según el consejero de Industria, Enrique Fernández, el Principado ha trasladado al Gobierno central la necesidad de que «anticipe ya» las medias que no estén vinculadas a la normativa europea para hacer frente a la crisis generada por el encarecimiento de la energía.

Esas medidas podrían ser, entre otras, elevar las compensaciones de costes de emisiones indirectas de CO2, desde los actuales 179 millones de euros a un máximo de 400; establecer una compensación del 85 % de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución eléctrica, y «maximizar» las ayudas a las electrointensivas.

Además, ha recordado que el Consejo Europeo debatirá esta semana medidas concretas, urgentes y de efecto inmediato para reducir sustancialmente el precio de la electricidad de modo que el Gobierno central prevé aprobar sus medias en la reunión del Consejo de Ministros del 29 de marzo.

No obstante, la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, ha reprochado que se utilice una crisis humanitaria como la provocada por la invasión rusa de Ucrania para reclamar una rebaja fiscal en el ámbito autonómico, pese a que las competencias del Principado en esa materia no inciden sobre los sectores afectados por la actual crisis de precios.

Pese a su «escaso margen económico, presupuestario y fiscal», ha asegurado, el Principado busca configurar un paquete de medidas que, sin poner en peligro la prestación de los servicios públicos, alivie los efectos de la crisis sobre ciudadanos y empresas «que han sido capaces de sobreponerse a la pandemia y se encuentran con una inflación que dispara el importe de sus facturas».

En relación con la huelga de transportistas, que alcanza ya su noveno día, el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, ha acusado a Vox de «agitar» de manera «irresponsable» el conflicto abierto en el sector, una tarea «mucho más fácil» que la de aportar seguridad y poner los recursos disponibles «donde son más necesarios» que corresponde al Gobierno.

Calvo ha señalado que, después de la oferta de 500 millones de euros para rebajar el precio de los carburantes realizada ayer por el Ministerio de Transportes, también el Principado, en el ámbito de sus competencias, adoptará medidas de apoyo a los sectores afectados y ha mostrado la «máxima preocupación» del Gobierno regional por la situación que se está generando.

En cuanto a la escalada inflacionista, el vicepresidente del Gobierno, Juan Cofiño, ha pedido del Gobierno central que aplique una reforma «más intensa y extensa» de la Ley de Contratos del Sector Público ante la actual escalada de precios dada la situación «preocupante» del alza de precios ante la que el Principado está revisando «contrato a contrato para ver que toca hacer en cada caso».

Por su parte, el consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, ha advertido de que, ante la escalada de los costes de producción en el ámbito agrario, las comunidades del Cantábrico ya han pedido que se desarrolle una ayuda directa para el sector lácteo con cofinanciación estatal y regional que deberá hacerse llegar «con mínima gestión y en la menor brevedad».

Las explicaciones del Gobierno no han convencido a la oposición y los portavoces de PP, Foro y Ciudadanos han coincidido en recordar al Ejecutivo que el alza general de los precios, incluido el de la energía, son anteriores a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Para el portavoz de Foro, Adrián Pumares, sí es cierto que esa coyuntura negativa afecta más a nivel nacional y regional dado que España y Asturias «están peor gestionadas que otros países de la UE» al contar con unos gobiernos «que ni quieren más recursos en manos de contribuyentes ni son capaces de hacer frente a la crisis con los recursos de que disponen».

«Sus soluciones son insuficientes y tardías ante un problema que ignoraron hasta que se vieron con el agua al cuello. Dejen de ser el gobierno de la inacción y de culpar de todo lo que pasa a la pandemia y a la invasión de Ucrania», ha subrayado, por su parte, la diputada de Vox Sara Álvarez.