Protesta en Oviedo del colectivo con discapacidad

Cientos de personas han participado en una concentración de protesta convocada por el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad en el Principado de Asturias (CERMI Asturias) frente al edificio de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, en Oviedo.

Los manifestantes aseguran sentir falta de consideración de la Administración a la dignidad del colectivo, que ha carecido de interlocución continuada. Reclaman la puesta en marcha de la acción concertada, es decir la regulación de los centros concertados que prestan servicios desde las entidades que trabajan con personas con discapacidad, como residencias, CAIs, unidades de atención infantil temprana y alojamientos.

Usuarios, trabajadores personas con discapacidad y sus familias han participado en la protesta. Critican el «abandono, y falta de respuestas a las reivindicaciones y promesas», además de «graves pérdidas económicas acumuladas durante estos últimos dos años».

El tesorero de Cermi Asturias, Eduardo Llano, ha dicho que «esto ya no se aguanta», en relación a las pérdidas económicas que llevan acumuladas. Ha recordado además que todos los costes han subido. «Hay más de 1.000 personas atendidas diariamente en Asturias y necesitamos que haya un compromiso ya», ha comentado Llano, que espera que pueda llegar ese acuerdo en una reunión que tendrá lugar este viernes.

Los participantes en la manifestación coreaban consignas como «Dignidad» o «Respeto». También hicieron alusión a la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez. «Melania, escucha, estamos en la lucha», cantaban. Lejos de rehuir el encuentro con los manifestantes, la consejera salió del edificio y estuvo dialogando con ellos. Insistieron en reclamarle una solución inmediata ante la situación que están pasando.

Respuesta en la Junta

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha defendido este martes en el pleno el compromiso de su departamento con las entidades del tercer sector para agilizar los pagos pendientes todo lo posible.

La consejera ha respondido en estos términos a sendas preguntas de los diputados de Ciudadanos, Manuel Cifuentes, y del PP, Reyes Fernández Hurlé, acerca de los retrasos en los pagos. Las preguntas han coincidido con la concentración organizada por el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad en el Principado de Asturias (CERMI Asturias) en la que pidieron la puesta en marcha de la acción concertada.

Melania Álvarez ha asegurado que el compromiso del Gobierno «es claro como el agua y firme como una vela», y muestra de ello es el incremento del presupuesto respecto al año pasado. La titular de Derechos Sociales ha remarcado que no puede haber duda de que se va a normalizar la situación, y ha explicado que la ley de acción concertada se aplicará.

En este sentido ha explicado que el Gobierno de Asturias ya ha puesto en marcha la acción concertada con 35 entidades sin ánimo de lucro para la atención a personas con discapacidad, dotada, inicialmente, con 33 millones este año, 5 más que en el acuerdo marco vigente. La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar comunicó el miércoles pasado los acuerdos para la gestión de plazas a estas organizaciones, responsables de los centros de apoyo a la integración y de los equipamientos residenciales para personas con discapacidad.

La consejera ha explicado asimismo que el Ejecutivo autonómico, consciente de las dificultades que han sufrido las personas con discapacidad en los últimos años como consecuencia de la pandemia, ha incrementado en un 25% los fondos de la convocatoria de ayudas a las ONG de iniciativa social financiada con cargo al 0,7% de la casilla del IRPF, hasta alcanzar casi los 2 millones.

Desde Ciudadanos, Cifuentes ha reprochado a la consejera que han pasado tres años desde la publicación de la ley, y en este tiempo «las asociaciones han cumplido con su parte de cumplir con el servicio» mientras la consejería dio «diversas fechas» para poner en funcionamiento la acción concertada, unas fechas que se fueron aplazando.

En la misma línea, la parlamentaria del PP Fernández Hurlé ha denunciado que la discapacidad «ha sido la gran olvidada en la pandemia» y ha remarcado que las familias y entidades sufren la desesperación por los impagos del Ejecutivo. La diputada ha recordado que el Principado adeuda más de 400.000 euros a Aspace y más de dos millones al Cermi, entre otros colectivos.