Las casi 8.000 empleadas del hogar asturianas tienen derecho a paro desde hoy

Las empleadas del hogar podrán por fin acceder a la prestación por desempleo y no podrán ser despedidas sin justificar la causa (tal y como sucedía hasta ahora). Esto les permitirá cobrar una mayor indemnización en caso de que el empleador decida no contar con sus servicios. Estos son dos de los derechos que se incluyen en el real decreto ley que hoy aprobará el Consejo de Ministros con el fin de equiparar a este colectivo de trabajadoras con el resto de los asalariados.

Más de la mitad de las personas afiliadas en España en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, en su inmensa mayoría mujeres, trabajan en solo tres comunidades: el 26,94 % en Madrid, el 15,24 % en Cataluña y el 10,97 % en Andalucía, mientras que Asturias cuenta con 7.813, que representan el 2,09 por ciento del total nacional.

Yolanda Díaz mostró su alegría por dar luz verde a una de las normas que más la «satisface» y que llega después de que en febrero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitiera una sentencia en la que consideraba discriminatoria la ley española que no reconoce el derecho al desempleo a este colectivo, integrado casi exclusivamente por mujeres. Con la nueva norma las cerca de 400.000 afiliadas al Régimen del Hogar podrán cobrar la prestación por desempleo —aunque para ello tendrán antes que cotizar durante al menos un año— y, además, su despido no será tan fácil como hasta ahora, ya que se tumba el desistimiento como causa de este, según confirmaron fuentes del Ministerio de Trabajo.

Porque hasta ahora despedir a las empleadas del hogar era muy fácil y barato. No se necesitaba ningún tipo de justificación. Cuando el empleador entendía que ya no necesitaba los servicios de una trabajadora doméstica, podía rescindir el contrato sin necesidad alguna de argumentar los motivos. Únicamente era necesario avisarla con 20 días de antelación, en el caso de que la empleada llevara más de un año trabajando, o siete días si su antigüedad era inferior. Además, tenía que pagarle una indemnización equivalente a 12 días por año trabajado, con un tope de seis mensualidades.

Mismas condiciones

Pero si el despido de estas trabajadoras pasa a regirse por las mismas condiciones que el del resto de los asalariados —tal y como dice Díaz—, esto implicará una indemnización como la de cualquier otro trabajador del Régimen General: 20 días por año trabajado y un límite de 12 meses en caso de que sea objetivo, o 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades si es un despido improcedente.