Las quemas agrícolas en Asturias: así se van a adaptar a la nueva ley de residuos

Asturias tramita unas 5.000 licencias para la quema de restos agrícolas cada año, una práctica habitual en las pequeñas explotaciones de España que, con la entrada en vigor hace casi un año de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, parecía tener los días contados. No obstante, seguirán permitiéndose en casos excepcionales que obligan a modificar la actual normativa autonómica. En ese sentido, desde la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial recuerdan que Asturias lideró la modulación de esa ley a postulados «racionalizados» a cada territorio, llegándose a un compromiso de aplicación que tiene en cuenta varios parámetros.

Así, el Gobierno asturiano tiene dos años para adaptar su normativa de quemas a la ley nacional de residuos, una cuestión que recae en la consejería con competencias en medio ambiente y que supondrá modificar los permisos individuales de quema, ya que tendrán que pasar a tramitarse como una declaración responsable en la que el solicitante deberá marcar si se encuentra en algunos de los dos supuestos permitidos: las microexplotaciones agrarias o el uso de las quemas para evitar plagas.

Otro de las modificaciones para adaptarse a la ley nacional implica que la solicitud de estas licencias se extiende a las quemas que se realicen en interfaz a 400 metros de un monte, cuando hasta ahora solo eran necesarias a menos de 100 metros, por lo que «el 97% de la superficie asturiana se verá afectada, siendo necesario permiso de quema en cualquiera de los casos».

Desde Medio Rural indican, en todo caso, que la ventaja del permiso en Asturias es que se pueden identificar varias parcelas y que su vigencia es de un año. Es decir, las quemas en dichas parcelas quedarían amparadas en todo el periodo, «siempre que se realicen respetando los periodos y los niveles de riesgo». En Galicia, por ejemplo, es necesario un permiso para cada finca que solo sirve para un día de quema, aparte de que es necesario en todo tipo de parcelas agrarias.

El Gobierno las desaconseja por la contaminación que provocan

Recientemente el Gobierno respondía en el Congreso de los Diputados a una pregunta sobre las quemas de restos agrícolas tras el debate abierto sobre si la nueva ley supone realmente su eliminación. «La quema de rastrojos, residuos vegetales y restos de poda produce emisiones contaminantes, además de afectar a la biodiversidad del suelo cuando alcanza elevadas temperaturas», deja claro el Gobierno, considerando que no la opción más recomendable y que probablamente en el futuro deben de estar permitidas.

No obstante, también reconoce que, en determinados casos, pueden seguir realizándose. «La quema de rastrojos está prohibida con el objetivo de mantener la materia orgánica del suelo, salvo que existan razones fitosanitarias para ello», se matiza en la respuesta, en la que también se explica que esas excepciones «ya se encontraban reguladas con la misma redacción en la anterior Ley 22/201 y, en este sentido, no se ha producido ninguna modificación en cuanto a la consideración o no como residuo de estos materiales agrícolas y silvícolas».  Es decir, aquellos que no se utilicen en las propias explotaciones agrícolas y ganaderas, en la silvicultura o en la producción de energía base de biomasa, no tendrán la consideración de residuos y sí podrán ser quemados. 

La entrada en vigor de la nueva Ley de residuos vino acompañada de las quejas de organizaciones agrarias españolas, que advertían de que la eliminación de las quemas agrícolas supondría un aumento de los costes de producción en las explotaciones más pequeñas. De ahí que en la Ley 30/2022 que regula el sistema de gestión de la Política Agraria Común (PAC) y otras materias conexas se incluyera una disposición final que modifica la Ley de residuos y exime a las pequeñas y microexplotaciones de esta prohibición general de quemas de residuos vegetales, con el objeto de limitar el impacto y los costes sobre estas explotaciones de menor tamaño.

El Ministerio de Transición Ecológica, según añade el Gobierno, tiene previsto elaborar una nota interpretativa para matizar qué tipo de granjas se consideran pequeñas y microexplotaciones. El Gobierno también recuerda que la nueva PAC (2023-2027) remunera las prácticas agrícolas y ganaderas beneficiosas para el clima y el medio ambiente mediante compromisos anuales voluntarios, incorporando una figura novedosa para incentivarlas que se denominan ecorregímenes, cuyas ayudas estarán exentas de tributar IRPF a lo largo de esos cinco años.

En el caso de los cultivos leñosos, los que más utilizan las quemas para deshacerse de los restos, se han diseñado hasta tres ecorregímenes que prevén ayudas para establecer cubiertas inertes de restos de poda a partir de la trituración de estos y su depositado sobre el suelo, con el objetivo de proteger el suelo frente a la erosión o la pérdida de humedad, al mismo tiempo que se incrementa la materia orgánica del mismo.