«Desviación de poder» en la Universidad de Oviedo: el caso que ha llegado al Supremo

Una reciente providencia judicial emitida por los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha determinado que la Universidad de Oviedo cayó en una desviación de poder y quebrantó el principio de igualdad en un proceso por el que dos personas aspiraban a una plaza de profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en 2018.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias lo confirmaron en dos sentencias de 2019 y 2021, respectivamente. Ahora es el Tribunal Supremo (TS) el que tumba el recurso de casación interpuesto por la Universidad.

Raúl Ignacio Rodríguez Magdaleno era una de las dos personas que concurría a dicha plaza. La otra era la profesora Beatriz Vázquez Rodríguez. El primero explica que en septiembre de 2018 la Universidad convocó una plaza de profesor sustituto en el Área de Derecho Internacional Público. Dicha plaza se ofertaba «para cubrir una sustitución de docencia».

 En septiembre de 2018 se presentaron dos candidatos y una de ellos, «al tiempo que se presentaba impugnaba la convocatoria», considerando que la Universidad «se había equivocado al convocar la plaza», puesto que ella aseguraba que la plaza de sustitución lo era por el tiempo que Paz Andrés ocupara el cargo de Defensora Universitaria. Presentado este recurso, el rector de la Universidad, Santiago García Granda, «dictó una resolución anulando la convocatoria y acogiendo los argumentos de la recurrente».

 Raúl Ignacio Rodríguez Magdaleno afirma que durante todo este procedimiento administrativo, a pesar de que la convocatoria se había firmado sólo por dos candidatos, «nunca se dio traslado al otro», es decir, él mismo. «Solicité información en diversas ocasiones a la Universidad y, ante su negativa a informarme, interpuse una demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa», añade.

La demanda «se turnó al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo», que la estimó parcialmente, condenando a la Universidad por desviación de poder, al entender que la institución «mintió al decir que la plaza era para sustituir a Paz Andrés» y, asimismo, por «vulneración del derecho a la igualdad en el acceso al empleo público».

La Universidad recurrió en apelación, siendo desestimado su recurso por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que confirmó íntegramente la Sentencia, desestimando el recurso de la Universidad de Oviedo.

Posteriormente la institución recurrió en casación ante el Tribunal Supremo «que inadmitió el recurso presentado».

El demandante comenta que la Universidad tiene ahora «dos meses para ejecutar la Sentencia voluntariamente» y, de momento, no tiene conocimiento de que haya habido «cumplimiento voluntario», si bien «al haber huelga de funcionarios de justicia» no se atreve a ser «taxativo a este respecto»

Cree que su caso tiene «tres capas» o niveles de lectura. Uno que habla del «funcionamiento de la universidad en general y sus corruptelas, otra capa que es la del concurso público al que me presenté y luego otra, muy concreta de la Universidad de Oviedo» que deja «en muy mal lugar al rectorado actual y a los anteriores».

Resalta que «como el área donde trabajaba Paz Andrés, consejera permanente del Consejo de Estado, en 30 años no promocionó a nadie, quemó a cuatro personas que éramos todos becarios de investigación con un curriculum excelente» y que, sin embargo, «ha dado una plaza a una señora que es hija de una antigua consejera de Educación, profesora de la Universidad, y que no tenía nota media suficiente para llegar a tener una beca de investigación».

Considera que, en el momento actual, la providencia judicial emitida por los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo «para esta persona no va a tener ninguna consecuencia».

Cree que el nuevo rectorado «no ha desterrado estas prácticas, sino que las ha cambiado por otras». Explica, en este sentido, que «en la última convocatoria de profesores que ha salido el uno de junio se convocan puestos de profesor sustituto», que fue el que dio origen al pleito en el que se vio envuelto, con lo cual «han recuperado parcialmente esa figura, aunque digan lo contrario».

La providencia, a efectos de este profesional, «a lo que obliga a la Universidad es a retomar el concurso de 2018 que anuló en contra de la normativa aplicable y decidir cuál de los dos candidatos merece ganar el concurso».

Asevera que si la Universidad no ha hecho nada aún en este sentido tendrá que «iniciar un procedimiento de ejecución de la sentencia, una demanda ejecutiva», si bien se muestra «bastante pesimista».