Preocupación entre los jueces por el retraso provocado por la huelga de funcionarios

Los jueces de Oviedo han expresado su respeto por la huelga de los funcionarios de la administración de justicia, pero han mostrado su «profunda preocupación» por los «considerables retrasos» que está provocando en los órganos judiciales cuyas consecuencias «se van a padecer durante largo tiempo».

Así se han expresado en un comunicado aprobado por unanimidad por la Junta General de Jueces de Oviedo, en el que se aboga por encontrar «un acuerdo satisfactorio para todas las partes, al igual que ha sucedido previamente con otros grupos profesionales».

Los jueces subrayan que «la persistencia del conflicto está provocando considerables retrasos en los órganos judiciales» al haberse suspendido «miles de juicios y actos procesales» y paralizado la tramitación de los procedimientos.

«Resulta evidente que las consecuencias de esta huelga se van a padecer durante largo tiempo y que la falta de una solución agrava la maltrecha situación de la Justicia y lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva», señalan los jueces.

Por ello, manifiestan su «profunda preocupación por el mantenimiento del conflicto y la falta de acuerdo entre las partes implicadas» e interesan del Ministerio de Justicia «que adopte las medidas oportunas para su pronta resolución».

Miles de funcionarios de juzgados y tribunales, en huelga indefinida desde hace más de un mes, se han manifestado este martes en el centro de Madrid para exigir que el Ministerio de Justicia retome con los sindicatos un diálogo que se rompió a principios de este mes sin ofertas sobre la mesa.

Durante el recorrido han gritado consignas como «que den la cara, que negocien ya», «dos meses de huelga sin negociación» y «jueces y letrados ya están apañados», en referencia a los acuerdos retributivos alcanzados por el Gobierno con los letrados de la administración de Justicia y con jueces y fiscales, que supondrán unos 450 euros brutos mensuales más para estos cuerpos.

Los sindicatos piden una subida en línea con estas, de entre 350 y 430 euros al mes para los 45.000 funcionarios de los cuerpos generales y especiales de la administración de Justicia, así como la negociación de cualquier nueva ley que afecte a sus condiciones de trabajo, informa Efe.