El Principado espera aprobar «de manera inminente» su reforma fiscal para aliviar a la clase media y trabajadora

La Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos ya ha culminado y puesto sobre la mesa su propuesta de reforma fiscal para que pueda ser analizada por el Consejo de Gobierno y que éste pueda aprobarla «de manera inminente» en próximas reuniones para proceder a su traslado al parlamento regional.

Según ha anunciado portavoz del Ejecutivo autonómico y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, los cambios que se van a introducir en la vía fiscal asturiana persiguen «reducir la tributación de las clases medias y trabajadoras», a rentas de hasta 35.000 euros, en declaraciones individuales, y de 45.000, en las conjuntas, que son el 80% de las que se hacen en Asturias.

No obstante, ha señalado que no se van a dar cifras sobre el impacto que la modificación de la escala progresiva que grava la base imponible general puede tener en la recaudación hasta que no se proceda a su análisis por parate del Ejecutivo y sea aprobado.

A raíz de que a finales de marzo el gobierno catalán anunciase que llevaría a cabo una reforma para rebajar el tramo autonómico del IRPF a contribuyentes con ingresos inferiores a 33.000 euros, el Ejecutivo asturiano afirmó que estaba trabajando desde enero en una medida similar.

Las deducciones incluidas en la llamada «vía fiscal asturiana» en la campaña sobre la renta de este año supondrán beneficios fiscales de unos 70 millones de euros de los que se beneficiarán 126.000 cotizantes, según los cálculos actualizados de la Consejería de Hacienda, que inicialmente barajaba unos 100.000.

Condonación de la deuda

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo autonómico, el consejero de Hacienda ha dicho que no hay «ninguna novedad» sobre la quita de la deuda autonómica más allá de las reuniones técnicas que ha habido con el Ministerio de Hacienda para hacer una radiografía de los créditos suscritos por el Principado con entidades financieras y la administración del Estado.

Este análisis, ha añadido, es necesario dado que la intención del Gobierno central es que éste asuma toda la deuda autonómica con el Estado y una parte de la que hay viva con los bancos, por lo que es preciso ver cuáles de estos últimos asumirá la administración central. Según Peláez, «todo va de acuerdo al calendario» ya que el Ministerio planteó a las 15 comunidades de régimen común celebrar esas reuniones técnicas bilaterales entre marzo y abril.

Paralelamente a los contactos con las comunidades, Hacienda lleva a cabo contactos con otros grupos parlamentarios de cara a la tramitación de una ley orgánica que recoja la quita parcial de la deuda autonómica. Si la ley se aprueba en las Cortes, se abrirá una nueva ronda de reuniones bilaterales para que las comunidades autónomas que lo deseen suscriban el correspondiente convenio.

La oferta del Ministerio de Hacienda a las comunidades es que el Estado asuma 83.252 millones de euros del total de su deuda, de los que 18.791 (22,57 % del total) corresponderían a Andalucía, 17.104 (20,54 %) a Cataluña, 11.210 (13,47 %) a la Comunidad Valenciana y 8.644 (10,38 %) a Madrid, mientras las restantes once comunidades de régimen común se distribuirían el 33 % restante. En el caso de Asturias, la quita propuesta asciende a 1.508 millones de euros, informa Efe.