El «fuego cruzado» entre Indra y Santa Bárbara Sistemas pone en jaque el plan de defensa español y el futuro industrial de Asturias

La industria de defensa española, en pleno proceso de modernización, se enfrenta a una de sus crisis más complejas. Lo que comenzó como una competencia estratégica por el control de la fabricación de blindados se ha transformado en una batalla legal que amenaza con frenar inversiones milmillonarias y miles de puestos de trabajo y que pone en jaque el futuro industrial de Asturias. El «fuego cruzado» es entre dos gigantes de la industria militar: Santa Bárbara Sistemas, histórica empresa española de defensa hoy integrada en la multinacional estadounidense General Dynamics, e Indra, estandarte tecnológico que cuenta con el apoyo del Gobierno al estar la empresa participada en un 28% por el Estado a través de la SEPI.

El conflicto (que no es de ahora) alcanzaba estos días un nuevo nivel tras la decisión del Tribunal Supremo de admitir a trámite un recurso contencioso-administrativo presentado por Santa Bárbara Sistemas. La compañía solicitaba la suspensión cautelar de los préstamos públicos al 0% de interés concedidos por el Ejecutivo a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Se trata de un paquete financiero de 3.000 millones de euros fundamental para poner en marcha los programas de obuses autopropulsados (sobre ruedas y cadenas), piezas clave para la artillería de tierra. Para Santa Bárbara, esta concesión directa de fondos distorsiona la competencia y pone en riesgo su propia viabilidad tecnológica en un sector donde siempre fue la referencia nacional. Así, el objetivo de la iniciativa legal, según fuentes de esta empresa, es «proteger la tecnología española, a los trabajadores y suministradores de la empresa e impulsar las capacidades actuales industriales del sector de defensa en España».

Pero tras este pulso judicial subyace una visión política clara: el Gobierno de Pedro Sánchez ha designado a Indra como el «campeón nacional» destinado a liderar la industria militar. El objetivo de Moncloa es centralizar capacidades en sistemas terrestres, satélites y ciberdefensa para competir con garantías por los millonarios contratos que la Unión Europea licitará próximamente. Desde el Ejecutivo se argumenta que un sector tan estratégico no puede quedar en manos de empresas con capital extranjero, como es el caso de Santa Bárbara Sistemas, a la que además reprochan una supuesta falta de inversión en sus plantas nacionales. No obstante, esta estrategia ha levantado ampollas en el sector: Santa Bárbara (entre otros actores) denuncia que este favoritismo vulnera las leyes de competencia y critica operaciones como la alianza entre Indra y EM&E, calificándola de maniobra artificial para concentrar el mercado.

El caso es que Asturias es el tablero en el que se dirime esta «batalla» y la tensión es palpable en el Principado, ya que el desenlace de este pleito impactará directamente en dos instalaciones separadas por apenas 20 kilómetros: si bien en Trubia (Oviedo) se encuentra la histórica fábrica de Santa Bárbara Sistemas, donde se forja el acero de los blindados actuales y se ve con recelo que el nuevo plan industrial desplace el peso de la producción hacia su competidor, El Tallerón (Gijón) es la gran apuesta del Estado para centralizar la fabricación de vehículos blindados y obuses después de que Indra adquiriera esta planta a Duro Felguera a finales del pasado mes de julio.

La paradoja reside en que, mientras se enfrentan en los juzgados, ambas empresas son socias industriales en el consorcio Tess Defence en otros proyectos, como el programa de blindados 8x8 ‘Dragón’, por lo que se podría decir que entre ambas empresas hay una relación de «amor-odio» que pone en jaque la estabilidad del sector.

Otro capítulo del enfrentamiento fue el intento fallido de Indra por adquirir Santa Bárbara Sistemas, lo cual ya supuso que se desatara una pugna abierta por el control industrial del sector de la defensa. Y es que en cuanto se enfriaron las opciones de compra de la filial asturiana de General Dynamics, la multinacional que dirige Ángel Escribano apostaba por «desarmar» a Santa Bárbara Sistemas fichando a varios de sus directivos, captando así talento en defensa para continuar con el plan de ser referente en la modernización de las fuerzas armadas.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, expresaba hace unos días su preocupación por el cariz que está tomando el conflicto ya que el mismo destacaba que la empresa Indra «viene con la mejor de las intenciones» a Asturias, donde puede llegar a generar «miles de empleos en los próximos años». Así, daba a entender que la judicialización de los programas para la renovación de las fuerzas armadas, algunos de los cuales prevén llevarse a cabo en la nueva fábrica de Indra en El Tallerón, puede ser un obstáculo peligroso para el sector y para la región, ya que la defensa, además de una cuestión militar, puede ser una garantía de empleo industrial estable para las próximas décadas.

Un escenario incierto

Por el momento, el escenario es incierto. La admisión a trámite del recurso contencioso-administrativo por parte del Tribunal Supremo no supone la paralización inmediata de los créditos, pero sí abre un periodo de incertidumbre jurídica. Si el Supremo dictara medidas cautelares, el calendario del rearme español podría sufrir un parón en seco, afectando no solo a Indra, sino a toda la cadena de suministros y pequeñas empresas auxiliares asturianas que esperan la llegada de estos pedidos. La gran incógnita, por tanto, es si prevalecerá el plan del Gobierno de crear un «polo de defensa» español en torno a Indra o si el pulso judicial de Santa Bárbara logrará reequilibrar el reparto de los millonarios contratos del Ministerio de Defensa.