Belarmina Díaz, la consejera dimitida por el accidente de Cerredo, dice que «se actuó conforme a la ley»

La exconsejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, que dimitió de su cargo a raíz del accidente que el 31 de marzo costó la vida a cinco trabajadores de la mina de Cerredo, ha asegurado este viernes que tanto en esa etapa, como en las que estuvo anteriormente al frente de la Dirección General de Minas, «se actuó siempre conforme a la ley».

Díaz, que dimitió públicamente de su cargo once días después del mayor accidente minero registrado en Asturias en las tres últimas décadas, ha comparecido este viernes ante la comisión que investiga en el seno del parlamento autonómico posibles responsabilidades políticas y fallos en el cumplimiento de medidas de seguridad.

La investigación apunta a que el accidente se produjo por una explosión de grisú registrado en el nivel tercero de esta mina de montaña del suroccidente asturiano cuando once trabajadores se encontraban extrayendo carbón de su interior, a pesar de que la empresa titular en ese momento, Blue Solving, carecía de permiso para hacerlo y solo podía retirar chatarra y acopios viejos de mineral.

La exconsejera y exdirectora general de Minas, que justificó su dimisión al asegurar que no quería ser un «obstáculo para conocer la verdad y que se haga justicia», ha insistido hoy en que entonces no sabía que se estaba extrayendo carbón ilegal, que no recibió avisos de irregularidades en el piso tercero y que tampoco benefició a las empresas concesionarias a la hora de obtener permisos o de hacer inspecciones.

«Debía cumplir la ley y seguir lo que ponían los informes de los técnicos porque si no estaría prevaricando», ha afirmado Díaz, quien permaneció menos de tres meses en el cargo de consejera, pero que con anterioridad tuvo en varias etapas competencias en materia de minería con tres consejeros de Industria diferentes.

Díaz ha insistido en que bajo su dirección «ningún papel se firmaba sin estar avalado por técnicos o jurídicos», que los funcionarios «revisaban en detalle» las propuestas de resolución, que siempre trabajaba en equipo y que «nunca ocultó información» a sus superiores

Asimismo, ha asegurado que la fusión que en 2019 supuso la eliminación del Servicio de Seguridad Minera no supuso merma o menoscabo de las inspecciones que debían llevarse a cabo.

Blue Solving y Combayl

Aunque Blue Solving y Combayl, la anterior titular de los derechos de explotación de la mina de Cerredo, forman parte del un entramado empresarial que dirige el empresario Jesús Rodríguez Morán 'Chus Mirantes', la consejera ha reiterado en diversas ocasiones que desconocía ese hecho cuando firmó la transmisión de los derechos mineros entre ambas sociedades y que tampoco conocía a los administradores de esas empresas.

Sí que conocía al último director facultativo de la mina, José Antonio Fernández Casillas, que era y sigue siendo secretario del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Asturias, con el que se reunió en dos ocasiones, la última de ellas, para darle a conocer el proyecto de investigación complementaria que pretendía llevar a cabo Blue Solving, «pero no entró en mucho detalle».

La exconsejera, que actualmente ejerce de profesora universitaria, ha incidido en que la transmisión de derechos entre ambas empresas se llevó a cabo porque, a pesar de que en agosto de 2022 se había registrado un accidente mortal siendo titular Comabyl, no había sentencia firme ni ningún empresario inhabilitado y se cumplían todos los requisitos establecidos por la Ley de Minas por lo que, «si hay un cumplimiento de la legislación» ella no podía oponerse.

Irregularidades

Tras ese accidente de agosto de 2022, se procedió al cierre de la mina durante ocho meses, y a la apertura de dos expedientes sancionadores -uno aún sin resolver- que llevaron a Combayl a reconocer que estaba extrayendo mineral en el piso sexto de forma ilegal.

No obstante, ha afirmado que desde entonces y hasta el accidente con cinco fallecidos nadie le dijo «nunca» que se estuviera extrayendo carbón de esa mina, que no recibió ningún informe técnico que alertara de irregularidades en el piso tercero, y que tampoco le llegó el correo electrónico enviado en octubre de 2023 por un agente de medio natural en el que se advertía ya de la posible extracción ilegal de mineral.

Sí que llegaron en marzo de 2025 unos escritos en los que sociedades vinculadas al empresario leonés Victorino Alonso en los que se denunciaban irregularidades en Degaña y TYC Narcea, por lo que Minas solicitó a ambas compañías que remitiesen explicaciones e información en diez hábiles, plazo que se vio interrumpido por el accidente del día 31.

Proyectos de investigación

Díaz ha reiterado que no se aceleró la tramitación de permisos para que a través de un proyecto de investigación complementario se pudieran extraer hasta 60.000 toneladas de carbón -su valor ascendería a unos 18 millones de dólares- destinadas a la fabricación de grafito y que las licencias a las empresas que explotaron la mina se dieron porque cumplían con todos los requisitos.

De hecho, ha afirmado que si ese proyecto, que se preveía llevar a cabo en el nivel primero y se encontraba en una fase embrionaria, no se llegó a iniciar fue porque, a pesar de cumplir con los requisitos, la empresa nunca presentó el plan de labores que se le había requerido.