Los trabajadores sociales piden un refuerzo estructural contra el parón en la tramitación de la dependencia

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias ha reclamado este miércoles del Gobierno asturiano que el parón en la tramitación de expedientes de dependencia en Asturias, con cerca de 6.000 procedimientos afectados por las incidencias derivadas de la implantación de la Historia Social Única Electrónica (HSUE), se afronte con refuerzos de personal estructurales, recursos y planificación. En un comunicado, la entidad colegial valora el denominado Plan Agiliza para reducir los tiempos de tramitación y reforzar la gestión del sistema con el que el Gobierno espera cerrar este ejercicio cumpliendo el plazo máximo fijado por la ley para la tramitación de los expedientes -180 días- en lugar los 451 actuales.

Según el Colegio, cuando un expediente se paraliza «se retrasa el acceso a apoyos esenciales para personas mayores, personas con discapacidad y sus familias» y afecta directamente a su calidad de vida y a su dignidad más aún en una comunidad como Asturias, que es la más envejecida de España y donde la presión sobre el sistema de atención a la dependencia es estructural. Para los trabajadores sociales, la implantación de herramientas como la Historia Social Única Electrónica que persigue mejorar la coordinación y modernizar la gestión de los servicios sociales debe ir acompañada de planificación proporcionada, soporte técnico suficiente y refuerzo de los equipos profesionales para evitar que la transición genere demoras en el acceso efectivo a derechos.

A juicio de este colectivo, los refuerzos coyunturales pueden aliviar acumulaciones puntuales de expedientes, pero si no se consolidan de manera estable en el tiempo «el sistema vuelve a tensionarse», lo que hace necesario «un fortalecimiento estructural y sostenido del sistema público de atención a la dependencia» por lo que piden que el éxito del Plan Agiliza se mida en resultados concretos como la reducción real de los tiempos de espera, el desbloqueo efectivo de expedientes y el cumplimiento del plazo legal de seis meses en todas las áreas de servicios sociales. El Gobierno ha diseñado un conjunto de medidas de choque para reducir el periodo de tramitación de las prestaciones vinculadas a la ley de dependencia, que actualmente se sitúa en 451 días, de manera que al finalizar este ejercicio la demora no supere el plazo legal fijado en 180 días.

El plan tendrá un coste de 2,2 millones de euros e incluye el refuerzo de personal, de medios materiales y de procesos informáticos así como el uso de inteligencia artificial dado que la administración autonómica recibe una media de mil solicitudes mensuales de una sociedad envejecida en la que previsiblemente las solicitudes de acceso a la dependencia seguirán creciendo con la jubilación de las generaciones del  «baby boom». En el apartado de refuerzo del personal, (un administrativo, once gestores y 29 trabajadores sociales), un refuerzo que se sumará a la dotación actual -150 personas- y cuya labor se centrará en impulsar la tramitación de las solicitudes pendientes en tanto las demás medidas del plan van teniendo efecto de forma progresiva, informa Efe.