Casi 60.000 mayores asturianos, en riesgo de no poder cuidar su vista por falta de recursos

La pobreza visual describe una realidad silenciosa pero cada vez más extendida. Se trata de la imposibilidad económica de acceder a gafas, lentillas o revisiones oculares cuando se necesitan. No se ciñe únicamente a no ver bien, sino que incluye posponer cuidados, alargar el uso de equipamientos inadecuados o, directamente, renunciar a ellos porque hay otros gastos más urgentes. «La visión no duele», resume el último informe de la Asociación Visión y Vida.

Este fenómeno adquiere una dimensión especialmente preocupante en la tercera edad. En España, más de 10,1 millones de personas superan los 65 años y, de ellas, más del 82% necesita algún tipo de corrección visual. Sin embargo, la combinación de envejecimiento, ingresos ajustados, en muchos casos dependientes de pensiones, y barreras de acceso al sistema sanitario o a servicios ópticos convierte el cuidado de la vista en una decisión económica más, no siempre prioritaria.

El informe pone cifras a esta realidad. Más de dos millones de mayores en España están en riesgo de pobreza visual. Y aunque el fenómeno es generalizado, su distribución territorial no es homogénea. Asturias aparece como uno de los territorios donde esta problemática tiene un peso significativo, tanto por su estructura demográfica como por sus indicadores económicos.

En concreto, el estudio estima que en la región hay 287.903 personas mayores de 65 años, de las cuales alrededor de 237.232 utilizan gafas. Aplicando la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE), que en la comunidad se sitúa en el 24,5%, el resultado es que unas 58.122 personas mayores se encuentran en riesgo de pobreza visual. Es decir, prácticamente uno de cada cuatro mayores asturianos podría estar posponiendo o renunciando a cuidar su visión por motivos económicos.

Esta cifra sitúa a Asturias en el grupo de comunidades con porcentajes de riesgo entre el 20% y el 25%, junto a Galicia, Castilla y León o Cantabria. No alcanza los niveles más elevados del sur peninsular, pero tampoco se encuentra entre los territorios con menor incidencia, como País Vasco o Navarra.

El contexto demográfico asturiano agrava esta situación. Asturias es una de las regiones más envejecidas de España, con un 28,36% de su población por encima de los 65 años, una de las tasas más altas del país. Este envejecimiento implica una mayor prevalencia de patologías visuales asociadas a la edad, como cataratas, degeneración macular o glaucoma, y por tanto, una mayor necesidad de revisiones y tratamientos.

A ello se suma un factor clave que el informe subraya: el territorio. En comunidades con dispersión geográfica y población rural envejecida, como ocurre en buena parte de Asturias, el acceso a servicios ópticos o sanitarios no depende solo del dinero. Influyen también la distancia, la necesidad de desplazamiento, la dependencia de terceros o la falta de oferta cercana. En estas condiciones, renovar unas gafas no es solo pagar, sino organizar un desplazamiento, pedir cita, acudir a revisiones y realizar seguimientos, lo que multiplica las barreras.

El resultado es lo que los autores denominan «economía de la renuncia». En un contexto en el que uno de cada cuatro españoles está en riesgo de pobreza o exclusión social y donde una parte importante de los hogares no puede afrontar gastos imprevistos, la salud visual compite directamente con necesidades básicas como la vivienda o la alimentación. En ese escenario, cambiar unas gafas o acudir a una revisión puede esperar.

En la tercera edad, esta decisión tiene consecuencias que van más allá de la salud ocular. El informe advierte de que ver mal implica dejar de hacer actividades como leer, salir, conducir o relacionarse. La pérdida de visión no corregida se traduce en aislamiento, dependencia e incluso mayor riesgo de caídas. Es, en definitiva, un factor que impacta directamente en la autonomía y la calidad de vida.