El último truco del carbón en Asturias

En las navidades de 2018 se fueron cerrando la mayor parte de las verjas de las explotaciones mineras de carbón en Asturias, por acuerdo europeo para el cierre de las minas no rentables poniendo así un punto y aparte a casi dos siglos de actividad industrial. Punto y aparte y no punto final porque la extracción de carbón nunca cesó del todo, en el pozo Nicolasa se siguió extrayendo carbón para abastecer a la central térmica de La Pereda, y también se mantuvo para usos industriales variados (o para carbón metalúrgico, para la siderurgia) en muchas ocasiones usando un instrumento que el Principado reconoce ahora que se ha podido usar para la extracción eludiendo el plan de cierre.

El informe definitivo de la Inspección General de Servicios (IGS) sobre el funcionamiento del Servicio de Minas revela una inseguridad jurídica en la forma en la que se han dado paso a estos proyectos. El documento pone el foco en los denominados Proyectos de Investigación Complementaria (PIC), una figura técnica que, según la inspección, se ha utilizado de forma unilateral por la administración minera asturiana para autorizar actividades que eluden los controles más estrictos de la normativa estatal. El informe indica que el PIC no existe como título administrativo en la legislación minera vigente. No tiene una definición legal ni un procedimiento regulado, lo que ha permitido al Servicio de Minas perfilar su naturaleza de forma subjetiva; al tramitarse como un simple 'proyecto técnico' y no como una concesión o permiso de investigación ordinario, se han evitado trámites rigurosos, especialmente en el ámbito medioambiental.

Un Proyecto de Investigación Complementaria se define administrativamente como cualquier plan cuya finalidad sea mejorar el conocimiento geológico y minero de una concesión ya otorgada, con el fin de promover nuevas unidades productivas, ampliar las existentes o perfeccionar una explotación en curso. A diferencia de los permisos de investigación ordinarios, la administración ha permitido que los PIC incluyan la extracción de mineral en tonelaje y tiempo limitados mediante la figura de «pruebas industriales». Estas pruebas se justifican bajo la necesidad de verificar la idoneidad de un producto para procesos industriales reales antes de su homologación comercial. Según el Servicio de Minas, un PIC busca mejorar el conocimiento geo-minero de un yacimiento sobre una concesión ya otorgada, ya sea para promover nuevas unidades productivas o para optimizar explotaciones en curso. Sin embargo, el informe destaca una función adicional: el PIC se convierte en una 'obligación' para el titular cuando el proyecto de explotación original ha finalizado. La Ley de Minas exige al concesionario que ejerza su derecho al aprovechamiento; si no lo hace, la explotación incurre en causa de caducidad. En este contexto, el PIC se ha utilizado como la herramienta administrativa para mantener la vigencia de las concesiones inactivas sin necesidad de retomar una explotación comercial completa.

El informe identifica una práctica generalizada en la geografía de Asturias, citando ejemplos de autorizaciones de PIC en el Boletín Oficial del Principado (BOPA). Entre los casos históricos figuran proyectos en Mina Moscona (Corvera), la campaña de sondeos en Salave (Tapia de Casariego), y otros en Pontones (Aller), La Esperanza (Mieres) y Ortosa-Godán (Salas). No obstante, los ejemplos más recientes se localizan en el Grupo Cerredo y Coto-Sur. En Cerredo (donde tiene lugar el accidente que lleva a abrir una investigación), se autorizó la extracción de 60.000 toneladas de carbón a pesar de que el terreno estaba sujeto a una prohibición estatal de extracción por encontrarse en proceso de restauración pública.

En el caso de Coto-Sur (TYC Narcea) las circunstancias son otras; el informe señala que la administración autonómica asumió la competencia de declarar innecesario el reintegro de ayudas estatales al cierre, una facultad que la Inspección atribuye exclusivamente al Instituto para la Transición Justa (ITJ). Ante esto, la empresa TYC Narcea ha defendido públicamente la independencia de su proyecto, sosteniendo que se desarrolla sobre una unidad de producción distinta de la clausurada, que fue adquirida libre de cargas en un proceso concursal y que su objetivo es la antracita de alta calidad para usos industriales, no el carbón térmico vinculado a las ayudas del Plan de Cierre. La mercantil recalca que la doctrina jurídica permite la coexistencia de unidades independientes en una misma concesión y confía en que el ITJ confirme la inaplicabilidad del artículo 29 de la Ley de Cambio Climático a su actividad.

Las recomendaciones

En la presentación del texto el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, recalcó que «el Gobierno lo hace suyo y cumplirá las once recomendaciones que en el mismo se establecen». Las recomendaciones finales de la Inspección General de Servicios se centran en profesionalizar y dotar de seguridad jurídica a la administración minera de Asturias, instando a la creación de una normativa autonómica que regule los procedimientos de transmisión de derechos y la autorización de proyectos como los PIC. Se propone redimensionar la plantilla para ajustarla a la carga de trabajo real, actualizar tecnológicamente el catastro minero y establecer protocolos estrictos de inspección que eliminen los avisos previos a las empresas y protejan la confidencialidad de los denunciantes. Además, se exige una coordinación real entre las distintas consejerías con competencias territoriales para evitar que se ignoren actividades ilegales en montes públicos o zonas protegidas.

Por otro lado, la Inspección demanda un control riguroso sobre las obligaciones financieras y medioambientales de las empresas, requiriendo una motivación expresa en los expedientes sobre solvencia técnica y el cumplimiento de las normativas de impacto ambiental. Específicamente para el caso de los Proyectos de Investigación Complementaria, se recomienda que cualquier autorización cuente con informes previos del Instituto para la Transición Justa que avalen la no vulneración de la prohibición de extraer carbón o la necesidad de devolver ayudas públicas. Finalmente, se insta a depurar responsabilidades por la inactividad administrativa ante contratos sospechosos como el de Blue Solving y COMBAYL en Cerredo.

Las reacciones políticas

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha asegurado que el informe de la Inspección General de Servicios sobre el accidente de la mina de Cerredo evidencia «caos y descontrol» en el Servicio de Minas durante el Gobierno de Adrián Barbón, y ha reclamado la asunción de responsabilidades políticas. Según ha señalado, el documento refleja «mala praxis» y «negligencia» en la gestión de los asuntos mineros, hasta el punto de que ha sido remitido a la Fiscalía. Además, ha acusado al Ejecutivo autonómico de haber retrasado la publicación del informe y de obstaculizar la comisión de investigación parlamentaria, al tiempo que ha defendido la necesidad de un Gobierno que ofrezca «certezas» tras un accidente que costó la vida a cinco mineros.

Por su parte, la diputada Covadonga Tomé ha calificado de «impresentable» que el Gobierno valorase públicamente el informe antes de remitirlo a la comisión de investigación, y ha advertido de que las medidas anunciadas son insuficientes sin una depuración clara de responsabilidades. En la misma línea, Adrián Pumares ha criticado la estrategia del Ejecutivo al hacer público el documento coincidiendo con el Consejo de Gobierno y ha exigido aclaraciones sobre cuándo se conocía el informe y por qué no se difundió antes. Asimismo, ha señalado que el texto cuestiona decisiones adoptadas por criterios económicos y apunta a irregularidades en los Proyectos de Investigación Complementaria, reclamando explicaciones sobre las responsabilidades derivadas.