Las reacciones al dictamen del Caso Cerredo aíslan al PSOE

El borrador del dictamen de la comisión de investigación sobre el accidente de la mina de Cerredo ha desencadenado una intensa tormenta política en Asturias, con la posibilidad de un escenario de reprobaciones, que ha despertado una enorme suspicacia en los socialistas y les distancia de sus socios de gobierno de IU. Lo presentado esta semana es un borrador, documento provisional, elaborado por la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, y apunta a una cadena de fallos administrativos y omisiones de control en la vigilancia de la explotación de Degaña.

El texto actual es una propuesta sujeta a enmiendas y negociaciones entre los grupos, cuyo dictamen definitivo será sometido a votación en la Junta General en el plazo aproximado de un mes. Entre sus puntos más controvertidos en el arco parlamentario, el borrador sugiere la reprobación de siete personas vinculadas a la administración autonómica. Y esto ha provocado una discrepancia en el seno del Ejecutivo de coalición: mientras el PSOE tacha el informe de «despropósito», su socio de gobierno, IU-Convocatoria por Asturies, considera que las responsabilidades políticas son «muy claras» y deben ejecutarse.

Aunque la reprobación parlamentaria constituye un castigo de carácter simbólico, tiene consecuencias políticas. En la práctica, la aprobación de este documento situaría al PSOE en una posición de un cierto aislamiento, ya que es la única formación que rechaza la existencia de responsabilidades políticas directas. Este escenario abre la puerta a que haya una suma de fuerzas en el parlamento que termine por dar un golpe al Ejecutivo. Entre los nombres propuestos para la reprobación destacan tres exconsejeros de la etapa de Barbón: Enrique Fernández (actual presidente de Hunosa), Nieves Roqueñí (presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón) y Belarmina Díaz, además del exviceconsejero Isaac Pola y tres altos funcionarios del Servicio de Minas.

Las reacciones al borrrador del dictamen han sido intensas. La delegada del Gobierno, Adriana Lastra (también vicesecretaria de la FSA), ha calificado el texto de «dislate jurídico», asegurando que no se ha acreditado una relación causa-efecto entre la administración y el siniestro; «atribuir responsabilidades personales o políticas no sólo es un error sino una construcción interesada», ha subrayado la delegada del Gobierno a la vez que se ha preguntado «qué tiene que ver la administración» con un accidente en una empresa privada que desarrollaba una actividad ilegal «en condiciones laborales que dejaban bastante que desear», dijo.

En la misma línea, la portavoz parlamentaria socialista, Dolores Carcedo, ha tildado el informe de «deslavazado» y lleno de «juicios de valor», argumentando que la comisión excede sus competencias al señalar a personas concretas. Sin embargo, Xabel Vegas, portavoz de Convocatoria por Asturies (en la que está integrada IU), ha discrepado de esta valoración, afirmando que resultaría «enormemente preocupante» que los señalados sigan ostentando cargos públicos, aunque ha calificado de «error» extender la reprobación a los funcionarios. «Somos muy claros: si hay un dictamen que señale responsabilidades políticas, no deberían ostentar cargos púbicos», dijo Vegas, para quien otra cosa es si el Principado tiene capacidad para hacerlo, como sería el caso de Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa.

Desde la oposición, el diputado del PP Luis Venta ha defendido que el informe es «equilibrado y atinado», acusando al Gobierno de adecuar autorizaciones «a capricho». Por su parte, Carolina López (Vox) y Adrián Pumares (Foro) han situado al presidente Barbón como el máximo responsable del «fallo sistemático» de la inspección minera. 

Las recomendaciones 

En su apartado final, el borrador incorpora una serie de recomendaciones técnicas y sociales encaminadas a reformar el sistema de control minero y paliar los efectos de la tragedia. Destaca la propuesta de que el Principado adelante las indemnizaciones a las familias de los fallecidos a cuenta de lo que determinen los tribunales, una iniciativa que el PSOE rechaza por considerar que requiere de una sentencia previa firme. Asimismo, el informe plantea una moratoria total sobre los Proyectos de Investigación Complementaria (PIC) y la remisión de las actuaciones a la Fiscalía por si se derivasen responsabilidades penales. Covadonga Tomé ha defendido la solidez de este planteamiento frente a la estrategia del Gobierno autonómico, a la que ha acusado de centrarse exclusivamente en culpar a la empresa privada Blue Solving. Según la diputada la estrategia del Gobierno autonómico «pasa por culpar exclusivamente a una empresa» pero se niega a asumir que la administración no cumplió con sus función de vigilancia y control.