La carta con la que Asturias urge a la UE a actuar sobre el Huerna: «Afecta a principios centrales del proyecto europeo»
Asturias
El Gobierno del Principado y la Alianza por las Infraestructuras solicitan impulsar con «la mayor celeridad» la tramitación hasta una posible elevación al TJUE
24 Apr 2026. Actualizado a las 17:23 h.
El Gobierno del Principado de Asturias ha solicitado a la Comisión Europea que impulse «con la mayor celeridad» el procedimiento de infracción relativo a la prórroga de la concesión de la AP-66 (Huerna), con el objetivo de avanzar hacia una fase decisoria que permita, en su caso, su elevación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La petición se recoge en una carta dirigida al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, firmada por el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Ejecutivo autonómico, Alejandor Calvo, quien actúa también en representación de la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias necesita. Este colectivo, que integra a fuerzas políticas, agentes económicos y sociales, entidades locales y sociedad civil, ha acordado por unanimidad realizar esta solicitud.
En el escrito, el Gobierno asturiano subraya que la actuación de la Comisión «está siendo clave» y que en Asturias se percibe como «una garantía de aplicación rigurosa del Derecho de la Unión y de atención a sus efectos reales sobre el territorio». Asimismo, advierte de que este asunto trasciende el ámbito sectorial, al afectar a «principios centrales del proyecto europeo», como la seguridad jurídica, la competencia en condiciones equitativas y la confianza en el mercado interior.
El Ejecutivo autonómico señala también que la situación actual de incertidumbre tiene «un impacto directo y creciente» en la comunidad. En este contexto, destaca el respaldo institucional del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, que ha confirmado por unanimidad «la naturaleza de modificación sustancial de la prórroga y la concurrencia de causas de nulidad de pleno derecho». A este apoyo se suma, según recoge la carta, «un consenso político, social y territorial amplio y sostenido en Asturias». No obstante, el Gobierno reconoce que la eventual resolución del marco concesional no aborda el modelo de gestión para la conservación y mantenimiento de las infraestructuras.
El Principado insiste en que lo que se demanda «no es una excepción arbitraria», sino «el cumplimiento estricto de los principios de transparencia y concurrencia con criterios claros, transparentes y competitivos que se ajustan plenamente al Derecho de la Unión».
En el ámbito interno, el Ejecutivo asturiano señala que las vías activadas «no han permitido un pronunciamiento sobre el fondo», debido a la inadmisión acordada por el Consejo de Ministros por razones formales, lo que «bloquea en la práctica la revisión y prolonga una situación potencialmente contraria al Derecho de la Unión». Por ello, considera que el procedimiento europeo es «hoy el único cauce efectivo para garantizar una respuesta».
El Gobierno del Principado añade que el caso puede constituir «un referente relevante en la aplicación efectiva del Derecho de la Unión en materia de contratación pública y concesiones», especialmente en lo relativo a la preservación de los principios de transparencia, igualdad y competencia.
Por todo ello, y en coherencia con el acuerdo unánime de la Alianza, el Ejecutivo autonómico reitera ante la Comisión Europea la conveniencia de continuar impulsando la tramitación «con la máxima diligencia», favoreciendo su progresión hacia una fase decisoria que permita su eventual elevación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Además, propone mantener «a la mayor brevedad una reunión de seguimiento a nivel político» y expresa su «plena disposición a colaborar».
Carta íntegra
Excmo. Sr Stéphane Séjourné,
Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Europea
Excmo. Sr.:
Me dirijo a usted como Consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno del Principado de Asturias, y en representación de la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias necesita.
La Alianza —que integra a fuerzas políticas, agentes económicos y sociales, entidades locales y sociedad civil— ha acordado por unanimidad solicitar a la Comisión Europea que impulse, con la mayor celeridad, el procedimiento de infracción relativo a la prórroga de la concesión de la AP-66 (Huerna), favoreciendo su avance hacia una fase decisoria que permita, en su caso, su elevación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La actuación de la Comisión está siendo clave. En Asturias se percibe como una garantía de aplicación rigurosa del Derecho de la Unión y de atención a sus efectos reales sobre el territorio.
Este asunto no es solo sectorial. Afecta a principios centrales del proyecto europeo: seguridad jurídica, competencia en condiciones equitativas y confianza en el mercado interior. La actual situación de incertidumbre tiene un impacto directo y creciente en nuestra comunidad.
Existe, además, un respaldo institucional claro. El Consejo Consultivo del Principado de Asturias, órgano superior consultivo que ejerce funciones de asesoramiento jurídico independiente al Gobierno autonómico y vela por la adecuación de su actuación al ordenamiento jurídico, ha confirmado por unanimidad la naturaleza de modificación sustancial de la prórroga y la concurrencia de causas de nulidad de pleno derecho. A ello se suma un consenso político, social y territorial amplio y sostenido en Asturias.
Somos conscientes de que la eventual resolución del actual marco concesional no aborda el modelo de gestión para la conservación y mantenimiento de las infraestructuras. En todo caso, lo que se demanda no es una excepción arbitraria, sino el cumplimiento estricto de los principios de transparencia y concurrencia con criterios claros, transparentes y competitivos que se ajustan plenamente al Derecho de la Unión.
En el ámbito interno, las vías activadas no han permitido un pronunciamiento sobre el fondo. La inadmisión acordada por el Consejo de Ministros, por razones formales, bloquea en la práctica la revisión y prolonga una situación potencialmente contraria al Derecho de la Unión.
Por ello, el procedimiento europeo es hoy el único cauce efectivo para garantizar una respuesta.
En este sentido, el Gobierno del Principado de Asturias considera que el presente caso puede constituir, por sus características, un referente relevante en la aplicación efectiva del Derecho de la Unión en materia de contratación pública y concesiones, en particular en lo que respecta a la preservación de los principios de transparencia, igualdad y competencia.
Por todo ello, y en coherencia con el acuerdo y respaldo unánime de la Alianza, el Gobierno del Principado de Asturias considera oportuno reiterar ante la Comisión Europea la conveniencia de continuar impulsando la tramitación del procedimiento con la máxima diligencia, favoreciendo su progresión hacia una fase decisoria que permita, con apremio, su elevación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su condición de garante último del respeto al Derecho de la Unión.
Asimismo, proponemos mantener a la mayor brevedad una reunión de seguimiento a nivel político.
El Gobierno del Principado de Asturias reitera su plena disposición a colaborar.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Firma: Alejandro Calvo, Consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno del Principado de Asturias.