Cuatro mineros celebran el 1 de mayo encerrados por noveno día para exigir sus salarios

Los cuatro mineros de la Mina Miura, ubicada en la localidad de Tormaleo, en la comarca suroccidental de Asturias, han celebrado hoy la fiesta del Primero de Mayo encerrados por noveno día consecutivo a 300 metros de profundidad para exigir el pago de las nóminas que les adeuda desde hace un año la empresa Carbones La Vega, propietaria de la explotación.

Después de que un quinto trabajador abandonase la protesta por las duras condiciones del encierro, sus cuatro compañeros —Héctor López Lago, Héctor Pérez Fernández, Santiago González Álvarez y José María Pérez Pereira— han asegurado encontrarse bien de ánimo tras recibir el respaldo de varios centenares de personas congregadas en la bocamina de la explotación convocados por el SOMA-FITAG-UGT. «De ánimo estamos bien, aguantamos. La salud va pasando factura por el frío y la humedad pero hay que seguir. Estamos aquí con la intención de conseguir algo y no vamos a cejar, pero hay que seguir en la lucha», ha afirmado Pérez Pereira, que ha agradecido el «espectacular» apoyo que están recibiendo tras salir unos minutos del pozo para reunirse con los concentrados y recibir su respaldo en forma de abrazos y ánimos.

El secretario general del sindicato minero de la UGT, José Luis Alperi, pese a percibirlos con ánimo para mantener la protesta, ha mostrado no obstante su preocupación por los cuatro trabajadores. «Son mineros, nadie les va a decir lo que hay en el sitio donde están encerrados: agua y frío», ha subrayado tras advertir de que son perfectamente conscientes de las medidas de seguridad necesarias.

El horizonte para el conflicto se sitúa ahora, según Alperi, en el juicio previsto para el próximo 5 de junio después de que la empresa solicitase el pasado 13 de abril el preconcurso de acreedores y mientras tanto sin haber avances sobre el cobro de los salarios pendientes en una explotación en la que se está dando la circunstancia, ha subrayado, de que hay «un empresario a la fuga y un director facultativo a la fuga». Después de que el Gobierno asturiano haya propuesto una sanción de 3.000 euros a la empresa y una suspensión de funciones a su director facultativo de seis meses, el dirigente sindical le ha exigido que «haga más» dado que trata una concesión adjudicada por la administración autonómica, que debería protegerla para garantizar la continuidad de la mina «en una zona donde es muy difícil encontrar otro trabajo».

Los derechos mineros fueron vendidos por la empresa Carbones La Vega, de la familia del empresario Chus Mirantes, propietario a su vez de la mina de Cerredo en la que fallecieron cinco trabajadores en una explosión en marzo del pasado año. Un suceso que aún está bajo investigación judicial, informa Efe.