La factura para acabar con la pobreza en Asturias

Eliminar la pobreza en el Principado de Asturias tiene un precio más o menos exacto: el 1,8% de su Producto Interior Bruto (PIB) regional. Así lo asegura al menos el estudio «Análisis de la exclusión social y económica en España y sus territorios», publicado por la Fundación Ramón Areces, y que hace un extenso recorrido por la evolución de la precariedad en el país entre los años 2015 y 2025. El informe señala además que Asturias presenta una dinámica preocupante al situarse a contracorriente de la mejora generalizada en este campo en el resto de España.

Pero ¿cuánto dinero sería ese 1,8% del PIB? Alrededor de 465 millones de euros anuales. Para llegar a esta cifra, la Fundación ha empleado una metodología basada en las denominadas como «tres I»: incidencia, intensidad e inequidad. El cálculo del coste se deriva específicamente de la intensidad, midiendo lo que se denomina el «gap de riesgo de pobreza». Este indicador no solo cuenta el número de personas vulnerables, sino que calcula la distancia real entre sus rentas actuales y el umbral mínimo de dignidad, fijado en el 60% de la mediana nacional de renta. Y el informe no es complaciente con la evolución del Principado donde se ha incrementado muchísimo la desigualdad.

La situación de Asturias es calificada en el informe como un «retroceso destacado». Mientras que la media nacional ha logrado reducir la tasa de población en riesgo de pobreza en un 12% durante la última década , Asturias ha experimentado un incremento de este indicador, pasando del 16,7% en 2015 al 17,2% en 2025. Más grave resulta la evolución de la pobreza extrema o riesgo de exclusión (rentas por debajo del 40% de la mediana). En este apartado, el Principado ha visto cómo su tasa escalaba del 7,6% al 8,8% en el mismo periodo.

Esta tendencia al alza sitúa a Asturias en una posición paradójica respecto al conjunto del país: aunque su tasa de pobreza general (17,2%) sigue siendo más baja que la media española (19,5%) , su tasa de exclusión extrema ya supera el promedio nacional del 8%. Además, el estudio destaca que la desigualdad interna entre los propios pobres ha aumentado en la comunidad cerca de un punto porcentual según el índice de Gini, una variable que ha mejorado en casi todas las demás comunidades autónomas.

El mapa autonómico

Al comparar el Principado con el resto de territorios, el informe pone de relieve una tendencia negativa. En el año 2015, Asturias ocupaba la sexta posición en el ranking nacional de bienestar. Sin embargo, los datos de 2023 la llevaron a caer hasta el décimo lugar. De este modo Asturias ha sido superada por comunidades que tradicionalmente presentaban peores registros, como Madrid o La Rioja, que en el mismo periodo han consolidado sus mejoras en este campo.

El informe divide a España en cinco grupos según su desempeño. Asturias se encuentra en el tercer escalón, el de las regiones que han registrado retrocesos destacados, compartiendo grupo con la Comunidad Foral de Navarra y Castilla y León. Se sitúa así lejos de las «regiones líderes» como el País Vasco, donde el coste para eliminar la pobreza es de apenas un 0,6% de su PIB , o Aragón y Cataluña, que consolidan los mejores resultados del periodo analizado.

A nivel general, el informe destaca que España vive un proceso de expansión económica con aumento de la población ocupada y del salario mínimo. Esto ha permitido que el riesgo de pobreza en el país caiga al 19,5% y la exclusión al 8%. Sin embargo, los autores subrayan una realidad persistente: «tener un trabajo no libra de la pobreza». Un tercio de las personas en riesgo de pobreza en España están ocupadas, una cifra que en algunas que en algunas comunidades se eleva significativamente, hasta el punto que en Baleares es casi la mitad.

La precariedad afecta con especial dureza a determinados colectivos. Las mujeres han visto empeorar su situación relativa respecto a los hombres, situándose en una tasa de pobreza del 20,3% frente al 18,6% de los varones en 2025. Por tramos de edad, los menores de 18 años presentan la situación más crítica, con tasas que rozan el 30%. En sus conclusiones, los autores indican que la cobertura de las prestaciones sociales sigue siendo desigual entre territorios. El informe aboga por un refuerzo urgente de los instrumentos de protección social y una mejor coordinación administrativa. Advierten que la consolidación del crecimiento económico no es suficiente por sí sola para absorber la exclusión de los grupos más vulnerables si no se implementan medidas específicas para corregir las deficiencias estructurales que reflejan casos como el de Asturias.