El despliegue de los topes de alquiler en Gijón choca con el Ayuntamiento

La Ley de Vivienda se aplica en pocas comunidades autónomas, una de ellas es Asturias y lo ha hecho poco a poco buscando el acuerdo entre la administración autonómica y los ayuntamientos, pero siempre ha sido posible. La aplicación de la normativa dio un salto relevante este lunes después de que se declararan formalmente como áreas de mercado residencial tensionado los barrios de Cimavilla y La Arena, en Gijón, con el rechazo explícito del gobierno municipal, que ya anunció que buscaría activamente vías jurídicas y administrativas para oponerse a su ejecución alegando una presunta invasión de las competencias municipales en materia de urbanismo y lo calificaron de «deslealtad institucional».

La declaración específica de estos barrios de Gijón se ha formalizado tras completarse el preceptivo periodo de información pública y tras la correspondiente resolución de las alegaciones técnicas presentadas por diversos colectivos. Los estudios preliminares de la consejería apuntaron a que la totalidad de la ciudad de Gijón podría llegar a ser susceptible de catalogarse como zona tensionada, debido a que el incremento acumulado de las rentas de alquiler y el porcentaje de esfuerzo financiero medio de los hogares rebasan los límites establecidos en la legislación en la práctica totalidad de su mapa urbano.

La declaración ha sido muy controvertida, cuenta con un respaldo de los grupos de la izquierda en el consistorio gijonés (PSOE, Izquierda Unida y Podemos). Sin embargo el gobierno de Foro y el Partido Popular, rechaza lo que considera una intervención regulatoria del mercado que, en su opinión, contrae la oferta de inmuebles disponibles. La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Gijón ha mostrado su «sorpresa y malestar por la falta de lealtad institucional y de diálogo del Principado» tras el anuncio de la aplicación inmediata de los controles de precios. Desde el área municipal han recriminado al consejero Ovidio Zapico que «resulta incomprensible que el señor Zapico anuncie una medida de enorme impacto para Gijón sin haber mantenido ni una sola reunión de trabajo con el Ayuntamiento ni concretar qué actuaciones reales piensa impulsar en estos barrios». Los responsables municipales han advertido de que el Gobierno asturiano corre el riesgo de convertir la declaración en algo «puramente ideológica y propagandística» y han anunciado este lunes que no descartan estudiar acciones legales si el Ejecutivo autonómico continúa actuando «de manera unilateral y sin el más mínimo respeto institucional hacia Gijón». 

Doce zonas en Asturias

Más allá de la polémica de Gijón, la Consejería de Vivienda avanza en la aprobación de lo que espera que sea un bloque de doce zonas tensionadas repartidas por Asturias. Estas áreas se encuentran en Avilés (en el barrio de La Magdalena), Gozón (en Luanco) y en los concejos orientales de Cabrales y Llanes, afectando en este último a localidades como Llanes capital, Posada, Barru, Po, Celoriu y Nueva. La postura de estos ayuntamientos ha sido muy variada. En las zonas más turísticas, la medida se ve como una opción para frenar la falta de pisos de alquiler frente al auge de los alojamientos vacacionales. De hecho, la patronal hostelera OTEA ha denunciado públicamente que las opciones de vivienda para los trabajadores son «muy escasas, por no decir casi nulas» en el oriente asturiano, sobre todo en los meses de julio y agosto. Según los representantes del sector el encarecimiento de los alquileres impide que los profesionales de la hostelería que llegan como refuerzo en temporada alta puedan encontrar un lugar donde vivir, lo que genera un problema estructural alarmante para las empresas de la zona. Para intentar mitigar esta situación, el Principado prepara un decreto que prohibirá dar nuevas licencias de pisos turísticos en los lugares declarados como zonas tensionadas.

Qué es zona tensionada

Para que cualquier territorio o distrito censal sea declarado formalmente como zona de mercado residencial tensionado bajo el amparo de la Ley de Vivienda la normativa exige que se cumpla al menos uno de los dos requisitos económicos establecidos: El primero de ellos estipula que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler, sumada a los gastos de los suministros básicos de agua, luz y gas, supere el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares de esa zona. El segundo supuesto legal requiere que el precio de compra o de alquiler de la vivienda haya experimentado un porcentaje de crecimiento acumulado en los últimos cinco años que sea al menos tres puntos porcentuales superior al valor del Índice de Precios al Consumo (IPC) acumulado de la comunidad autónoma de Asturias.