El TSJA falla de nuevo contra la decisión del Gobierno autonómico de intervenir en Ternera Asturiana

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha fallado de nuevo contra las decisiones adoptadas por la Consejería de Medio Rural que llevaron el pasado año a constituir una gestora en la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Ternera Asturiana al estimar el recurso contencioso-administrativo presentado por Unión Rural Asturiana (URA) contra esas resoluciones.

El TSJA había considerado un «abuso de poder» y que se había vulnerado el derecho de asociación por parte de la Consejería al constituir una Comisión Gestora en la IGP Ternera Asturiana cuando el Consejo Regulador se encontraba en pleno proceso electoral para renovar sus órganos de dirección, maniobra que llevó a varios de los operadores cesados a interponer un recurso contra dicha decisión.

Esta decisión también fue recurrida por el sindicato URA y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ha declarado también «nulos y sin efecto» todos los actos administrativos adoptados por el Principado al concluir que vulneran el derecho de asociación y no se ajustan al ordenamiento jurídico.

La sentencia señala que la propia Junta Electoral del Consejo Regulador había decidido continuar el proceso electoral, reabrir el plazo de candidaturas y mantener el procedimiento bajo su supervisión, comunicando expresamente a la Consejería que se abstuviera de nombrar una Comisión Gestora.

Sin embargo, la administración autonómica ignoró dicha petición y siguió adelante con una intervención que ahora ha sido anulada por los tribunales pese a que, recuerda el TSJA, los consejos reguladores tienen naturaleza esencialmente privada y la administración únicamente puede intervenir de manera excepcional, limitada y plenamente justificada, circunstancias que no concurrían en este caso.

A juicio de URA, la sentencia supone «una victoria de la legalidad y de la democracia interna frente a un intento de control político injustificado» por parte de la Consejería, que actuó «de forma arbitraria», y exige responsabilidades políticas inmediatas «por auténtica cacicada administrativa» y reclama la dimisión de todos los responsables de esa intervención irregular, empezando por el consejero de Medio Rural.

La organización agraria considera especialmente grave que se ignorasen los acuerdos adoptados por la Junta Electoral y que se tratase de imponer desde la Administración una Comisión Gestora contra la voluntad expresada por los órganos legítimos del Consejo Regulador.

Según el sindicato, la sentencia, que impone además las costas procesales a la administración autonómica, demuestra que las instituciones «no pueden utilizarse para intervenir entidades independientes ni para alterar procesos democráticos internos por intereses políticos».