Los sindicatos alertan del colapso de Sograndio por la violencia y la falta de recursos

La mayoría del comité de empresa de Asepro Seguridad, integrado por las fuerzas sindicales CSIF y Usipa, ha emitido este martes una nota de prensa en la que tilda de «angustiosa» la situación del Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, en Oviedo.

Los sindicalistas hablan de la «pasividad» de las autoridades tras el último grave incidente en Sograndio. Relatan que en ese altercado tres vigilantes de seguridad resultaron agredidos y necesitaron asistencia médica, un episodio que el colectivo ha señalado como la gota que colma el vaso ante unas agresiones que cada vez son más habituales.

Bajo el lema «¡Basta ya!», los trabajadores han advertido de que, si no se aplican medidas urgentes de forma inmediata, convocarán un paro general en los próximos meses para defender su integridad física y sus derechos laborales.

La representación sindical ha advertido de la «total deriva» de las instalaciones y ha asegurado que la alta conflictividad actual impide que los educadores puedan llevar a cabo su trabajo diario, dejando poca o ninguna posibilidad de desarrollar una labor educativa real.

Indican que, ante el «fracaso» del modelo, los vigilantes de seguridad se han visto obligados a actuar de manera continua para contener los incidentes, registrando un elevado número de intervenciones violentas.

Esta crisis se ha visto severamente agravada por el factor de la masificación, ya que el centro se encuentra actualmente al límite de su ocupación, con casi 60 internos. Se da además la circunstancia de que algunos de ellos rondan ya los 20 años de edad, lo que incrementa exponencialmente la complejidad de la gestión y la seguridad interior.

A esta situación crítica se suma el «flagrante incumplimiento» del pliego de condiciones por parte de la empresa adjudicataria.

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (Usipa) afirman que la mayoría de los días faltan puestos de vigilantes por cubrir. «Esto ha desprotegido por completo el recinto, a los propios trabajadores y a los internos, obligando al resto de la plantilla en turno a asumir una excesiva sobrecarga de trabajo y de riesgos físicos», explican.

Los sindicatos han tachado de inadmisible que se ejecute este volumen de actuaciones bajo mínimos de personal, sin habitaciones de contención adecuadas, sin medios materiales idóneos y sin cobertura jurídica. Han recordado además que se excluye a la mayoría de los vigilantes, incluidos los de nueva contratación, del abono del plus de peligrosidad de Sograndio, y han criticado la «manipulación» de conceptos salariales en las nóminas por parte de la empresa a todo el personal de seguridad.

Los representantes de CSIF y Usipa afirman que las instituciones a las que han pedido ayuda de manera reiterada les han dado la espalda. Han insistido en que los educadores no pueden ejercer adecuadamente su labor en un entorno tan conflictivo debido a la violencia existente, que el centro está masificado al límite con perfiles que rondan los 20 años y que no se están cubriendo los puestos obligatorios de seguridad; informó Europa Press.