El ejemplo que quiere seguir Asturias: Navarra logró reducir los alquileres un 7% tras declarar las zonas tensionadas

Asturias empieza a desplegar una de las principales herramientas previstas en la Ley estatal de Vivienda para contener el encarecimiento de los alquileres. Mientras el Principado avanza en la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en varios municipios y barrios, una comunidad autónoma ofrece ya una primera referencia sobre los posibles efectos de esta medida. Es el caso de Navarra.

Hace cerca de un año, el Gobierno navarro declaró como zonas tensionadas 21 municipios que concentran alrededor del 70% de la población de la comunidad. Doce meses después, el Ejecutivo foral sostiene que la experiencia ha permitido reducir el precio de los alquileres un 7% de media, convirtiéndose en uno de los primeros territorios donde puede evaluarse con cierta perspectiva el impacto real de la regulación.

El debate resulta especialmente relevante para Asturias. La Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos ha comenzado a aplicar esta figura en distintas localidades con fuerte presión sobre el mercado residencial. Entre las primeras zonas declaradas figuran Llanes, Posada, Po, Barro, Niembro y Nueva en el concejo llanisco, así como Arenas y Poo, en Cabrales. A ellas se suman los barrios gijoneses de Cimavilla y La Arena, La Magadalena de Avilés y Luanco, en Gozón. Además, el Gobierno asturiano trabaja ya en nuevos estudios para ampliar el número de zonas tensionadas.

La filosofía de la medida es sencilla. Limitar la capacidad de incrementar los precios en determinados contratos de alquiler en aquellas áreas donde el acceso a la vivienda se ha vuelto especialmente difícil. La normativa también contempla incentivos fiscales para propietarios que reduzcan las rentas y obliga a desarrollar planes complementarios destinados a aumentar la oferta disponible.

Los datos navarros han sido recibidos por el Gobierno foral como una confirmación de la eficacia de la medida. La consejera de Vivienda de la región, Begoña Alfaro, sostiene que el objetivo nunca fue provocar una caída brusca de los precios, sino frenar una dinámica que parecía no tener techo. «La limitación de precios no está diseñada para rebajar de forma escandalosa los precios; nace para contener», explicó al presentar el balance del primer año de aplicación.

Según los registros oficiales de contratos, los alquileres en los municipios declarados tensionados se han reducido alrededor de un 7% desde la entrada en vigor de los límites a los nuevos contratos, mientras que en enero el Ejecutivo navarro llegó a cifrar el descenso acumulado en el 8,6% respecto al periodo previo a la regulación.

La principal batalla política, sin embargo, continúa girando en torno a la oferta. Los críticos con la medida sostienen que la regulación puede provocar la retirada de viviendas del mercado. Navarra rechaza por ahora ese diagnóstico. Alfaro ha defendido públicamente que los precios están descendiendo y que «no está cayendo la oferta», al tiempo que atribuye parte de la reducción de operaciones a una menor rotación entre inquilinos y a contratos más estables.

Donde sí se han detectado cambios es en el aumento de los contratos de temporada. Navarra reconoce que algunos propietarios han recurrido a esta modalidad para escapar de las restricciones asociadas a las zonas tensionadas, una circunstancia que ha llevado al Ejecutivo autonómico a estudiar nuevas medidas de control para evitar usos fraudulentos de este tipo de arrendamientos.

La experiencia navarra también apunta a otra conclusión. El control de precios por sí solo no resuelve el problema del acceso a la vivienda. Junto a la regulación, el Gobierno foral ha impulsado programas de vivienda protegida, movilización de viviendas vacías, ayudas al alquiler y actuaciones dirigidas a incrementar la oferta residencial.

Mientras Asturias inicia ahora este camino con las primeras zonas tensionadas, Navarra se ha convertido en el primer laboratorio a gran escala para medir los efectos de la regulación. El Principado defiende que la vivienda debe ser entendida como un derecho y no como un bien sujeto exclusivamente a la lógica del mercado. Los próximos meses permitirán comprobar si la experiencia en la Comunidad Foral puede reproducirse también al otro lado de la Cordillera Cantábrica y si las zonas tensionadas logran contener una de las principales preocupaciones de quienes buscan vivienda en Asturias.