Asturias exige remitir a Bruselas el informe que ve favorable la situación del lobo

El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado, Marcelino Marcos, ha emplazado este lunes al Ministerio para la Transición Ecológica a remitir a la Comisión Europea el informe que considera favorable la situación del lobo en dos de las tres regiones con presencia de esta especie en las que se divide España tras ser respaldado mayoritariamente en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

El documento elaborado por Galicia, que discrepa de las conclusiones del informe elaborado por el Ministerio, ha recibido el rechazo del Gobierno central y de Cataluña mientras que se han abstenido Euskadi y Castilla-La Mancha y ha sido respaldado por el resto de comunidades autónomas con lo que, según Marcos, «no se puede cuestionar» y «confundir» en torno a un texto «riguroso y científico».

Para el titular de Medio Rural, la Sectorial de hoy ha constatado que hay una mayoría que «de una manera justificada» defiende que el informe que se tiene que trasladar a Bruselas es el aprobado hace poco menos de un año, «y ahora hay que realizar esa tarea y tratar de evitar las llamadas al orden por parte de la Comisión».

«No puede ser que el propio Ministerio fomente la polarización de un debate como el que se viene suscitando en los últimos años», ha subrayado el consejero que ha defendido la gestión responsable «y basada en criterios científicos, medidas preventivas y actuaciones proporcionadas» realizada en Asturias, con un programa de seguimiento continuado desde 1986 y una metodología estandarizada desde 2004.

Además, ha recordado que el censo de 2025 constata 50 grupos o manadas distribuidos por Asturias, además de otros cinco grupos que están sujetos a evaluación, y que la gran mayoría son reproductoras, un indicador de estabilidad y viabilidad poblacional de una especie territorial como el lobo.

El pasado ejercicio, ha recordado Marcos, hubo 3.903 cabezas de ganado afectadas por el lobo en el Principado sin tener en cuenta los daños afectados y que se comunican a las compañías de seguros o los que no lo comunican y el Principado destinó 1,9 millones a indemnizaciones, «unos datos que hacen muy difícil sustentar la posición del Ministerio de Transición Ecológica», informa EFE.