El parlamento asturiano exige responsabilidades por el accidente de la mina de Cerredo

 El parlamento asturiano ha cerrado este miércoles la investigación sobre el accidente registrado en la mina de Cerredo, en el que fallecieron cinco trabajadores leoneses en marzo de 2025, con la aprobación de un dictamen respaldado por todos los grupos parlamentarios, salvo el PSOE, que exige depurar responsabilidades para cuatro exconsejeros y tres altos funcionarios de la administración autonómica.

En concreto, el texto pide responsabilidades políticas que deberán «conllevar ceses» para los exconsejeros de Industria del Principado Belarmina Díaz -quien dimitió tras el siniestro-, Enrique Fernández -actual presidente de Hunosa-, Nieves Roqueñí -ahora presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón-, e Isaac Pola, y también para dos jefes de servicio y un secretario general técnico a los que menciona con nombres y apellidos.

El dictamen de la comisión, aprobado con el voto en contra del PSOE y a favor de su socio en el Gobierno regional, Izquierda Unida, señala además que, aunque la administración minera no causara directamente el accidente, los documentos aportados y las declaraciones realizadas apuntan a que pudo incurrir en fallos de control, supervisión, inspección y coherencia en la autorización, que favorecieron un contexto de riesgo no corregido.

En la misma sesión en la que se ha aprobado el dictamen, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha respondido previamente a dos preguntas planteadas por el PP y Foro sobre si piensa asumir o exigir responsabilidades por el accidente minero. Barbón, quien ha asegurado que su Gobierno asumió responsabilidades «desde el primer minuto», ha recordado que seis días después del accidente dimitió la entonces consejera de Industria, y ha destacado que ya se ha reorganizado la Dirección General de Minas; se ha reforzado el juzgado de Cangas del Narcea, que investiga el siniestro; se ha recuperado el Servicio de Inspección Minera y además se habilitarán ayudas para todas las víctimas de accidentes laborales mortales desde enero de 2025.

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha vuelto a denunciar que si la empresa responsable de la mina pudo extraer carbón «ilegal» en condiciones «inhumanas» fue por la actuación de un gobierno que debilitó las inspecciones, retorció la normativa y convirtió en «un caos» el Servicio de Minas, mientras que el secretario general de Foro, Adrián Pumares, ha advertido de que la labor de los políticos no es «atribuir responsabilidades penales, pero sí asumir las políticas cuando la administración falla», informa Efe.