Asturias recibirá del Estado 78,7 millones más para dependencia entre 2026 y 2027

El Principado de Asturias recibirá del Gobierno central 78,7 millones de euros más entre 2026 y 2027 tras la aprobación el pasado martes por el Consejo de Ministros del decreto que modifica la ley de presupuestos del Estado de 2023 para actualizar las cuantías del nivel mínimo de protección garantizado por el Estado para los beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Según ha informado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, esta estimación, realizada atendiendo a la última cifra publicada por el Imserso en mayo de 2026 que sitúa en 34.369 personas con prestaciones en Asturias, corresponde únicamente al nivel mínimo, el correspondiente a las cuantías que el Estado aporta por cada persona con grado reconocido. Esa cuantía no incluye la inversión adicional que supone el nivel acordado, que es la otra vía con la que el Gobierno central contribuye a la financiación de la dependencia y cuya cantidad se abordará en el Consejo Territorial de Servicios Sociales que se celebra el próximo lunes.

El desglose por años sitúa el incremento estimado para el nivel mínimo en Asturias en 26 millones de euros más este ejercicio y 52 millones de euros más en 2027 con lo que la aportación estatal a la dependencia en el Principado será de 83 millones este año y de 110 millones el siguiente.

El decreto aprobado el pasado martes contempla que las cuantías para el grado III (gran dependencia) suban un 128%, pasando de 290 euros al mes a 660 euros al mes; para el grado II (dependencia severa) un 100%, pasando de 130 euros al mes a 260 euros al mes, y para el grado I (dependencia moderada) un 18%, pasando de 76 euros al mes a 90 euros al mes. Además, se fija la cuantía de la aportación del Estado para las personas de dependencia extrema o Grado III+, como los enfermos de ELA, en 4.930 euros al mes.

El decreto argumenta que no existe obstáculo constitucional alguno para que en el ámbito de la competencia legislativa que corresponde al Estado pueda regular materias en las que una comunidad autónoma tenga competencias, pero en las que incida una competencia legislativa del Estado.

Además, justifica que el proyecto se adecúa a los principios de necesidad y eficacia y que responde a una razón de interés general en la medida en que solo mediante una mejora en la financiación podrá satisfacerse el ejercicio del derecho subjetivo a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Con estas cifras, la aportación económica del Gobierno central a la dependencia alcanzará los 5.513,8 millones de euros en 2026 y los 7.239,4 millones de euros en 2027, informa Efe.