El mito de «la paguita»: por qué los asturianos creen que los inmigrantes tienen ventajas sociales

La mayoría de los asturianos tiene una visión positiva de la inmigración, y también califican de aceptable el volumen de extranjeros residentes en la comunidad, son algunos de los principales datos revelados por la encuesta realizada por la Cátedra Universitaria de Demografía de la Universidad de Oviedo. Con todo, el mismo sondeo incluye un dato que ha llamado la atención de los investigadores y es lo extendida que está la idea de que los inmigrantes disfrutan de más ventajas en los programas sociales, lo cree más del 65% de los encuestados y además lo sostienen personas de todo perfil político.

Pero no es cierto, ni los inmigrantes ni los extranjeros tienen ningún tipo de ventaja a la hora de recibir prestaciones sociales, y de forma habitual los criterios para recibir estas ayudas son casi exclusivamente de renta. El mito de «la paguita» es muy transversal, algo que ha resaltado el profesor de Sociología de la Universidad de Oviedo, Hans Peter van den Broek, quien destacó que «el dato no debe sorprendernos porque esa es una idea generalizada en toda Europa. Es un argumento que utilizan sobre todo los partidos populistas y de ultraderecha; un argumento fácil que la gente traga con facilidad y a estos partidos les sale a cuenta».

El informe Asturdemo25 señala que el 65,2% de la población asturiana suscribe esa afirmación. Aunque la percepción alcanza sus niveles máximos entre los simpatizantes de la derecha (con un 88,2% de acuerdo en Vox y un 85,5% en el PP), el estudio refleja una importante penetración en el electorado progresista. Un 43,8% de los votantes del PSOE apoya esta tesis, mientras que en Izquierda Unida lo hace el 38,7% y en Sumar el 33,7%. Únicamente los afines a Podemos muestran un rechazo claro, situándose el acuerdo en tan solo un 11,8%.

Frente a estas creencias, el profesor Van den Broek recuerda que el marco normativo no contempla diferencias por origen: «Los beneficios sociales van en función de los ingresos y de la vulnerabilidad de la gente, no de la nacionalidad. No es porque vengas de fuera que te dan una ayuda; va en función del nivel socioeconómico de la persona o la familia». El sociólogo añadió que «es un dato sorprendente que muestra cómo una parte sustancial de la izquierda también ha asumido esa idea. A veces una idea falsa tiene más calado que su corrección, y probablemente se ha hecho demasiado poco para refutarla de forma directa».

En este sentido, el profesor apuntó al concepto de «privación relativa». Este fenómeno explica que el malestar social no surge únicamente de encontrarse en una situación de extrema vulnerabilidad, sino del agravio comparativo percibido al observar que otros colectivos progresan o acceden a coberturas de última red.

En Asturias, la inmigración ha experimentado un crecimiento acelerado en la última década, pasando de cifras residuales (por debajo del 1% antes del nuevo siglo) a representar casi ya el 7% de la población. El Principado sigue siendo una de las comunidades con menos inmigración pero su incremento se ha dado en un espacio muy breve de tiempo, apenas dos décadas. Este salto cuantitativo ha coincidido en el presente con el estancamiento de los salarios de las clases trabajadoras intermedias y problemas de acceso a la vivienda. Mientras las políticas públicas han mejorado las condiciones de las rentas más bajas mediante la subida del Salario Mínimo Interprofesional, los tramos inmediatamente superiores perciben que su situación económica no avanza.

Un ejemplo de esta dinámica se vivió en Países Bajos tras la crisis de refugiados de 2015. Como explicó Van den Broek a partir de la experiencia de su país de origen, a ciertas familias reconocidas como refugiadas se les asignaron casas de protección social en municipios donde jóvenes locales llevaban años en lista de espera. «A raíz de ahí sí que se ha generado esa idea de que a los refugiados se les da todo y la población autóctona no importa. Eso es real, ciertas familias se han puesto por delante en esa lista de espera y ha generado mucho malestar, pero yo creo que eso es un tema diferente a ventajas en los programas sociales», aclara el profesor.

E análisis técnico contrapone los prejuicios sobre la carga asistencial con la propia realidad sociodemográfica que recoge el estudio de la universidad. La encuesta refleja que un abrumador 78,4% de los asturianos admite que la inmigración permite cubrir puestos de trabajo que la población autóctona rechaza y un 76,5% reconoce sus efectos positivos sobre la economía general. La población que llega al Principado está integrada mayoritariamente por personas jóvenes en edad de trabajar que aportan mano de obra a una región hiperenvejecida y cuya demanda sobre la sanidad o las pensiones es limitada a corto plazo. Sin embargo, la falta de difusión objetiva sobre estos flujos y el hecho de que el 88% de los ciudadanos afirme desconocer las medidas del gobierno asturiano ante el reto demográfico abren el terreno para que calen los discursos sobre supuestos privilegios asistenciales.