Dos policías locales de Cudillero, juzgados por falso testimonio contra su jefe

Dos policías locales de Cudillero se sentarán en el banquillo de los acusados de un Juzgado de lo Penal de Oviedo para responder de su presunta responsabilidad en un delito de falso testimonio. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo dictó un auto, el pasado martes, día 14, por el que acuerda la apertura de juicio oral contra los agentes María Ángeles R.O y Ángel G.G., al estimar la petición de la Fiscalía y del abogado Gonzalo Botas González, que ejerce la acusación particular en representación del sargento jefe de la Policía Local pixueta, Iván Florez. Las acusaciones consideran que ambos agentes pudieron haber faltado a la verdad en la declaración que prestaron, en calidad de testigos, en el juicio que se celebró, en mayo de 2012, contra el sargento jefe por un delito de cohecho, ante el tribunal del jurado de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo, del que resultó absuelto.

El fiscal solicita para cada uno de los acusados una pena de dos años de prisión; una condena que el abogado Gonzalo Botas eleva a dos años y seis meses para cada uno de los acusados, al entender que en su caso concurre la circunstancia agravante de prevalerse de su condición de policías. A esta petición, el letrado ovetense suma otra solicitud para la suspensión de empleo o cargo público durante el mismo periodo así como una multa de 11 meses con una cuota diaria de 15 euros.

La acusación particular resalta, en el escrito de calificación provisional de la causa, que ambos agentes, que en la fecha en que se produjeron los hechos eran auxiliares de Policía Local, fueron advertidos de la obligación que contraían al declarar como testigos de ser veraces en sus manifestaciones, «con los apercibimientos legales correspondientes» y, pese a esta advertencia expresa, «ambos  faltaron a la verdad» en sus testimonios con la única y clara intención de «perjudicar a Iván Flórez».

Su testimonio incidía en que el sargento jefe había solicitado supuestamente una comisión a la Asociación de Festejos, que iría destinada a la Policía Local, inicialmente de 100 euros por día y policía, y posteriormente de 100 euros por policía, en concepto de labores de vigilancia nocturna, sin que conste la existencia de una ordenanza fiscal que regulara tal cobro por esa tarea.

La acusación particular incide en su calificación provisional en que ambos acusados cometieron presuntamente un delito de falso testimonio, como quedó demostrado por otros medios de prueba, que determinaron que se dictara una sentencia absolutoria para el sargento jefe, el 15 de mayo de 2012, confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), el  23 de noviembre de 2012, y en casación por el Tribunal Supremo, el 25 de noviembre de 2013.

El exalcalde pixueto

Ésta no es la única acusación que tendrán que dirimir los tribunales de justicia por el supuesto acoso del que habría sido víctima el sargento jefe. El abogado Gonzalo Botas formuló acusación, el pasado 8 de abril, contra el exalcalde pixueto y exdiputado socialista Francisco González, al que imputa un delito de denuncia falsa, con la agravante de  prevalerse de su condición de primer edil. En su escrito dirigido al juzgado de instrucción número 3 de Oviedo, pide para él la pena de dos años y multa de 24 meses a raíz de 12 euros diarios. En concepto de responsabilidad civil interesa el abono al sargento jefe de 15.000 euros como compensación por las pérdidas económicas y 25.000 euros por los tres años que ha estado sufriendo trastornos psiquiátricos a causa de la presunta persecución laboral y de  las que respondería el Ayuntamiento de Cudillero, como responsable civil subsidiario. El entonces alcalde pixueto, según el letrado, «utilizó presuntamente a  A.G.M y J.J. M.O para forzar un expediente administrativo frente al sargento jefe, sobre la base de falsas imputaciones».

Gonzalo Botas asegura que su representado, «harto del estado de corrupción que se registraba en el concejo decidió poner coto y rechazó cualquier pago en dinero negro a los agentes». Unos hechos que, según indica, quedan fuera de toda duda con las sentencias del Tribunal del Jurado, TSJA y Tribunal Supremo.

 El alto tribunal ratificó, el pasado mes de abril, la condena al exalcalde y a la exconcejala Verena Prendes por los supuestos cobros ilegales. A González le ha impuesto el pago de una multa de 14.400 euros y cuatro años de suspensión de empleo o cargo público y para la exedil una multa de 3.600 euros y suspensión durante tres años. Además, deberán devolver el dinero indebidamente cobrado a tres hosteleros que les denunciaron por pagos efectuados entre los años 2003 y 2008.