La línea de protección de 30 metros en el Camino de Santiago pone en pie de guerra a constructores, arquitectos y aparejadores

CAC-Asprocon y los colegios de Aparejadores y Arquitectos han pedido revocar la regulación provisional del Camino de Santiago aprobada en enero, al entender que supone una «sobreprotección desproporcionada». Las tres organizaciones han pedido un Plan Especial de Protección definitivo «que no ponga trabas a la ejecución de inversiones» y han solicitado que sean los ayuntamientos los que resuelvan las afecciones. Las tres instituciones han presentado un recurso de reposición frente a la resolución de la Consejería de Cultura que fija y delimita el conjunto histórico del Camino de Santiago en el Principado.

En el recurso, las tres organizaciones explican que «no rechazan el establecimiento de un régimen de protección para el Camino, trazado que valoran desde un punto de vista cultural y social, pero también económico» sobre el que «existe un sobreproteccionismo desaforado», según han informado desde la CAC-Asprocon.

Ello, unido a una «ineficiencia administrativa, ocasiona distorsiones económicas y la pérdida de inversiones no sólo significativas desde el punto de vista económico sino decisivas para la fijación de población en el mundo rural», han explicado.

La regulación del trazado en Asturias se estableció en un Decreto que determina un entorno de protección provisional del Camino de Santiago, constituido por una banda de treinta metros a cada lado de los distintos tramos rurales, afectando en las áreas urbanas a la parcela inmediatamente colindante con cada uno de los dos lados de la vía histórica.

El Decreto, explican, remite a un futuro Plan Especial la regulación de la protección de los trayectos asturianos del Camino. Será en ese instrumento de ordenación urbanística en el que definitivamente se regulen las servidumbres y afecciones vinculadas a todos los tramos o trazados que discurren por la región, han añadido.

Hasta que se apruebe el citado Plan Especial, no existe delimitada una servidumbre de protección, sino una franja de afección de 30 metros y con la resolución aprobada en enero, empresarios, aparejadores y arquitectos consideran que «lo que hace la Consejería es mantener esa provisionalidad, es decir, esa incertidumbre y esa inseguridad jurídica, pero consolidando esa afección mínima de 30 metros».

De esta forma, señalan en sus alegaciones, «quedan afectados todos los proyectos de edificación o de urbanización que se pretendan desarrollar dentro de esa delimitación, las cuales no se prohíben, pero sí deben solicitar autorización al ayuntamiento correspondiente».

Las tres organizaciones piden comenzar ya la tramitación y aprobación de un Plan Especial de Protección o un Plan Especial Territorial que regule definitivamente esta materia, aporte seguridad jurídica, y evite delimitaciones de entornos del Camino «con una protección desproporcionada».