Radiografía a la cooperación feminista que impulsa Asturias: del liderazgo de las mujeres a la salud sexual

La cooperación al desarrollo que impulsa Asturias lleva años incorporando la perspectiva de género en sus programas, pero en los últimos ejercicios ese enfoque ha dado un paso más hasta convertirse en uno de los ejes sobre los que gira buena parte de su acción internacional. La denominada cooperación feminista no solo ha ido ganando peso en la planificación y en la normativa asturiana, sino también en los presupuestos, con una línea específica de financiación que ha multiplicado sus recursos y que ha permitido extender proyectos dirigidos al empoderamiento de las mujeres, la prevención de la violencia de género o el acceso a la salud sexual y reproductiva.

El Gobierno asturiano defiende este modelo como una forma de actuar sobre las causas que generan la desigualdad. «Es una cooperación que incide en las causas estructurales de la desigualdad de género y sitúa en el centro de la política los derechos de las mujeres y las niñas», explica Beatriz Coto, directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo. A su juicio, la igualdad de género no es un elemento complementario dentro de la cooperación, sino un derecho humano que debe estar presente en todas las actuaciones, desde los proyectos de desarrollo hasta la acción humanitaria y la educación para la ciudadanía global.

Esa visión se ha ido trasladando a los principales instrumentos de planificación del Principado. El VI Plan Director de la Cooperación al Desarrollo Asturiana y la Estrategia Asturiana de Género para la Cooperación al Desarrollo 2023-2033 incorporan este enfoque, una estrategia que además fue elaborada con la participación de organizaciones feministas de países como El Salvador, Nicaragua, Chile o Guatemala. A ello se suma el proyecto de Ley de Cooperación al Desarrollo y la Solidaridad, todavía en tramitación, que pretende consolidar los derechos de mujeres y niñas como uno de los pilares de la acción pública asturiana en materia de cooperación.

El cambio también se aprecia en los recursos destinados a estas iniciativas. En 2018 la Agencia puso en marcha una convocatoria específica para proyectos de empoderamiento y promoción de los derechos de las mujeres, concebida para fortalecer tanto a organizaciones feministas de los países donde trabaja la cooperación asturiana como a las propias entidades asturianas. La convocatoria prioriza proyectos relacionados con la defensa de los derechos humanos, la participación política y económica de las mujeres, la construcción de paz, la prevención de la violencia de género o la mejora de la salud sexual y reproductiva. Desde entonces, el crecimiento ha sido constante. Entre 2018 y 2025 se financiaron 46 proyectos con una inversión superior a 2,3 millones de euros y cerca de 96.000 personas beneficiarias. Si se incorpora la propuesta provisional correspondiente a 2026, la cifra asciende a 56 proyectos y más de 3,29 millones de euros. El presupuesto anual destinado a esta línea ha pasado de 120.000 euros en su primera convocatoria al millón de euros previsto para 2026, mientras que el importe máximo por proyecto se ha incrementado desde los 30.000 hasta los 100.000 euros.

Ese crecimiento responde, según Coto, a una decisión política sostenida en el tiempo. «El enfoque de género ha sido siempre un elemento distintivo de la cooperación asturiana y en los últimos años hemos apostado por la cooperación feminista en todo el marco estratégico, en los instrumentos y también en el presupuesto», señala. De hecho, asegura que actualmente más del 65% del presupuesto de la cooperación asturiana se dirige a iniciativas relacionadas con la igualdad de género. La directora de la Agencia sitúa esta apuesta también en un contexto internacional marcado por el descenso de la ayuda al desarrollo y las dificultades que atraviesan muchas organizaciones de mujeres. «Es una cooperación que fortalece el trabajo con las organizaciones del Sur Global», explica, al tiempo que advierte del retroceso que experimentan las políticas de igualdad en algunos países y de la reducción de financiación para entidades que trabajan por los derechos de las mujeres y las niñas.

Proyectos que cambian la vida de las mujeres

Los proyectos financiados desde Asturias abarcan ámbitos muy diversos. En 2025 incluyen actuaciones dirigidas al liderazgo político, social y cultural de mujeres mayas; iniciativas para reforzar el papel de mujeres salvadoreñas en la vida pública; programas destinados a jóvenes a través del arte y las nuevas tecnologías; apoyo a defensoras ambientales y actuaciones relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos y la prevención de la violencia de género.

El Salvador se ha convertido en el principal destino de esta línea de cooperación. Solo en 2025 concentró cuatro de los ocho proyectos aprobados y, desde 2018, ha recibido catorce de las cuarenta y seis iniciativas desarrolladas. La explicación, según Beatriz Coto, responde tanto a la trayectoria de colaboración entre Asturias y las organizaciones locales como a la realidad social del país. «Es uno de los países prioritarios de la cooperación asturiana y presenta importantes brechas de género, con una de las tasas más elevadas de embarazo adolescente de América Latina y una legislación que penaliza el aborto», señala.

Más allá de las cifras, la responsable de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo insiste en que el impacto se mide por los cambios que estos proyectos generan en la vida cotidiana de las mujeres. El apoyo al emprendimiento económico, la mejora del acceso a la educación y a la seguridad alimentaria, el refuerzo de los servicios de salud sexual y reproductiva, la atención psicológica y jurídica a víctimas de violencia o la creación de asociaciones y comités comunitarios forman parte de unas actuaciones que, sostiene, «mejoran la vida de mujeres y niñas, pero también de sus comunidades». Como ejemplo, explica que un proyecto de acceso al agua potable no solo mejora las condiciones sanitarias, sino que también reduce la carga de trabajo que tradicionalmente asumen mujeres y niñas, facilita su escolarización y disminuye los riesgos de sufrir agresiones sexuales durante los desplazamientos para recoger agua.

La estrategia continuará ampliándose en 2026 con nuevos proyectos centrados en el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva en los campamentos saharauis y en el apoyo a organizaciones de economía social dedicadas a los cuidados comunitarios en Colombia. Paralelamente, el proyecto de Ley de Cooperación al Desarrollo y la Solidaridad aspira a reforzar jurídicamente este modelo, incorporando por primera vez el reconocimiento expreso de las niñas como sujetos de derecho y consolidando la cooperación feminista como uno de los principios de la política pública asturiana: «Al ritmo actual harán falta otros 137 años para poner fin a la pobreza extrema en las mujeres y las niñas, por eseo es necesario reforzar aquellos sectores donde las mujeres y las niñas están expuestas a mayores vulneraciones de derechos humanos».