Una gijonesa con dos hijos teme el desahucio tras perder el salario social: «O pagábamos el alquiler o comíamos»

La incertidumbre se ha instalado en la vida de Adoración Gabarre, pensionista residente en Gijón, que teme quedarse en la calle junto a sus dos hijos de 18 y 21 años. Su caso, que ha sido visibilizado por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias, muestra las dificultades que afrontan algunas familias vulnerables ante el final de las medidas extraordinarias de protección frente a desahucios y la falta de alternativas habitacionales disponibles.

Gabarre lleva ocho años residiendo en una vivienda de alquiler en la ciudad. Durante un tiempo pudo hacer frente al pago de la renta de 400 euros mensuales gracias a la suma de su pensión, de unos 500 euros, y el salario social autonómico. En total, ingresaba alrededor de 1.050 euros al mes, una cantidad que, asegura, le permitía sostener el alquiler y los gastos básicos de la casa, aunque «con dificultades».

La situación cambió durante la pandemia, cuando se generalizó la tramitación del Ingreso Mínimo Vital. Según explica, al iniciar el proceso de solicitud se detectó que no había comunicado a la administración un cambio de domicilio tras mudarse a otro piso dentro de la ciudad. «Yo no sabía que al cambiar de calle tenía que notificarlo también en el salario social», relata. Esa falta de notificación derivó, según la afectada, en la retirada de la prestación autonómica, lo que redujo sus ingresos mensuales a la pensión de 500 euros.

Con esa cantidad, sostiene, resulta imposible mantener el alquiler. «Tenía que pagar 400 euros de renta. O comíamos o pagábamos», resume. La imposibilidad de asumir los pagos provocó el inicio del proceso judicial que ahora puede desembocar en el desahucio.

Durante los últimos años, Gabarre pudo permanecer en la vivienda gracias a las sucesivas prórrogas del denominado «escudo social», el conjunto de medidas impulsadas por el Gobierno central para suspender lanzamientos en casos de vulnerabilidad. Sin embargo, el reciente rechazo en el Congreso a la ampliación de estas medidas ha vuelto a colocar a muchas familias en una situación de incertidumbre. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias estima que hasta 7.000 personas en la comunidad podrían verse afectadas.

La propia Gabarre compareció este martes frente a la sede de la Fundación Municipal de Servicios Sociales de Gijón junto al portavoz del colectivo, Javier Quiroga, para reclamar una solución habitacional. La afectada asegura que lleva años solicitando una vivienda de emergencia sin éxito. «La pedí todos los años y me la denegaban. El año pasado entré por fin en la lista, pero me dicen que no hay viviendas disponibles», explica.

Además, señala que la normativa actual limita la suspensión del desahucio cuando el propietario del inmueble es un pequeño tenedor. En su caso, indica, el dueño dispone de dos viviendas, lo que permitiría continuar con el procedimiento judicial aunque la familia sea considerada vulnerable.

Por ahora no existe una fecha fijada para el lanzamiento, pero el proceso podría acelerarse en cuanto el juzgado reciba el informe de Servicios Sociales que debe acreditar su situación. «Me dijeron que en cuanto llegue ese informe el juez pondrá día y hora. Puede ser en cualquier momento», explica con preocupación.

Mientras tanto, Gabarre insiste en que su única alternativa pasa por acceder a una vivienda pública o de emergencia. Asegura que tanto ella como uno de sus hijos tienen problemas de salud y que sus hijos, pese a haber realizado cursos de formación, no han logrado encontrar empleo. «Buscar un alquiler privado es imposible para nosotros. Piden nóminas altas, contratos largos y avales que no tenemos», lamenta.

Desde el Sindicato de Inquilinas sostienen que casos como el suyo evidencian la falta de parque público suficiente y reclaman a las administraciones una respuesta urgente para evitar que familias vulnerables terminen en la calle. Mientras tanto, Adoración Gabarre espera noticias del juzgado con la sensación de que el tiempo juega en su contra. «Lo único que pido es un techo donde podamos vivir», concluye.