Una revolución de opereta

Por fin, Puigdemont y los independentistas que lo apoyan se decidieron a cruzar el Rubicón. O quizá no, el diario Público informaba el domingo de que el acuerdo del parlament no había sido publicado en los diarios oficiales y que, en todo caso, se habría aprobado la parte dispositiva, no el preámbulo que proclamaba la república catalana. No es un mal colofón para este sorprendente mes de octubre de 2017, en el que nada ha sido nunca lo que parecía y que, inevitablemente, pasará a la historia, pero no me atrevo a aventurar cómo. A mí me ha descubierto algo que me duele: no he logrado adaptarme al siglo XXI. Quizá no se deba solo a mi edad, puede que influya que, además de haber nacido en la mitad del siglo XX, mi profesión me hace ver las cosas incluso como alguien más antiguo, perteneciente a esas épocas en las que, por ejemplo, una revolución o un golpe de estado suponían que alguien tomaba el poder o intentaba hacerlo. También que, además de haber leído bastante sobre cambios revolucionarios e incluso haber visto alguno, me gusta el cine. Llevo todo el mes con Sopa de Ganso y Bananas en la cabeza.

Como soy a la vez historiador y periodista de vocación frustrada, el viernes me dispuse a seguir por la televisión un acontecimiento histórico: la posible declaración de independencia de Cataluña, el nacimiento de un nuevo estado nación, la ruptura de la centenaria España. Me sorprendió relativamente la poca solemnidad del acto parlamentario porque había precedentes, más lo hizo la escasa alegría que mostraban las caras de los protagonistas, salvo las de los miembros de la CUP, y la escasa épica y brillantez de los breves discursos, pero lo peor vino por la tarde.

El señor Puigdemont, presidente de la nueva república, se trasladó al palacio de la plaza de Sant Jaume, pero ni siquiera ordenó retirar la bandera del estado opresor que ondeaba sobre el edificio. Los ciudadanos que festejaban en el exterior se lo pedían insistentemente, así como que saliese a decir unas palabras al balcón, pero, para desesperación de Miguel Ángel Aguilar, otro antiguo, prefirió irse a su casa de Girona a descansar. ¡Qué diferencia con el 14 de abril de 1931! Poco duró entonces la bandera monárquica en la Puerta del Sol.

Supuse que el govern, convertido en gobierno provisional de la república catalana, se reuniría esa tarde para organizar el efectivo control del poder en Cataluña o la resistencia ante la inevitable reacción del estado español, pues no. El senado aprobó la aplicación del artículo 155, Rajoy destituyó a las principales autoridades catalanas y disolvió el parlament, pero hubo que esperar al día siguiente para que el flamante presidente enviase una breve e insulsa declaración pregrabada a TV3 que, para pasmo de la mayoría, vio él mismo tomándose un vino en un bar. Mientras tanto, en Madrid los ministerios preparaban las cosas para hacerse, el lunes, con el control efectivo de las instituciones catalanas.

La sensación de irrealidad se acentuó al ver los periódicos madrileños en la mañana del sábado. «El Estado acude a sofocar la insurrección», titulaba el más desbocado a toda plana. «España descabeza el golpe», decía otro. «Ley frente a rebelión», un tercero. Anonadado, me puse a ver las televisiones, con el ordenador abierto ¿Habría barricadas en las calles de Barcelona? ¿Habrían salido los mossos a tomarlas como en 1934? ¿Estarían los tanques en las ramblas? Pues no, los únicos que habían provocado incidentes la noche anterior eran algunos patriotas españoles, poco numerosos. Los congregados en la plaza de San Jaume se habían ido, no muy tarde, para sus casas, tras agotar las botellas de cava. No, tanto la república catalana, como la insurrección o el golpe de estado debían pertenecer a lo que se ha dado en llamar la «posverdad» o quizá a una realidad virtual. Cosas del siglo XXI.

El domingo recorrió las calles de la capital de Cataluña una gran manifestación de contrarios a la independencia con tranquilidad, aunque se repitieron las agresiones protagonizadas por ultraderechistas. A pesar de lo que indicaban los agoreros, el partido Girona-Real Madrid se celebró con normalidad y sin incidentes. El lunes se confirmó, la república ni está ni se la espera.

Podría pensarse que los independentistas se vieron sorprendidos por la inteligente respuesta de Mariano Rajoy. Sin duda fue así, pero eso no debería haber impedido que intentasen hacer efectiva la independencia, si es que alguna vez lo pretendieron.

Yendo a la realidad clásica, la aplicación del artículo 155 era inevitable. La Constitución es diáfana, las leyes también. Incluso aunque se tratase de un simple desahogo teatral, eran autoridades que sabían que cometían un acto ilegal y cuáles serían sus consecuencias. Desde que nacieron, hace ya dos siglos, el objetivo de los nacionalismos ha sido construir naciones destinadas a convertirse en estados independientes, eso tampoco puede ser hoy causa de asombro. Lo que sí llama la atención es que los nacionalistas catalanes hayan pretendido lograrlo sin el apoyo social suficiente y siendo conscientes de que carecían de la fuerza necesaria para que su declaración fuese algo más que simbólica.

El gobierno del PP es centralista, ese partido tuvo mucho que ver con la derogación por supuestamente inconstitucional del Estatut de 2006, pero lleva años en crisis, deteriorado por la corrupción, lo que permitió que desde 2015 gobernase en minoría, por lo que el papel de los nacionalistas en las Cortes habría podido ser decisivo si su objetivo fuese conseguir mayor autonomía, reformar la Constitución y elaborar un nuevo estatuto. Prefirieron seguir la vía maximalista, haciendo imposible cualquier coalición que sustentase un gobierno alternativo al minoritario del PP o incluso la búsqueda de un pacto con él. La deriva de Convergencia hacia el independentismo fue claramente oportunista, la crisis económica fortalecía a ERC y permitió el ascenso de la CUP y de Podem, lo que amenazaba su hegemonía, pero con el liderazgo de Puigdemont llegó a lo que solo puede definirse como aventurerismo político.

Es difícil objetar que, frente a los riesgos de un enfrentamiento con el Estado, en un país democrático que pertenece a una Unión Europea que será cada vez más federal, conseguir un acomodo razonable en un doble federalismo español y europeo era más viable que la independencia y hubiera evitado conflictos y fracturas sociales que van a tardar mucho en cerrarse. La irresponsabilidad de los dirigentes catalanes es innegable. Las últimas decisiones solo podrían explicarse si su objetivo fuese el martirio político para crear una tensión que hiciese inevitable la independencia en unos años, aun a costa de una crisis económica y social y, quizá, de la violencia, pero las continuas artimañas para que no se sepa si realmente han declarado algo y qué es convierten en dudoso ese hipotético deseo de inmolarse por la patria.

Que la intervención de la Generalitat se limite a una breve interinidad mientras se celebran las elecciones produce tranquilidad y deja sin argumentos a quienes identificaban la aplicación del artículo 155 con el fin de la democracia en Cataluña y una amenaza para toda España. De todas formas, el panorama está lejos de despejarse. Los nacionalistas catalanes están hoy desanimados, sus partidos divididos y sus dirigentes desacreditados, pero no van a desaparecer. El descontento de un amplio sector de la sociedad continuará, aunque busque otras formas de expresarse. Es de desear que el gobierno no ceda a las presiones de la ultraderecha mediática e interna, que clama por una intervención auténticamente represiva.

El encarcelamiento de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart es un mal precedente. La justicia actuará contra quienes hayan cometido ilegalidades, se da por supuesto, pero la fiscalía no es independiente y si pedir prisiones provisionales sin fianza a discreción es siempre discutible, todavía lo es más cuando se trata de actos en los que no ha habido verdadera violencia, casi todo ha sucedido de forma pacífica, que, además, es dudoso que encajen en los graves delitos que se barajan y cuando, a pesar de todo, nunca hubo siquiera auténtico riesgo de que la propia independencia se produjese. Procésese a quien pueda merecerlo, pero evítese encarcelar a nadie antes de que haya recaído sobre él una sentencia firme. Una represión precipitada y desmedida, o dictada por la venganza, por mucho que los jueces puedan estar justificadamente irritados por las protestas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sería la mejor vía para lograr que los independentistas volviesen a ganar en las elecciones de diciembre. La presencia de fascistas en las manifestaciones por la unidad de España tampoco favorece nada a los partidos contrarios a la secesión. Hoy podemos hablar de una revolución de opereta, que daña sobre todo a sus poco afortunados protagonistas, sería imperdonable que se la hiciese derivar hacia la tragedia.