Así es la realidad que vive Plena Inclusión Asturias desde el 12 de marzo

Plena Inclusión Asturias representa a un total de 21 asociaciones ubicadas en los diferentes puntos de la región. Algunas asociaciones gestionan centros y servicios y forman parte de la red público-privada que garantiza desde hace muchos años la atención especializada a las personas con Discapacidad intelectual y a sus familias.

Nuestras asociaciones, una vez más, han demostrado el compromiso y la fuerza necesaria, poniendo en marcha desde el mismo día 12 de marzo todo un sistema de recursos humanos y materiales de que disponemos y que ha permitido afrontar el confinamiento y la crisis emocional que todo ello ha generado a este colectivo. Y lo hemos hecho, una vez más sin contar con la responsabilidad y la financiación necesaria de la administración, para la que desde ese día 12 hemos sido «ciudadanos invisibles».

Permanecemos desde hace meses sin interlocución ordenada y continuada que nos guie y hemos ido avanzando desde la estructura que conformamos con los recursos y apoyos que una vez más   generamos entre todas las asociaciones, con el trabajo en red que siempre nos ha definido, apoyando y acompañando a cada familia y a cada usuario de nuestros centros y servicios. Las personas con discapacidad intelectual han visto de repente una fractura en su modo de vida y en las rutinas que conforman su estabilidad emocional. Se les ha negado la oportunidad de encontrarse, interactuar, divertirse, relajarse...y las familias han tenido que hacer frente a unas situaciones muy duras con el único apoyo de los profesionales de las asociaciones, que con escasos recursos han generado apoyos y ayudas.

No hemos encontrado hasta el día de hoy referencia ninguna a nuestro trabajo y/o población, más allá de la que se refiere a la población con «dependencia», colectivo que engloba a demasiados grupos, todos diferentes y según algunas declaraciones de la Portavoz del Gobierno de Asturias, Consejera de Derechos Sociales, parece referirse únicamente a las personas «mayores».

Hemos tenido que defender y reivindicar desde el día 12 de marzo (anuncio de confinamiento) el derecho al pago de los servicios, a la desinfección de los centros, a la provisión de materiales de protección y seguridad que sólo desde la solidaridad de algunas organizaciones y desde la cobertura de la organización Plena Inclusión hemos podido conseguir. 

En estos días tratamos de mostrar la realidad de un colectivo de personas con Discapacidad intelectual que no DEBEN DE SER TRATADOS COMO LAS PERSONAS MAYORES, tal y como se aplica la actual normativa que regula su estancia en residencias. Las normas, que tienen como fin prevenir cualquier tipo de contagio, han generado un enorme impacto económico y organizativo no previsto en nuestras asociaciones «sin ánimo de lucro». Entre las exigencias destacan la puesta a disposición de residentes, trabajadores y visitantes de equipos de protección recomendando que se disponga de un stock de al menos un mes; la realización de PCRs a trabajadores y residentes; sectorización de las instalaciones en unidades de convivencia más reducidas, etc.  Entendemos que todas estas medidas son necesarias y por ello las estamos implementando, pero NO se han contemplado desde la administración asturiana los recursos adicionales que no tenemos. Y a más se nos han negado.

Nuestras asociaciones NO obtienen ningún beneficio económico de la atención a las personas a las que prestan apoyo. Nuestros servicios resultan deficitarios debido a la calidad de la atención que ofrecen y más si tenemos en cuenta el déficit generado con la entrada en vigor del convenio del sector que la Consejería se negó a reconocer desde el primer momento, aunque tras varias reivindicaciones han abonado la mitad de dicho déficit. Y así ha sido históricamente y así parece que va a seguir siendo: una constante denuncia por todos los derechos que no nos son reconocidos.

Plena Inclusión Asturias denuncia la situación en la que se encuentran todas las asociaciones miembros, que no han conseguido garantías ni apoyos desde la Consejería de Derechos Sociales para superar esta difícil etapa que todos vivimos. Menos aún una interlocución continuada y regular, como si ocurre en casi todas las CCAA (Aragón, Baleares, Madrid, País Vasco, Extremadura…)

Desde las asociaciones se han creado servicios de apoyo, salidas terapéuticas, materiales de formación, sesiones online desde el mismo mes de marzo sin que la Consejería garantizara los costes, los recursos ni menos aún las orientaciones precisas para la estabilidad de nuestro sector. Aun así, deseamos poner en valor el esfuerzo de algunos técnicos /funcionarios que sobrepasados de tareas han intentado paliar el gran perjuicio que se estaba ocasionando a este colectivo. Y cada semana hemos ido peleando por el derecho al reconocimiento de nuestros trabajadores, el derecho al cobro en tiempo y forma, cada semana desde el día 12 de marzo nos hemos encontrado con el caos y el silencio absoluto.

Y no olvidamos a nuestros niños y niñas con discapacidad que desde la Consejería de Educación resultan aún menos visibles. Ni una pauta, ni un protocolo, ni un recurso específico que permita que nuestros hijos e hijas en edad escolar inicien el curso con «garantías y seguridad». ¿Dónde ha estado la Consejera de Educación?  Es patente la total discriminación que estamos sufriendo.

En este momento, reivindicamos la realización de pruebas PCR (ante una vergonzosa respuesta que recibimos para que abonáramos las asociaciones el coste de las mismas), reivindicamos la urgente financiación que nos ha provocado el gasto extraordinario de la pandemia y que no sabemos cuánto más se alargará, reivindicamos un debate reflexivo y consensuado para la puesta en marcha de la acción concertada, debate que se nos niega y al que solo podemos acceder con alguna «propuestas a considerar»…. Reivindicamos el derecho a ser reconocidos y tratados como el resto de los ciudadanos. Exigimos un trato justo y una planificación responsable ante esta etapa que nos toca vivir.

Y RECORDAMOS a nuestra administración asturiana el contenido de la «estrategia española sobre discapacidad 2012-2020» que entre otros aspectos reconoce: «el papel determinante que el entorno juega en la discapacidad siendo un obstáculo principal las políticas y normas insuficientes, la prestación insuficiente de servicios, así como la financiación insuficiente... Todo ello contribuye a obtener peores resultados sanitarios, limitada participación, y mayor dependencia».