Tumbos

La verdad es que la conocida como reforma laboral que aprobó el PP al poco de llegar Rajoy a La Moncloa parecía una de las normativas que más pronto se iban a modificar (al igual que ocurrió con otras como la de Educación) pero no, a día de hoy sigue en vigor y con toda la pinta de que llegará a rebasar los diez años de existencia. A mi juicio no hay que tumbarla, sino que hay que aprobar cuanto antes una nueva ley acorde a los tiempos que vivimos y, a ser posible, que sea lo más satisfactoria para todos los agentes sociales. Solo así se garantizará que ante un cambio de gobierno no se derogue. Al margen de los cruces de declaraciones entre las vicepresidentas Calviño y Díaz, me quedo con lo importante, que es el firme compromiso del Gobierno que dirige Pedro Sánchez de que no se mantendrá una normativa claramente lesiva para la clase trabajadora. Por otra parte, sin duda la otra cuestión trascendental en este momento tiene que ver con los presupuestos del año que viene, donde espero que no ocurra como en Portugal (que han sido tumbados por el parlamento luso, obligando al primer ministro Antonio Costa a plantearse el adelanto de las elecciones) y más en este momento en el que las encuestas ven más fuerte al bloque de la derecha que al de la izquierda.

La justicia, y más concretamente el Tribunal Constitucional, ha dictado dos sentencias que conllevan tumbos importantes. El primero vuelve a tener como protagonista al Estado de Alarma, lo que provoca que si esta figura recogida en la Constitución no sirve para proteger a la ciudadanía ante una pandemia sanitaria, el Gobierno que esté al frente deberá optar por otras restricciones aún más severas, como por ejemplo el estado de excepción. El otro revés para la administración pública, y concretamente al ámbito municipal, tiene que ver con el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), más conocido como la plusvalía. En estas fechas en los ayuntamientos están elaborando los presupuestos de 2022 puede que tengan que replantearse todo ante la incertidumbre de cómo cuadrar los números sin esos ingresos que se tenían estimados conseguir, que por diversas informaciones hablaríamos de 2.500 millones de euros al año. Estas dos sentencias del Constitucional no son poca cosa y se debe tener claro cómo actuar para no poner en entredicho la seguridad jurídica en la toma de decisiones. Ayer también fue noticia la Audiencia Nacional al considerar probado que la reforma de la sede del PP en la calle Génova se pagó con dinero negro, lo que podría acelerar lo estético, que es el intento de Casado de mudarse a otro lugar con el que vender la imagen de que la corrupción es cosa del pasado, pero más medidas de calado no parece que se vaya a atrever a tomar (no vaya a ser que le tumben desde sus propias filas).

Esta semana se celebró en el parlamento regional el Debate de Orientación Política, lo que vendría a ser el equivalente al Debate del Estado de la Nación, y como principal titular hay que destacar la intervención de Adrián Pumares. Desveló su voto favorable a la oficialidad de la llingua asturiana y del gallego-asturiano, lo que permite que en estos momentos haya 27 diputadas y diputados dispuestos a modificar el Estatuto de Autonomía. Eso sí, el voto favorable de Foro no saldrá gratis porque lo ha condicionado a que se cumplan una serie de condiciones que en algunos casos podrían ser motivo suficiente para tumbar cualquier opción de acuerdo, como por ejemplo eliminar prácticamente el impuesto de sucesiones dentro de un paquete de reformas fiscales que a su juicio debe realizarse. Así pues, si no hay un cambio de criterio que desligue las negociaciones del Estatuto con las presupuestarias, la legislatura podría terminar sin que Asturias/Asturies tuviera plenamente reconocidas sus dos lenguas propias. Ojalá que Foro separe ambas cuestiones y no retrasemos más la oficialidad, porque cuarenta años de retraso ya han sido más que suficientes.