Bañistas y nadadoras

Que la propaganda del odio cala hasta los huesos y envenena el aire, lo hemos visto con el puñado de bañistas de Castell de Ferro (Granada) deteniendo a algunos de los inmigrantes que acababan de llegar a la playa saltando al mar desde una embarcación que no llegó a tocar tierra. No socorrer a quien está en situación de evidente dificultad puede ser, si el cansancio extremo del viaje lo pone en peligro manifiesto y grave (muchos ahogamientos en estos trayectos de riesgo se producen con la orilla al alcance de sólo unas brazas), un delito de omisión del deber de socorro (artículo 195 del Código Penal). Y que un particular detenga a alguien que no ha cometido un delito (pues la entrada en territorio español por puesto no habilitado no es un delito sino una infracción administrativa), incluso cuando pretenda presentarla a la autoridad, puede ser, contrariamente, constitutivo del delito de detención ilegal (artículo 163.4 del Código Penal). Sin embargo, cualquier fanático se siente ahora autorizado para detener por la fuerza a quien se encuentra agotado y en situación de desventaja, creyéndose guardián de las fronteras y, por supuesto, sin prestar socorro a quien puede necesitarlo (vaya después a ser devuelto o expulsado, cuestión distinta y que no compete al particular analizar). Una sociedad ha enfermado de autoritarismo cuando personas a título individual y sin título para ello, quieren salvarnos de los males que atribuyen a la inmigración irregular y jugar para ello el papel de ocasionales agentes de la autoridad, sin conmiseración alguna, creyendo merecer por ello reconocimiento y actuando abusiva e impunemente.

En esto nos están convirtiendo y no sucede por causalidad. Previamente a sucesos como el vivido llevamos años de criminalización de la solidaridad con los migrantes, en España y en países de nuestro entorno. Y, con el auge nacional-populista, se ha extendido la idea brutal (y contraria a Derecho) de que la inmigración irregular es delictiva de raíz también en el caso de quien no tiene más papel en ella que el pago a quien le transporta (y que de buena gana pediría un visado y pagaría un pasaje de transporte regular, si ambas opciones fueran realmente posibles). Una parte creciente de la población asume y cree que, por esa condición, el inmigrante irregular puede ser desposeído de cualquier protección o derecho y hasta ser objeto de la acción violenta de espontáneos, como ha sucedido con los bañistas del caso. Si dejamos que el discurso de deshumanización campe a sus anchas y obtenga un eco inmerecido, habrá más ejemplos similares de personas dispuestas a llevar a la práctica con sus propias manos la privación de derechos a los demás, y esa forma de proceder pasará de la inmigración irregular a otros ámbitos, que pueden tocar a cualquiera.

Antes que a los bañistas de este triste episodio prefiero a nadadoras como Anabel Montes o Sarah Mardini, que han vivido de cerca cómo se criminaliza y persigue la solidaridad. Anabel, ovetense, es coordinadora de operaciones de búsqueda rescate en la ONG italiana Emergency y antes se jugó el tipo en el Mediterráneo en las misiones de rescate de Open Arms y Médicos sin Fronteras, haciendo el trabajo que deberían realizar (y no impedir) los Estados: rescatar y llevar a puerto seguro a quien corre grave riesgo de ahogarse en el mar en embarcaciones frágiles o de fortuna (pase lo que haya de pasar después con el estatus migratorio o de protección internacional de la persona). Sarah es originaria de Siria y llegó a Lesbos como refugiada en 2015, en plena guerra civil en su país. Cuando el motor de la embarcación en que viajaba dejó de funcionar, Sarah y su hermana Yusra salvaron a otros 18 ocupantes arrastrando la embarcación que se hundía a un lugar seguro. Yusra llegó a nadar para el Equipo Olímpico de Refugiados (Premio «Princesa de Asturias» de los Deportes en 2022). Sarah regresó a Grecia en 2016 y trabajó como voluntaria en una organización griega de búsqueda y salvamento, razón por la cuál fue injustamente detenida en agosto de 2018 y pasó 100 días en prisión antes de quedar en libertad bajo fianza, gracias a la presión sobre su caso y a campañas desarrolladas en su favor por organizaciones como Amnistía Internacional. Su odisea fue reflejada en la película «Las nadadoras», que deberían ver todos y cada uno de los aguerridos bañistas de las playas granadinas antes de lanzarse a detener en lugar de socorrer. Anabel y Sarah, como otras rescatadoras, han sufrido el cobarde hostigamiento de quienes se sienten autorizados, generalmente desde el anonimato e impunidad de las redes (nefasta práctica a la que debería ponerse coto), a señalar y perseguir, causando dolor y zozobra por ver tanto mal e ignorancia acumulados y proyectados contra quien salva vidas.

Cada uno, en suma, que escoja su referente.