La justicia y los indicios

Por norma general, lo políticamente correcto es decir que se respeta siempre la decisión del poder judicial (incluso cuando se discrepa de las decisiones de las y los magistrados). Para quienes confiamos en la justicia como uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia, nos es imprescindible tener la certeza de que a la hora de investigar (antiguamente se decía imputar) a alguien, las juezas y los jueces han recabado los suficientes indicios en la fase de instrucción para que, posteriormente, un tribunal dilucide un veredicto justo. Es evidente que en los tiempos que vivimos ‘la pena de telediario’ a la que se someten a ciertas personalidades públicas provoca que, en muchas ocasiones, se vea quebrantada la presunción de inocencia sin haber una sentencia firme condenatoria.

Cualquiera de nosotras y de nosotros tenemos posibilidades de ser juzgados por diferentes cuestiones, y estoy convencido de que aunque aceptemos las reglas del juego y nuestra obligación de pasar por ese trance, lo que deseamos ante todo es contar con unas altas garantías en que se hará justicia. Lamentablemente en muchas ocasiones hay denuncias que surgen de especulaciones, de noticias mal contrastadas o, directamente, de inventos enfocados a calumniar a una persona inocente. Hay sucesos bien analizados y trabajados a los que es imposible inventar coartadas, pero también existen otras causas en las que injustamente se está maltratando la imagen pública de alguien con la consiguiente presión social indecente. Lo segundo solamente hace daño a la justicia y, por extensión, al propio sistema democrático, algo que tenemos que erradicar.

Una investigación que creo que se está llevando con rigor es el llamado caso Koldo, un asunto tremendamente duro para el entorno socialista, porque dos de sus principales protagonistas han ocupado un puesto clave en la Comisión Ejecutiva Federal como es la Secretaría de Organización (conste que lo que sabemos por ahora puede que sea la punta del iceberg, porque realmente la información que disponemos es la proporcionada por la Unidad Central Operativa [UCO] de la Guardia Civil en sus informes). ¿Puede terminar todo en nada, sin sentencias condenatorias? Es una posibilidad, pero lo que no se puede negar es que existen indicios solventes, y están tan bien documentados que han conllevado que un partido como el PSOE se haya visto obligado a expulsar a Santos Cerdán y a José Luis Ábalo.

En cambio, no tengo la misma opinión con los casos que afectan a familiares del Presidente del Gobierno. Yo estoy convencido de que si Begoña Gómez y David Sánchez no tuvieran ningún tipo de relación con Pedro Sánchez, ambos no estarían inmersos hoy en causas judiciales. Obviamente ni su mujer ni su hermano son lo que importa, sino que el objetivo a atacar es el propio Secretario General del PSOE (aunque ello conlleve daños colaterales a su entorno familiar). Numerosos expertos del campo del Derecho coinciden en señalar que, en estos últimos 16 meses de diligencias, prácticamente todas las interpretaciones del magistrado Juan Carlos Peinado (mañana cumplirá 71 años) son muy cuestionables, en línea con lo expresado ya por el Tribunal Supremo cuando descartó investigar a Félix Bolaños por presuntos delitos de malversación y falso testimonio por la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez (le afearon la «absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitu» de la participación del ministro en este tema). Es muy dudosa la decisión de separar una pieza para que un jurado popular juzgue un posible delito de malversación de caudales públicos, porque parece primar más el espectáculo en televisión que hacer justicia (además, cualquier persona que siga mínimamente la actualidad ha oído hablar de este tema y, por ello, encontrar a gente no influenciable se plantea bastante complicado). Confío en que no lleguen a nada ambos pleitos, y si eso es así en el futuro, ¿quién les reparará el daño realizado?

La investigación a Alberto González Amador, en cambio, no se realiza a mi entender porque sea la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Esta persona se sentará en el banquillo por un presunto delito contra la Hacienda Pública, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal (se aprecia claros indicios de utilizar facturas falsas para defraudar 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021), pero en su caso ya tenemos un testimonio muy importante, porque a través de su abogado intentó llegar a un pacto de conformidad con la Fiscalía por el que estaba dispuesto a reconocer dos delitos fiscales (y, al final, ha originado en otra causa, inédita en la historia de España, contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos), así que estamos ante la confesión de que se saltó la ley. Por eso digo que este ejemplo no es en absoluto comparable a los que afectan al entorno familiar de Pedro Sánchez.

En definitiva, y sin que sea yo ningún experto en la materia pero sí con una firme convicción de que necesitamos una justicia garantista, considero muy importante que la judicatura funcione de manera honrada y eficiente, y para ello es elemental que los indicios sean solventes, porque lo contrario es tergiversar la función de la justicia.