Y Salomé pidió la cabeza del Bautista

Coinciden los analistas que han hablado y escrito entre el jueves y el sábado últimos en que la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se produjo, sorprendentemente, en poco tiempo, en apenas siete días. Por nuestra parte, sin embargo, calculamos que esa semana fue excepcionalmente larga, pero necesaria para guardar las formas, para los cinco magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, porque la condena ya venía en las entrañas de la decisión del juez instructor de la causa, Ángel Hurtado, de sentarlo en el banquillo por un delito, de revelación de secretos, que era el meollo, pero que final y sospechosamente transmutó a uno de «datos reservados» (!?). Que quede, pues, luminoso: García Ortiz estaba condenado antes del comienzo del proceso.

Los datos reservados, como es sabido, afectaban a Alberto González Amador, o sea, a Isabel Díaz Ayuso. La comunión <<cristiana>> entre Amador, Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez, amén del aparato político que <<guarda>> los intereses de la presidenta, también de la pleitesía que le guardan los poderes fácticos socioeconómicos, beneficiarios de la deconstrucción de los servicios públicos, causa de desesperación, enfermedad y muerte de quienes no pueden pagar el <<peaje>> privado de Quirón, con nubarrones preñados de dudas acerca de los espurios intereses económicos que unen al conglomerado sanitario con la familia Ayuso, incluida su <<amantísima>> pareja (anteayer se ha sabido, y este en un ejemplo sin importancia para este maquiavélica comunión, que en Madrid faltan unos 1.000 pediatras y que el 83% de los centros de salud no tienen uno asignado); volviendo a nuestro punto: urdió  esta comunión un plan de una perversidad que no está al alcance de munchos para <<cazar>> al fiscal, plan consistente en retorcer los hechos (no fue la fiscalía quien pidió un pacto con el presunto defraudador a Hacienda, acusado además de pertenencia a banda criminal, el Amador, sino al revés, para evitar la cárcel, ¿o es que a la cárcel iba a ir Hacienda?: no sería imposible para esta secta golfante), enviarlos a <<El Mundo>>, que hace hoy las veces de <<El Alcázar>> de los tiempos gloriosos del Alzamiento Nacional.  Luego, unas seiscientas personas (¡600!) tuvieron acceso a la manzana envenenada del Paraíso Ayuso y Compañía, pero el único imputado y condenado fue el fiscal general, el que desmontó tan «cerdita» (aquí Trump a una incómoda periodista) maniobra. Como en el caso de Begoña Gómez, rechazado tres veces por otros tantos instructores, solo quedaba que la infame denuncia contra quien defendió la verdad fuese a parar a las manos <<adecuadas>> e iniciarse de inmediato una pesadilla que no desentona con la vivida por Josef K en la narración de Kafka <<El proceso>>.

Durante la vista, el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Andrés Martínez Arrieta, conforme a su ideología bien exhibida y dictada por su compañero y maestro Manuel Marchena, se mostró muy complaciente con los acusadores y sus testigos y muy intolerante con los contrarios, hasta el punto de despreciar los testimonios de los seis periodistas llamados a declarar, que negaron que su fuente fuera la Fiscalía General del Estado. Con tal desprecio, Martínez Arrieta se alineó con el falso periodismo, con la morralla que habita en los mugrientos márgenes de la profesión, y aún en ella. Este <<hombre de leyes>> pisoteó el periodismo profesional, el riguroso, el único periodismo que merece serlo, y que tan necesario es en la actualidad para desenmascarar a los viles que tratan de desmoronar la democracia.

El derrumbe de nuestro sistema libertades se remonta a 2018, cuando Mariano Rajoy perdió la moción de censura en favor de Pedro Sánchez, y se agravó en 2023, en las elecciones que ganó en las urnas el PP, pero no en el Congreso de los Diputados, donde anida la soberanía popular. La derecha no admitió, ni admite, ni admitirá hasta que no ocupe La Moncloa, no tener el poder: España es suya. Las posteriores consecuencias de la insurrección catalana de 2017, muy concretamente la ley de amnistía, fue el toque de corneta para que los jueces, los que mandan de verdad desde Madrid, se conjuraran para derribar a Sánchez, ya muy tocado por la despiada y espuria campaña contra él del fascismo empalmado (Ayuso: «Sánchez es un dictador» y un «hijo de puta», etcétera). Manifestaciones, huelgas (¡cobradas!) e imputaciones sórdidas de puñetas, kafkianas en el pleno sentido de la acepción. Esta campaña dio hace tres días un sonado <<ruido de togas>>. En palabras del ex magistrado emérito del Supremo, José Antonio Martín Pallín: «La condena dictada por el Supremo es un golpe de Estado».

En dos ocasiones escribí que Díaz Ayuso es inimputable. Gabriel Rufián lo dijo estos días de otra manera: «El mensaje es claro; Ayuso no se toca». Y es que la que habita en el alto piso y duerme en la ancha cama con un canalla que se enriqueció con las mascarillas, y ahora tendrá 10.000 euros extra para pagar el ático de una vez, ha sido la elegida para encabezar una contrarrevolución y presidir, como nueva <<Caudilla>>, España. El 20-N fue el 50 aniversario de la muerte de Paquito y, cómo no, el adviento de Isabelita, que entrará en la catedral de la Almudena bajo palio tras recorrer en coche descapotable las principales avenidas de la capital, en cuyos márgenes se amontonará, para vitorearla y aplaudirla, el lumpen que la vota, lumpen atracado, degradado, mortificado, que se ha tragado los desechos de esta comunión de podridas morales (el penúltimo, Ayuso: «en el banquillo se sentó Sánchez», afirmación que, no obstante, pone al descubierto la lujuria de dominación y dinero de esta trama mafiosa).

Como quiera que el Poder Judicial se ha apuntado a esta conspiración de intereses económicos, sociales y políticos, que lo hacen menos europeo y más bananero, habrá que decir, con el presidente del Gobierno, que «hay que defender la democracia de los que creen que tienen la prerrogativa de tutelarla». Sea honorable o miserable, en el presente, Pedro Sánchez es una de las últimas bazas que nos queda a los demócratas para seguir respirando derechos y libertades básicos.

Léase más: el propio Tribunal Supremo descartó que hubiese delito en la nota informativa de García Ortiz que desmontaba el dolo urdido en el palacete de Sol (en sus sótanos, antes se torturaba, ahora se cocina con las sustanciosas sustancias propias de las letrinas), porque, si algo ha sido revelado por la Prensa y otras variadísimas personas (los correos entre la fiscalía y el defraudador que confesó ser defraudador) no hay caso. Punto. Sigamos: aun sin caso, Ángel Hurtado envió a la Guardia Civil a la Fiscalía General y la registró durante unas diez horas sin hallar nada de lo buscado con apasionamiento; pero la envió de la misma manera que se la envía para desactivar una célula terrorista. Esta violación injustificada será uno de los motivos que, en el futuro, absuelvan a Ortiz, además de la indefensión procesal, descarada y descarnada, que culmina dictando sentencia sin motivarla antes. ¿Por qué? ¿Cuáles serán los sofismas  de los <<tribunos>>?

Este proceder, no obstante, no ha de sorprender. Obedece al mandato de José María Aznar (el <<manos ensangrentadas>>, cuyo <<ejemplaridad>> copiaron luego Díaz Ayuso, Carlos Mazón y Moreno Bonilla: ¡qué pronto se olvidan los homicidios que no nos afectan!; a propósito de Ayuso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de pedirle que entregue los más de 200 informes redactados por la Policía Municipal sobre los geriátricos en la primavera de 2021, la de la <<gran matanza>> de viejos que, pobrecitos ellos, se iban a «morir igualmente», y, ah, recuérdese  que ocho de sus cargos y asesores de aquellos meses infaustos están imputados: ¿no dijo el del <<pelo blanco>> que García Ortiz era el filtrador porque era el superior jerárquico? Entonces, usted, presidenta, qué es en su ciudad-Estado, porque nos sorprendería  que fuese una más de las que limpian los retretes?); disculpe lector tan <<desubicada>> digresión, estábamos con el mandato de Aznar: «quien pueda hacer, que haga», que es la orden, de la que tengamos conocimiento, más golpista desde el 23-F, en sintonía con la repetición y repetición de la Ayuso, el Abascal y Compañía de que tenemos un Gobierno ilegítimo, bolivariano, independentista y terrorista, que, por repetición y repetición, ha infundido en muchos un odio visceral al <<régimen sanchista>>. Una vuelta al 36.

El PP pudo en su día recoger el ideario de la UCD, mas eligió el de la Alianza Popular de Fraga, y, por consiguiente, es incapaz de desengancharse del fascismo, como han hecho las derechas alemanas, griegas o portuguesas. Ahí están las palabras de la presidenta de Madrid en la Asamblea justificando el golpe del 36 por el desorden que estaba provocando la República, aunque en su intervención obvió lo esencial: que era una democracia. Todo totalitario argumenta lo mismo para instaurar un régimen opresivo, que, hoy, en España, pasa por cortarle la cabeza a Sánchez, pero, como de momento está a salvo (y solo de momento: la cacería acaba de empezar), Ayuso, como Salomé, despechada, pidió la cabeza del fiscal general, el San Juan Bautista de los tiempos de Jesús, y <<sus señorías>> se la sirvieron en bandeja. Ilimitada saña para alcanzar el objetivo de los objetivos: el epitafio del presidente del Gobierno.     

Finalizamos poniéndonos en el pellejo de los cinco <<históricos>> magistrados que sentenciaron al fiscal (dos magistradas se opusieron: es el <<juego>> político en la judicatura madrileña, que no desentona con el parlamentario). No hallaron pruebas de cargo incontestables, que, junto a la confesión del procesado, es el asunto de los asuntos. Los cinco sí contaron con la declaración del teniente coronel Antonio Balas, jefe de la UCO, cuyo testimonio principalísimo fue descubrir que García Ortiz había borrado su teléfono móvil, no su correo electrónico, y que desconocía (¿lo creemos?, porque a un tonto no se le nombre para mandar una unidad tan reputada) cómo se las arreglaron los periodistas para saber que la <<garganta profunda>> no había sido García Ortiz. Esto es, más que un indicio, una sospecha de culpabilidad. Bien. Hubo otros indicios, como tomar en consideración la declaración contra el fiscal de una colega de Madrid. Bien. Tenemos indicios. Entonces, ¿cómo resuelve el Código Penal esta endiablada situación? Pues con el principio de <<in dubio pro reo>>, que en román paladino quiere decir que, de todas las hipótesis que se planteen (recuerden: no hubo pruebas, no apareció el arma homicida), no se puede tomar aquella que sea más grave para el reo. Y se hizo caso omiso a esta elemental doctrina jurídica.

¿Dónde coloca esto a la Justicia española? Pues fuera de la UE y en tierra de bananas. El Consejo de Europa no se cansa de decirnos que los nombramientos de nuestros altos jueces y fiscales son una mierda. Pues eso. No obstante, debemos felicitar al contubernio por su victoria, que habrá sido celebrada con litros y litros de champán, besos, abrazos, maldiciones al corrupto y déspota Sánchez y algún que otro «¡Viva Franco!» Aunque, eso sí, no hay que dejarlo en el tintero: para mayor escarnio, qué persona de bien se atreverá a informar verazmente al ciudadano, que tiene el derecho de ser informado, y de serlo verazmente (es lo trascendental, lo que no hicieron desde la Puerta del Sol, con maldad, con intención desestabilizadora), cuando la espada de Damocles de los reaccionarios pende sobre sus cabezas. Lo dicho: una mierda.