Ciudades por la vida

La trabajadora humanitaria Pakhsan Azizi corre el riesgo de ser ejecutada, tras la confirmación, el 25 de enero de 2025, de su condena a muerte por el Tribunal Supremo de Irán. Azizi fue detenida en agosto de 2023, acusada de formar parte del Partido Democrático Kurdo y sometida a tortura para forzarla a confesar su vinculación con grupos de oposición. Azizi se había destacado por su trabajo de apoyo a la población desplazada en el Noreste de Siria, en colaboración con la Media Luna Roja, en el contexto de la guerra civil en aquel país. No hay ni una sola evidencia de su participación en actividades de «rebelión armada contra el Estado» que es el delito atribuido y por el que se le ha condenado en un proceso carente de cualquier garantía. La pretensión de Irán al encaminarla al patíbulo es amedrentar a cualquier voz de la minoría kurda, igual que hace con personas que hayan participado en el movimiento «Mujer, Vida y Libertad» iniciado en septiembre de 2022. Quieren hacer confluir en el mismo punto (la horca, que es la forma habitual de ejecución en Irán) la represión política con la intensificación en el uso de la pena capital en una estrategia de endurecimiento de la respuesta penal ante la criminalidad. Más de 1.000 personas han sido ejecutadas en 2025 en Irán, incluyendo a manifestantes en las protestas como a Mojahed Kourkouri o a personas opuestas al régimen frente a las que se dirigen acusaciones de espionaje.

La pauta de exhibir una supuesta dureza frente al crimen mediante la pena capital (incluyendo su imposición para delitos no violentos o el tráfico de drogas, también en eslabones menores) a la par que se extiende su aplicación frente a la disidencia, también la ha seguido otro de los países que lideran esta siniestra competición, Arabia Saudí. Este Reino, con privilegiada conexión diplomática e influencias, ejecutó a 183 personas por delitos relacionados con terrorismo entre 2022 y junio de 2025, extendiendo tal acusación a actividades de oposición no directamente vinculadas con acciones violentas, e incluso aplicándola frente a quienes eran menores de edad cuando presuntamente cometieron los delitos imputados. Es el caso de Abdullah al Derazi, ejecutado el 20 de octubre de 2025, y que había participado en protestas en 2011 y 2012, en las que se reclamaba un mejor trato a la minoría chií del país. Arabia Saudí llevó a cabo 345 ejecuciones en 2024 y en este 2025 ya ha superado esa cifra. El método de ejecución principal en dicho país es la decapitación.

Siguiendo la estela autoritaria que combina la amenaza y el recurso frecuente a la pena capital a pesar de su intrínseca crueldad, Donald Trump la ha blandido frente a seis legisladores que aludieron al derecho de las fuerzas armadas a oponerse a órdenes ilegales, en un contexto de controvertido despliegue de cuerpos militares en ciudades gobernadas por alcaldes demócratas. No es sólo una bravata porque Trump ha llevado la exaltación de la pena de muerte como herramienta a sus Órdenes Ejecutivas (n.º 1464, de 20 de enero) y Memorándums (25 de septiembre de 2025, para su aplicación en el Distrito de Columbia); y, en las postrimerías de su anterior mandato, aceleró las ejecuciones por delitos federales (13 ejecuciones entre julio de 2020 y enero de 2021) tras 17 años de moratoria en ese ámbito. A su vez, los Estados donde la pena capital se sigue aplicando con fruición de sus gobernantes no tienen reparo en continuar con ejecuciones que incrementan el dolor y la violencia institucionalizada, aunque las circunstancias de muchos casos aconsejen especialmente medidas de clemencia y conmutaciones. Es el caso de la ejecución de Lance Shockley, consumada el 14 de octubre de 2025 en Missouri, a pesar de las dudas sobre la solidez de su condena por el asesinato en 2005 de un agente de seguridad (veredicto que no tuvo unanimidad del jurado), y que, en las dos décadas transcurridas entre rejas, los informes y testimonios aludían a su apoyo a otros internos y su liderazgo en programas de rehabilitación en prisión. Estados Unidos ha llevado a cabo 25 ejecuciones en 2025, la segunda cifra más alta desde 2015, liderada por Texas y Florida. Cuatro Estados (Carolina del Sur, Georgia, Indiana y Utah) reanudaron las ejecuciones, mientras que el estado de Alabama las triplicó, pasando de dos en 2023 a seis en 2024.

El número de países que persisten en la aplicación de la pena de muerte ha ido afortunadamente a menos en los últimos años, aunque algunos Estados estudian su restablecimiento. Israel, por ejemplo, inmerso en una espiral de deshumanización y normalización de la violencia estatal, tramita su aprobación en el Parlamento. En la actualidad, no obstante, se reducen a 15 los países en que se llevan a cabo ejecuciones. Pero, en ellos, es notable la intensificación en el uso de este castigo inhumano y degradante por definición. En 2024 al menos 1.518 personas fueron ejecutadas, sin contar los miles de ejecuciones que se cree que tuvieron lugar en China, Vietnam y Corea del Norte, donde los datos siguen siendo secreto de Estado. Esta cifra supone un aumento del 32% respecto a las 1.153 ejecuciones registradas en 2023.

En este entorno de populismo punitivo y de exaltación de la brutalidad autoritaria como estilo de gobierno, es necesario mantener la guardia alta para evitar que los Estados se arroguen la facultad de aplicar este castigo irreversible, inicuo, despiadado y que se impone a menudo de manera arbitraria y discriminatoria. El domingo 30 de noviembre se celebra la jornada mundial «Ciudades por la Vida, contra la Pena de Muerte», impulsada por la Comunidad de San Egidio y Amnistía Internacional, que reúne a miles de municipios en todo el mundo para conmemorar la primera abolición, acordada por el Ducado de Toscana en esa fecha de 1786. El día anterior, sábado de 29 de noviembre, se desarrollarán actos en Oviedo, Gijón y Avilés, ciudades adheridas a la iniciativa, para recordar el compromiso necesario en el camino para una justicia humanista que erradique la pena de muerte de los códigos penales de cualquier país del mundo.