Corregir lo que es injusto

Las instituciones también se definen, en última instancia, por su capacidad para actuar cuando la realidad exige una rectificación. Hay decisiones que permanecen durante años envueltas en una apariencia de normalidad, integradas en la vida cotidiana, hasta que una nueva mirada —más justa, más exigente, más consciente de sus implicaciones— las sitúa en el lugar que realmente les corresponde. Ése es el momento en el que se mide la responsabilidad pública: cuando ya no basta con gestionar lo heredado y se hace necesario intervenir para corregirlo.

Asturias ha llegado a ese punto con el peaje del Huerna. Durante demasiado tiempo se asumió como una condición dada, como una singularidad con la que había que convivir sin mayores alternativas. Sin embargo, esa percepción ha cambiado de forma profunda. Hoy existe una convicción compartida, asentada y difícilmente reversible: Asturias merece un trato justo, acorde con la legalidad y con los principios de igualdad territorial.

Esa convicción se ha traducido en una intensificación clara, sostenida y deliberada de la acción institucional y jurídica para lograr la supresión del peaje. El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias adoptó una decisión que marca un punto de inflexión en este proceso: solicitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la revisión de oficio del Real Decreto 392/2000, que amplió la concesión de la autopista AP-66 hasta el año 2050. Con ese acuerdo inédito, Asturias dejó atrás cualquier papel pasivo y se sitúa en el centro de la iniciativa, con una estrategia construida desde el rigor y orientada a resultados.

La prórroga aprobada en marzo del año 2000, bajo el Gobierno presidido por José María Aznar y con Francisco Álvarez-Cascos al frente del Ministerio de Fomento, ha condicionado durante un cuarto de siglo la movilidad, la competitividad y el desarrollo de nuestra comunidad. Y aquella decisión se adoptó al margen de los procedimientos de concurrencia que exigían tanto el ordenamiento jurídico español como el Derecho de la Unión Europea. Hoy, ese origen debe someterse a revisión desde una base jurídica sólida y con una voluntad inequívoca de restablecer un equilibrio que nunca debió alterarse.

Este proceso se sostiene, además, sobre un hecho político de primer orden: la capacidad de Asturias para construir una posición común amplia, reconocible y persistente en el tiempo. La Alianza por las Infraestructuras que Asturias Necesita ha permitido articular un espacio de acuerdo en el que confluyen instituciones, agentes sociales, organizaciones empresariales, colectivos ciudadanos y fuerzas políticas. Esa coincidencia expresa una forma de entender que, cuando están en juego cuestiones estructurales, la unidad es fortaleza y se convierte en el activo más importante.

El respaldo jurídico refuerza de manera determinante esta posición. El dictamen 218/2025 del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, aprobado por unanimidad, confirma con precisión nuestros argumentos. Identifica la ampliación de la concesión como una modificación sustancial que, en la práctica, equivalía a una nueva adjudicación y que, por tanto, exigía licitación pública conforme a los principios europeos de igualdad, transparencia y competencia. Señala, además, la alteración del equilibrio económico del contrato en favor del concesionario y encuadra la actuación en una causa de nulidad radical.

A partir de ahí, la estrategia del Gobierno de Asturias alcanza una fase de mayor intensidad administrativa, política y jurídica. Se ha activado la revisión de oficio con una base jurídica consistente, se ha reforzado la interlocución institucional y se ha desplegado una acción continuada en todos los niveles. Esa intensificación responde a una idea sencilla: cuando la ley ofrece un camino claro, corresponde recorrerlo con determinación y sin dilaciones.

En ese mismo sentido, se ha reforzado la dimensión europea de esta iniciativa. El Gobierno del Principado ha trasladado al vicepresidente de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, un informe actualizado que recoge de manera detallada el estado del procedimiento, sus fundamentos jurídicos y su impacto económico, territorial y social. Este paso se apoya en el reconocimiento al trabajo desarrollado por la Comisión, que ha permitido situar este caso en el terreno preciso de la legalidad europea, y en la voluntad de que ese impulso continúe hasta sus últimas consecuencias.

Europa no aparece aquí como una instancia distante, sino precisamente como el espacio en el que se garantizan las reglas que nos obligan a todos. Asturias acude a ese espacio con una posición cohesionada, con argumentos consistentes y con una estrategia que combina acción interna y proyección exterior.

Al mismo tiempo, la realidad de la autopista introduce un elemento de urgencia que resulta imposible ignorar. Las afecciones prolongadas al servicio, las restricciones, los desvíos y la pérdida de fluidez han deteriorado de forma perceptible las condiciones de circulación. Esa experiencia cotidiana de miles de usuarios convive con un peaje que se mantiene íntegro y que, además, se ha actualizado al alza. La relación entre el servicio prestado y el coste exigido forma parte, de manera directa, de la exigencia de equidad que Asturias plantea.

En este contexto, la responsabilidad de las instituciones llamadas a resolver deja de ser una cuestión formal para convertirse en una prueba clara de compromiso político con la legalidad y con la igualdad territorial. El Ministerio de Transportes tiene la obligación de pronunciarse, de forma expresa y motivada, en el marco del procedimiento iniciado, y de hacerlo sin dilaciones ni ambigüedades. Este Gobierno de España, sustentado por el Partido Socialista, tiene hoy la oportunidad de corregir un agravio histórico causado por una decisión adoptada por un Gobierno del Partido Popular. No cabe otra opción que asumir una responsabilidad presente: aplicar la ley allí donde fue ignorada y restituir unas condiciones de equidad que Asturias lleva demasiado tiempo esperando.

La supresión del peaje del Huerna se apoya hoy en una base más sólida que en ningún otro momento. Existe un consenso social amplio, un respaldo institucional firme y un fundamento jurídico claro. Ese conjunto no garantiza por sí mismo el resultado, pero sí define las condiciones necesarias para alcanzarlo de una vez por todas. Asturias ha iniciado un camino que exige constancia, precisión y determinación. Y lo recorre con la convicción de que corregir aquello que es injusto constituye, en esencia, la verdadera responsabilidad de gobernar.