Cerredo: La mina clandestina que mató a cinco personas... y la política que mira a otro lado

Cinco mineros muertos. Cinco familias rotas. Cinco vidas enterradas bajo tierra, en una explotación que, según el propio informe del Servicio de Minas del Principado, funcionaba de manera clandestina. Y ante una tragedia así, Asturias no puede aceptar la respuesta habitual: silencio, excusas administrativas, y la ya conocida estrategia política de siempre: dejar que pase el tiempo hasta que el dolor se enfríe y el escándalo se diluya.

Porque lo ocurrido en Cerredo no es únicamente un accidente. Es un escándalo. Es una vergüenza. Y, sobre todo, es el reflejo de un sistema donde la responsabilidad política se ha convertido en una palabra vacía.

El informe lo deja claro: allí no se estaba investigando. Allí se extraía carbón. Carbón ilegal. Carbón que salía día tras día, mes tras mes, con camiones, movimiento, ruido y actividad. Y lo más grave: no era un secreto. Lo sabía el pueblo. Lo comentaba cualquiera. Era “un secreto a voces”. Entonces surge la pregunta que ninguna institución puede evitar y que ningún cargo público debería esquivar:

¿De verdad pretenden hacernos creer que lo sabía todo el mundo… menos quienes tenían la obligación legal de controlarlo?

Si el informe confirma que la actividad era clandestina, la cuestión ya no es si hubo irregularidades. La cuestión es otra mucho más seria: ¿Cómo es posible que una explotación minera clandestina operara durante tanto tiempo sin que la administración actuara?

¿Dónde estaban las inspecciones?

¿Dónde estaba el seguimiento?

¿Dónde estaba el control real?

¿Dónde estaba el gobierno y los responsables políticos en materia de minería transición ecológica, Belarmina Diaz, dimitida tras el accidente, Nieves Roqueñi, Enrique Fernández, Isaac Pola, ¿mientras salía carbón ilegal de una mina supuestamente autorizada para otra cosa?

Aquí hay una verdad incómoda: si una mina funciona de manera clandestina no es sólo culpa del que excava, también del que permite que se excave. Porque la clandestinidad sostenida en el tiempo no existe sin tolerancia. Sin ceguera interesada. Sin omisiones deliberadas. Sin un «mirar para otro lado» que, en política, suele tener nombre: impunidad.

Y esa impunidad se intenta normalizar ahora con el argumento más gastado de todos: «ya se está investigando, ya se esclarecerá, hay que esperar». No. No se puede esperar para exigir responsabilidades políticas. Porque la política no es un club de opinión ni una tertulia de televisión. La política es gestión. Es control. Es vigilancia. Es prevención. Y cuando falla, la consecuencia no es un mal titular: la consecuencia son muertos.

Cinco muertos.

La pregunta clave es inevitable: ¿quién firmó la autorización?

¿Quién dio por válida esa actividad?

¿Quién permitió que se vendiera como «investigación» lo que era extracción?

¿Quién debía controlar y no controló?

Y si nadie controló, entonces la administración no sólo falló: abandonó su obligación. Porque el Principado tiene competencias. Tiene técnicos. Tiene medios. Tiene normativa. Tiene la capacidad de inspeccionar, sancionar y clausurar. Si no lo hizo, no fue por falta de herramientas. Fue por falta de voluntad o por falta de interés.

Y eso, en cualquier trabajo serio, tiene consecuencias.

Si un jefe de obra firma una autorización y mueren cinco personas, se le exige responsabilidad.

Si un encargado permite prácticas ilegales y ocurre una tragedia, se le aparta.

Si un empresario incumple normas y mueren trabajadores, se le procesa.

Pero en política ocurre lo contrario: se reparten culpas hacia abajo, se esconden hacia arriba y se protege al que manda. Y mientras tanto, se intenta convertir una tragedia laboral en un simple episodio técnico.

No lo es.

Esto es un fracaso político e institucional. Y, por tanto, debe haber dimisiones.

El presidente Adrián Barbón y su gobierno no pueden limitarse a expresar condolencias y hablar de «hechos aislados». Porque no hablamos de un accidente imprevisible. Hablamos de una actividad clandestina sostenida, tolerada y conocida. Y si era conocida fuera de los despachos, también lo era dentro.

Cuando un gobierno no sabe lo que ocurre en su territorio, demuestra incompetencia.

Cuando lo sabe y lo permite, demuestra complicidad.

Y cuando intenta taparlo con burocracia, demuestra desprecio.

Asturias no necesita más comunicados. Necesita respuestas. Y necesita responsabilidades.

Porque el mensaje que se envía si no hay dimisiones es terrible: que aquí se puede jugar con la seguridad, con la legalidad y con la vida de los trabajadores… y no pasa nada. Que se puede permitir una mina clandestina y, aunque mueran cinco personas, la política seguirá como si nada.

Eso no es democracia. Eso es decadencia institucional.

Y lo más indignante es ver cómo algunos intentan convertir el asunto en una batalla partidista, como si lo importante fuera quién obtiene rentabilidad electoral del cadáver ajeno. Mientras unos se defienden y otros atacan, las familias entierran a sus muertos y el sistema se protege a sí mismo.

La pregunta real no es quién gana votos. La pregunta real es:

¿Cómo se pudo permitir?

¿Quién lo permitió?

Y por qué nadie paga?

Si el informe confirma que Cerredo era una explotación clandestina, entonces queda demostrado que el Principado falló en lo esencial: proteger la vida y garantizar la legalidad. Y cuando un gobierno falla en eso, no basta con lamentarse. Hay que asumir consecuencias.

Lo contrario es legitimar la impunidad.

Y como ciudadanos/as, no podemos aceptarlo. No podemos normalizar que cinco personas mueran en una mina ilegal mientras los responsables políticos se esconden detrás de tecnicismos, de comisiones y de excusas.

Cinco muertos no son un «incidente».

Cinco muertos son una responsabilidad.

Y Asturias merece algo más que silencio.

Merece verdad.

Merece justicia.

Y merece dimisiones.