Son seres vivos, no mercancía

Hacía años que se sabía. Y aun así, hicieron falta más de 300 perros rescatados —enfermos, hacinados, despojados de cualquier atención mínimamente digna— para que la conmoción atravesara a la sociedad gijonesa y asturiana. ¿Era necesario que cachorros llegaran a perder los ojos en esas condiciones para que se actuara?

No nos engañemos: la intervención del SEPRONA en un conocido criadero gijonés no ha descubierto nada nuevo. Ha puesto rostro y cifras a una realidad que ya existía. Las imágenes que ahora circulan solo han hecho imposible seguir mirando hacia otro lado.

Por eso, la pregunta no es solo qué ha ocurrido en un criadero de Gijón. Es por qué pudo ocurrir. Y, sobre todo, por qué siguió ocurriendo cuando ya se sabía.

Durante años, este tipo de instalaciones ha funcionado en una zona gris, legales en apariencia, pero con escaso control real. El resultado es un modelo en el que la cría de animales queda en una frontera difusa entre lo regulado y lo que apenas se supervisa.

No estamos ante un caso aislado. Este patrón se repite en numerosos criaderos donde las condiciones de vida de los animales quedan fuera del foco público; animales reconocidos por la ley como seres sintientes —tras la reforma del Código Civil de 2021—, pero tratados en muchos casos como simples recursos de explotación.

Por eso, el debate no puede quedarse en decisiones individuales. La incorporación de un animal a una familia suele nacer del afecto, pero conviene preguntarse de dónde procede ese animal y en qué condiciones han vivido sus progenitores. Esa realidad, muchas veces invisible, forma parte del problema.

Las administraciones tienen una responsabilidad clara: garantizar controles efectivos, inspecciones reales y respuestas ágiles ante cualquier denuncia. No basta con legislar; es imprescindible aplicar la ley con rigor y constancia. Cada denuncia ignorada no es un trámite menor, sino una oportunidad perdida para evitar sufrimiento.

Al mismo tiempo, como sociedad, debemos revisar el modelo que sostenemos. La demanda condiciona la oferta, y entender ese vínculo es clave para cambiarlo. La compra de animales no puede seguir siendo la opción prioritaria cuando existen cientos de ellos esperando en albergues y perreras.

Por todo ello, desde el Partido Verde, además de manifestar nuestra firme repulsa ante lo ocurrido y ante cualquier forma de maltrato animal, exigimos:

1. Que sobre los responsables recaiga todo el peso de la ley.

2. Que se depuren responsabilidades políticas y administrativas ante la inacción pese a las denuncias previas.

3. Que se refuercen los mecanismos de control sobre todas las actividades relacionadas con animales.

Asimismo, queremos reconocer la labor de voluntarios y profesionales que, con esfuerzo constante, sostienen el bienestar de muchos animales olvidados.

Este caso debe marcar un punto de inflexión. No solo para esclarecer lo ocurrido, sino para revisar un sistema que lo ha permitido. Porque la cuestión no es qué ha pasado, sino qué estamos dispuestos a cambiar para que no vuelva a pasar. Mientras sigamos tratando a los animales como mercancía, seguirán existiendo criaderos como el de Gijón.