La democracia no puede existir sin una justicia independiente, pero tampoco sin jueces imparciales y respetuosos con las leyes

Cuando el barón de Montesquieu argumentaba la necesidad de la separación de los poderes del Estado, sostenía, con buen tino, que no habrá libertad si el legislativo o el ejecutivo imparten justicia, pero tampoco si los jueces legislan o gobiernan. Separación y equilibrio entre los poderes del Estado, cada uno en su función, que, unida al reconocimiento de los derechos de la persona, consagró el artículo 16 de la histórica declaración aprobada por la Asamblea Nacional francesa en agosto de 1789 como requisitos indispensables para que existiese una Constitución.

La condena del exministro y exsecretario de organización del PSOE José LuisÁbalos, como las anteriores de los exministros José Barrionuevo, Jaume Matas, Eduardo Zaplana y Rodrigo Rato, la del yerno del rey Juan Carlos I o la del tesorero del PP y senador Luis Bárcenas, entre tantos otros políticos y cargos públicos, es un signo del buen funcionamiento del Estado de derecho democrático. La justicia protege también a la ciudadanía de los abusos del poder.

No es fácil la labor de los jueces ni la de los policías y guardias civiles que colaboran en sus investigaciones, la desquiciada política española contribuye a complicársela. Ningún partido ha percibido jamás una actitud sospechosa de sus dirigentes o cargos públicos. Las pocas denuncias que recuerdo proceden de concejales o militantes de segunda fila, asustados u horrorizados por lo que ven, también de algunos despechados, que se arriesgan a sufrir un penoso viacrucis por su valentía.

Cuando se destapa un caso de corrupción, la reacción habitual es la negación indignada de una acusación supuestamente infame. Recuerdo una muy recomendable serie de televisión italiana, de 2015, «1992», sobre la investigación conocida como «mani pulite», que encabezó el fiscal di Pietro. Todos los políticos inculpados, demócrata cristianos, socialistas, liberales..., reaccionaban de la misma forma, indignados por acusaciones que definían como calumniosas. Los partidos cerraban filas en torno a ellos e intentaban frenar las investigaciones. En España estábamos en plena investigación del caso Bárcenas, de la Gürtel y de Púnica, Filesa o Roldán estaban frescos en la memoria, las escenas resultaban muy familiares.

Los partidos no solo no colaboran con la justicia, solo piensan en entorpecerla para protegerse. Cuando gobernaba Zapatero, el PP atribuía las investigaciones que sufría al malvado Rubalcaba, que, según su versión, seguiría manejando después a jueces y policías. Ahora, se acusa a la justicia de practicar el «lawfare» para desalojar a las izquierdas del gobierno.

Todos agigantan la paja en el ojo ajeno y pretenden ocultar la viga en el propio. Ojalá den fruto las medidas adoptadas contra la corrupción, aunque los últimos casos muestran que las administraciones públicas siguen teniendo demasiado margen para adjudicaciones discrecionales; ojalá sea verdad que los partidos han aprendido de su historia y no permitirán la corrupción interna, que tan cara les ha costado; ojalá, pero no parece que las cosas hayan cambiado lo suficiente. Hay un problema profundo, que es difícil de combatir: la motivación de la militancia política. Los partidos deberían ser implacables y solo admitir en su seno a quienes consideran que el objeto de la actividad política es servir a la sociedad, no servirse de ella.

La justicia independiente es imprescindible. Gobernantes, legisladores y dirigentes políticos deben evitar las descalificaciones cuando sus actuaciones los perjudican. Nada bueno puede resultar de su desprestigio. Ahora bien, más daño que las críticas de los que se consideran perjudicados se lo hacen los excesos de los jueces.

No es admisible que los jueces pidan amparo ante las censuras a su labor y ataquen de forma directa al poder ejecutivo. No es comprensible que quienes exigen respeto a su independencia se manifiesten en la calle, disfrazados con sus togas, contra una ley pendiente de debate en el parlamento, el poder legislativo. Se entiende que, como juristas, analicen los proyectos de ley y las normas aprobadas, que hagan propuestas y critiquen lo que no les parece acertado, pero no que intenten presionar al órgano constitucionalmente encargado de legislar, menos todavía sustituirlo. Es lógico que jueces y fiscales tengan ideas políticas, pero no pueden actuar como parte de campañas partidistas.

Con estas actitudes, aunque se trate solo de sector radicalizado, siembran desconfianza en la imparcialidad de la justicia. Cuando en el propio Tribunal Supremo se banaliza el concepto de violencia en un proceso que es penal, pero con trasfondo político, se abre el camino a la arbitrariedad. Que otros jueces hagan lo mismo con el terrorismo asusta, porque es lo que hacen tiranías como las de Irán, la Rusia de Putin o la Bielorrusia de Lukashenko. La condena sin pruebas del fiscal general del Estado no ayuda a confiar en el máximo tribunal del Estado.

En cualquier caso, es el PSOE el que se ha hundido en el abismo con la corrupción de algunos de sus dirigentes y un turbio caso que puede afectar de lleno al partido, como es el de Leire Díez, no ha sido un complot de jueces. Es disparatado atribuir a una conspiración internacional, impulsada por Donald Trump, la investigación a que está sometido José Luis Rodríguez Zapatero, que, independientemente de que pueda o no ser encausado o condenado por algún delito, tiene mucho que explicar y cada día que pasa sin hacerlo deteriora más su imagen y la del partido.

Junto a casos en que los indicios de corrupción, incluso de degradación moral incompatible con los valores socialistas, son evidentes y que, desde cualquier perspectiva, pero especialmente desde la izquierda, solo cabe agradecer a la policía, la guardia civil y los jueces que los investiguen, el sector radical de la magistratura ha emprendido un ataque personal contra el presidente del gobierno que es inaceptable. Solo porque David Sánchez es su hermano, la extrema derecha ha logrado que una jueza convirtiese en un caso penal un hecho menor de hipotético favoritismo en la concesión de un contrato, no de una plaza de funcionario, que, además, es de libre designación. Con otro juez proclive, también la extrema derecha ha conseguido que se procese a la esposa del presidente. Como catedrático de universidad, puedo afirmar que solo desde la ignorancia de lo que es una cátedra de esas características se puede suponer que hubo algún delito en su creación. Ningún jurista serio ve nada relevante en una instrucción que avergüenza y atemoriza. La propia UCO de la guardia civil ha sostenido que no ve delitos en las actuaciones de Begoña Gómez.

No voy a extenderme en los adjetivos que pueda merecer la inquisición del señor Peinado, léase al magistrado José Antonio Martín Pallín o a catedráticos de Derecho Penal como Manuel Cancio Meliá, que el domingo escribía en El País: «Esta característica de los escritos del juez hace un grave daño a la reputación del poder judicial, pues llevará a muchas personas a pensar que hay miembros de la judicatura que actúan en función de intereses políticos. Más allá de lo jurídico es muy preocupante que una persona que desempeña de modo más que cuestionable e indecoroso su papel de juez de instrucción sea jaleada sin fisuras por algunos sectores políticos y de los medios de comunicación». Quizá lo más dañino del señor Peinado no es su falta imparcialidad, sino que ni siquiera se tome la molestia de aparentarla. Es síntoma de una forma enfermiza de entender la justicia, de lo peor de la prepotencia de algunos jueces.

No sé a dónde llegará la tardía reacción del Consejo General del Poder Judicial, pero el mal ya está hecho. Al menos, el caso Peinado ha servido para poner de manifiesto el desmesurado poder que tiene el juez de instrucción en España, es deseable que el legislador lo corrija. Nuestro sistema es garantista, pero un juez puede perseguirte impunemente, incluso encarcelarte porque se le antoja a la condesa de Murillo, curiosa intérprete de la muy robespierrina voluntad general, recuérdese el caso infame de los titiriteros de Madrid. Persecución que puede durar años, aunque seas inocente y finalmente te absuelvan. El corporativismo judicial lo dejará actuar casi con total libertad. ¿Quién te quitará el sufrimiento y el daño a tu reputación, aunque un tribunal, después de años, te declare inocente? Como escribía el profesor de Derecho Constitucional Joaquín Urías en ElDiario.es: «Los jueces de instrucción gozan en nuestro sistema de un poder prácticamente ilimitado. Eso es así porque nuestro sistema está pensado para un modelo de jueces responsables y con capacidad de autolimitación. Algo desgraciadamente más escaso cada día en nuestro país».

Un comentario final, la sentencia sobre la trama de Ábalos, Koldo y Aldama ha puesto de manifiesto que el aforamiento tiene dos caras. Si el Tribunal Supremo es una garantía frente a jueces de primera instancia ideologizados en exceso y deseosos de fama, dispuestos a admitir querellas de cualquier organización extremista mal fundadas en recortes de periódicos, también es verdad que juzga a ritmo de AVE y que sus sentencias son inapelables. Si el señor Ábalos hubiese renunciado a su escaño, estaría ahora tomando cañitas en Madrid y paseando, como Aldama, por platós televisivos, a la espera de un juicio que podría llegar cuando ya fuese anciano. Tampoco eso puede considerarse sano ¿no hay forma de conseguir que la Audiencia Nacional juzgue en plazos razonables?