Nacionalidad y «pueblo auténtico»

Las guerras culturales del nacional-populismo y el rápido contagio de su agenda y estilo al espectro de centro-derecha amenazan con llevarse por delante, para siempre, un consenso básico sobre la nacionalidad española. Hasta hace poco, se admitía pacíficamente el acceso a la nacionalidad por residencia legal continuada, que viene unida en nuestro Código Civil al requisito de superar un expediente nada sencillo ante el Registro Civil y acreditar «buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española (art. 22.4).

El tiempo de residencia exigido con carácter general es de 10 años, y de 2 años para personas de los países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o la comunidad sefardí. Con carácter amplio se justificaba este régimen de acceso a la nacionalidad por residencia legal, aunque hubiese situaciones objetivamente injustas; por ejemplo personas con un vínculo fuerte con España, residiendo y aportando durante años, y a los que se cuestiona su idoneidad bajo argumentos parciales o sesgados sobre el término «integración».

Ahora sin embargo, directamente se cuestiona esta forma de integrar en la plenitud de derechos civiles y políticos, incluso en el caso de quienes provienen de países con vínculo histórico con España. También se ha lanzado una campaña de intoxicación, con inaceptables amenazas directas de responsables públicos (la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, por ejemplo) al personal consular, en relación con el proceso de adquisición de la nacionalidad española contemplado en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática (Disposición Adicional Octava) que permite acceder a la nacionalidad a hijos y nietos de españoles de origen que tuvieron que perder o renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio, o por matrimonio de españolas con extranjeros antes de la vigencia de la Constitución de 1978.

Lo que es una forma de, principalmente, restañar las heridas en las generaciones vivas, que se vieron privadas de su vínculo con España por el drama de la Guerra Civil y el exilio, es también objeto de la crítica más obtusa y demagógica. Incluso han rechazado en la ponencia parlamentaria en el Congreso el texto para la futura Ley sobre Concesión de la Nacionalidad Española a los Saharauis Nacidos bajo la Administración Española. Se descuelga así el PP de su inicial posición, que fue favorable a su toma en consideración (y que permitió su debate y tramitación), negándose ahora a enmendar el enorme daño causado a quienes no pudieron optar en 1976 por mantener la nacionalidad española entonces reconocida, en circunstancias de guerra de ocupación en el Sahara Occidental y de precario refugio de emergencia en los primeros campamentos de Tindouf, Argelia. Una norma que pretende paliar, al menos en este aspecto, el efecto del ilegal abandono de responsabilidades de España en el Sahara Occidental sin concluir su proceso de libre determinación, dejando el territorio y sus habitantes a merced de la potencia ocupante, que en el caso de Marruecos mantiene ese injusto statu quo de desposesión.

En todos estos casos, se blande abiertamente como intimidación retirar nacionalidades que se concedan por estos cauces, atacando directamente a los derechos más básicos de las personas que hayan accedido a ella. Y, sobre todo, se cambia radicalmente la percepción sobre el vínculo nacional. Tener una nacionalidad y evitar la privación arbitraria de ésta, y disponer igualmente el derecho de cambiar de nacionalidad, viene recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 15); precisamente porque el enfoque liberal y moderno de la nacionalidad no sólo es el de pertenencia a una comunidad política nacional sino también la extensión de la protección de derechos que los ordenamientos estatales otorgan a sus nacionales, previniendo además las anómalas situaciones de apatridia.

Y, además, evitar que entre las formas de represión a la disidencia, de selección jerárquica de personas y grupos según decisión del poder, o de exclusión de colectivos, se encuentre la privación de la nacionalidad. Una práctica de nuevo en crecimiento en un cierto número países, que opera bajo la premisa totalitaria de que todas las personas que no sigan un canon normativo (que a veces puede ser tan inicuo como para exigir la pertenencia a una raza, religión o credo religioso o político) pueden ser conducidas a una suerte de muerte civil privándoles del vínculo nacional.

La nacionalidad deja así de entenderse desde la óptica de los derechos y pasa a la de concesión graciable, susceptible de ser retirada. Medida que, aunque se cebe con quienes acceden a la nacionalidad por residencia, acaba extendiéndose (y es la marca de los sistemas autoritarios) a quien no comulgue con un ideario. Evidentemente bajo el paraguas de la nacionalidad (también la de origen, claro) hay buenos, malos y regulares, cumplidores sin tacha y personas que infringen el ordenamiento, pero los Estados no pueden condicionar el mantenimiento de la nacionalidad privando de ella como sanción o por un criterio puramente tribal de pertenencia, arrogándose un poder que rebasa cualquier límite.

Detrás de esa posición vibra la fiebre del nacionalismo irredento que recorre muchos países de Europa, y laten dos pulsiones temibles. De una parte, se aboga por una sociedad en la que una parte considerable de la población va a vivir en una situación de supeditación por no poder acceder e ningún momento a la nacionalidad y, por lo tanto, no poder participar de derechos civiles y políticos elementales (entre ellos, sufragio activo y pasivo en la mayor parte de elecciones, incluyendo las generales, o el ingreso en la función pública); criterio que normalmente se une a una subordinación aún mayor de la población extranjera, tolerada en el mejor de los casos, en posición vicaria y servicial. No es un modelo imposible porque ya lo practican, por ejemplo, las petromonarquías del Golfo Pérsico, en un sistema que ha basado el éxito económico en el mantenimiento en situación de sometimiento a la ingente mano de obra extranjera, de manera cruel y sin contemplaciones cuando se considera necesario.

De otra parte, subyace el deseo de retornar a una visión etnonacionalista donde están plantadas las semillas de la purificación y la uniformidad, sosteniendo que sólo un «pueblo auténtico» es titular colectivo de derechos; reduciendo la esfera individual y excluyendo de aquella autenticidad a quien no ha tenido vínculos nativos nacionales en la generación inmediata a la de uno. Una deriva excluyente y fascistizante, que parte de una idea nacional mixtificada, arcaica y peligrosa, que una vez lanzada, no tiene más fin que la segregación, la violencia (pues sólo con el uso de la fuerza bruta se llevan esas ideas a la práctica) y el examen continuo del Estado también sobre sus propios nacionales; convirtiéndoles no en ciudadanos sujetos de derechos sino en súbditos, y a los extranjeros, cuando no interesen, en material desechable al que tratar sin consideración alguna.