El Fiscal mantiene que Mortera era conocedor del «pelotazo de Olloniego»

La Fiscalía ha descartado que el exedil popular de Urbanismo de Oviedo Alberto Mortera y dos técnicos municipales diseñaran un plan preconcebido para favorecer al administrador de Urvisa, aunque sostiene eran conocedores y que participaron en el «pelotazo urbanístico de la parcela B-16 del polígono de Olloniego», por lo que mantiene la petición de siete años de inhabilitación para cada uno por un delito continuado de prevaricación omisiva.

Durante la lectura de las conclusiones finales, el Ministerio Público ha defendido que «todo el grupo municipal» era conocedor del plan del administrador de Urvisa, uno de los promotores «más conocidos de Oviedo», y que actuó de forma «arbitraria» para favorecerle, incumpliendo su deber constitucional y legal.

En este sentido, ha subrayado que el Ayuntamiento resolvió los contratos de dos parcelas del polígono por incumplimiento de las condiciones de contrato, mientras que en este caso no sólo no lo resolvió, sino que devolvió el aval al adjudicatario a sabiendas de que había incumplido las bases de adjudicación.

Respecto a Mortera, ha señalado que su participación en Gesuosa, sociedad que gestionó la parcela hasta su disolución, y su posterior estancia al frente de la Concejalía de Urbanismo, evidencia que tenía conocimiento sobre el desarrollo del polígono y de esta parcela en concreto.

Asimismo, ha insistido en que resulta «poco creíble» la afirmación de un ex edil de Urbanismo de que no conocía a uno de los promotores más famosos de la ciudad, y la de que firmaba «sin leer», cuando tenía varios expedientes paralizados en aquella época.

En el caso del responsable de Licencias, el fiscal ha aludido a la celeridad con la que sacó adelante este expediente, sobre todo después de que durante todas las sesiones se haya resaltado la gran carga de trabajo que soportaba esta sección.

Algo que, unido al hecho de que trabajaba en la correduría de seguros de la que era cliente uno de los socios de la empresa compradora, resulta «sospechoso», a su modo de ver.

Además, ha hecho hincapié en que respondió a solicitudes relativas a este expediente a última hora de una mañana de agosto, fuera de su horario y dándole preferencia por delante del resto de expedientes pendientes, lo que demuestra que «había interés en que se sacase rápido».

Una celeridad que también tuvo la jefa de Sección de Patrimonio, que respondió con pocos días de diferencia a las peticiones de Licencias cuando en otros casos se alargaba esta respuesta durante varias semanas, ha argumentado.

A pesar de que ambos se han culpabilizado mutuamente, y responsabilizado de errores y de falta de coordinación, el Ministerio Público sostiene que las dos secciones estaban perfectamente coordinadas y que los acusados sabían lo que estaban haciendo.

A su juicio, ha quedado probado que la jefa de Sección de Patrimonio conocía las condiciones de las parcelas, aunque ella lo haya negado durante su declaración, ya que resolvió el contrato de otra parcela por no cumplir con la condición de la actividad empresarial.

Sin embargo, las tres defensas mantienen la inocencia de sus clientes, así como la petición de absolución para ellos.

El abogado de Alberto Mortera ha destacado que ningún testigo trató personalmente con el edil sobre la parcela B-16, como han reconocido durante las sesiones, por lo que considera que ha quedado probado que no tuvo ningún trato de favor ni animadversión hacia cualquier empresario o técnico municipal.

Por su parte, la defensa del responsable de Licencias ha alegado que su cliente era «el último en el escalafón» y que no tenía «ninguna capacidad de decisión», por lo que es imposible que diese cualquier tipo de trato de favor al empresario en cuestión.

Además, ha hecho hincapié en que «hay tan poco para incriminarle» que el Ministerio Público ha tenido que sembrar dudas sobre posibles relaciones en su trabajo en la correduría de seguros, que en ningún caso se pueden demostrar y que son subjetivas.

Por último, el abogado de la jefa de Sección de Patrimonio ha manifestado que su defendida trató de resolver el contrato cuando se enteró de las irregularidades, lo que prueba que no era consciente de lo que estaba pasando y, por lo tanto, no puede ser acusada de un delito continuado de prevaricación.