Las licencias de obra mayor se atascan en Oviedo

La tramitación de licencias de obra mayor se atasca en Oviedo. Somos denuncia que el tiempo de espera para la obtención de estos permisos ha pasado desde 2018 -con Somos, PSOE e IU en el Gobierno local- de ocho meses a los casi 13 meses actuales con el bipartido formado por PP y Ciudadanos. Para justificar sus críticas, la formación morada aporta los datos de la Memoria de Licencias de 2020 del Ayuntamiento de Oviedo. Además, Ignacio Fernández del Páramo, concejal de Somos, acusa a Ignacio Cuesta (Ciudadanos), edil de Urbanismo, de «manipular» las estadísticas, por lo que pide su dimisión.

La publicación de la Memoria de Licencias de 2020 del ayuntamiento ha demostrado que no solo no hay datos positivos, como decía bipartito, sino todo lo contrario, tal y como ha denunciado la oposición en numerosas ocasiones. El análisis de las cifras concluye que los datos son muy parecidos a los de otros años y peores en algunos puntos. Especialmente en lo que se refiere a obras mayores. Estas no solo no se triplican en número, como aseguró Cuesta el año pasado, si no que la memoria muestra que en 2019 solo se dieron dos licencias de este tipo más que, por ejemplo, en 2016.

Las licencias concedidas son un claro reflejo de las que se piden, y en esas solicitudes ha influido un cambio que se produjo en 2019, cuando el Principado impulsó una ley de habitabilidad y muchos promotores se apresuraron a pedir permisos antes de que entrara en vigor porque las nuevas condiciones les perjudicaban. Esto tuvo como consecuencia que se presentaron 106 peticiones ese año, 36 más que la media de años anteriores. En 2020 se concedieron 78 licencias de obra mayor. Son 18 más que en 2019 pero suponen la mitad del incremento que debería haberse producido en relación al número de peticiones.

La otra variable que ha empeorado considerablemente es el tiempo empleado para la concesión de estas licencias de obra mayor. Los tiempos de tramitación de expedientes estaban en 8 meses en el anterior mandato y ahora en 12,8 meses.

Total de licencias 

Los datos no son buenos y otro claro ejemplo del retraso en las concesiones es que, de todas las licencias de obra mayor pedidas en el 2020, apenas han obtenido licencia el 21%. «Además, todo esto se produce en un año especial que ha supuesto una reducción de la petición de trámites de todo tipo», afirma Del Páramo. El número de peticiones de expedientes abiertos fue de 5.962, por debajo de la barrera de 6.000 que se superó en 2012. La media de la última década fue de 7.000.

La pandemia explica este descenso de peticiones, como demuestra la caída del 30% en las obras de locales comerciales, que pasaron en un año de 230 a 180. Otro ejemplo son las licencias en actividades molestas, que se han reducido un 50%. De todos los cambios, el más importante es el registrado en las «actuaciones de disciplina», que se han reducido un 400%. Estas están derivadas del control de las denuncias de los vecinos por obras ilegales. En 2020 solo se iniciaron 111 expedientes, un reflejo de la falta de inspección por parte de la administración que la oposición ha denunciado reiteradamente.

Petición de dimisión

Del Páramo recuerda que la oposición ha sido «especialmente crítica» con Cuesta, el concejal responsable de Urbanismo, por «haber mentido reiteradamente respecto a los datos y situación del departamento llegando incluso a manipular parte de la memoria del servicio, que está colgada en la página web municipal». Por este motivo ha pedido su dimisión.

El edil de Somos explica que «en la memoria se comparan cuestiones totalmente diferentes: los expedientes resueltos en 2018 y 2019 con las resoluciones en 2020. Suena parecido pero no lo es porque una resolución contiene varios expedientes. De esta forma, Ciudadanos infla los datos para vender una mejoría que no es tal». Del Páramo ya denunció esta situación en una rueda de prensa.  

Por último, el concejal aclara que «si no caemos en la trampa y contamos expedientes resueltos con datos reales, en 2020 se registraron 5.215, unos 300 menos que en 2018». «Manipular documentos públicos con objeto de aparentar una mejora para sacar rédito político es impropio de un cargo público y de ahí la petición de dimisión», concluye.