Arias defiende la legalidad en la adjudicación de plazas de garajes en Ciudad Naranco
Oviedo
El concejal defiende que en ningún momento se ha facilitado información «que vulnere la legalidad ni que comprometa la transparencia del procedimiento»
15 Apr 2026. Actualizado a las 17:53 h.
El concejal de Gestión de Patrimonio del Ayuntamiento de Oviedo, Mario Arias, ha asegurado este miércoles que el proceso de adjudicación de plazas en el aparcamiento de Ferreros, en Ciudad Naranco, se está desarrollando con todas las garantías técnicas y jurídicas y que en ningún momento se ha facilitado información «que vulnere la legalidad ni que comprometa la transparencia del procedimiento». En un comunicado, Arias ha asegurado que los servicios municipales son los encargados de supervisar y validar cada fase de un procedimiento que, asegura, permitirá dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos de Ciudad Naranco después de que los grupos municipales de PSOE e IU/CA advirtieran de posibles irregularidades en el proceso.
El edil popular ha criticado a IU por intentar «sembrar dudas infundadas y generar alarma entre los vecinos» anteponiendo «el ruido político» a los intereses del barrio y ha reprochado a la coalición su intento de «dinamitar» el proceso y de intentar impedir «que puedan acceder a la compra de unas plazas de aparcamiento que necesitan y reclaman desde hace años». Tras incidir en que no existe ningún motivo para paralizar el proceso, Arias ha recordado que Izquierda Unida gestionó esta materia durante el gobierno tripartito, «sin hacer absolutamente nada en mejorar aparcamientos ni en la puesta en el mercado de plazas municipales, ni en venta ni en alquiler».
En relación con este asunto, el PSOE ha solicitado la comparecencia de Arias en la comisión plenaria correspondiente ante la filtración del número de ofertas presentadas a pocos días de que finalizase el plazo, una circunstancia que «puede vulnerar principios esenciales de la contratación pública como la igualdad de trato entre licitadores, la transparencia, la confidencialidad de las ofertas y la libre competencia». Por su parte, IU ha señalado que el desarrollo del proceso «ha quedado viciado después» de que el gobierno local hiciera pública información sobre el número de personas que habían optado a la subasta, lo que «compromete la limpieza y legalidad del procedimiento», informa Efe.