IU lleva a los tribunales el proceso de externalización del servicio de agua en Siero
Siero
Según IU, el expediente «deja fuera alternativas razonables, como el aprovechamiento de fondos europeos, una actualización ordenada de tasas manteniendo la gestión directa o el análisis de modelos públicos existentes en el entorno asturiano»
26 Jun 2026. Actualizado a las 14:33 h.
Según informa Efe, el grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Siero ha presentado este viernes un recurso contencioso-administrativo contra los acuerdos plenarios que dan inicio a la tramitación para la futura concesión del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado en el concejo.
El pleno del consistorio dio luz verde ayer, jueves, al inicio de la tramitación para la futura concesión del servicio, con la que el consistorio prevé recibir una inversión de 30 millones de euros en los próximos cuatro años destinada a modernizar las infraestructuras hidráulicas del concejo.
En un comunicado, IU ha subrayado que su posición «fue clara desde el inicio» y que el agua debe seguir siendo un servicio público gestionado desde lo público, «con control democrático, transparencia y orientación exclusiva al interés general». «No estamos ante un simple trámite administrativo. Estamos ante una decisión que puede condicionar el servicio de agua de Siero durante décadas», ha señalado el grupo municipal.
El dictamen pericial aportado por IU en su demanda señala que el expediente municipal «no acredita con datos verificables que la concesión fuera más sostenible y eficiente que la gestión directa» y sostiene que «la supuesta ventaja económica de la privatización descansa sobre hipótesis no suficientemente documentadas».
Según IU, el expediente «deja fuera alternativas razonables, como el aprovechamiento de fondos europeos, una actualización ordenada de tasas manteniendo la gestión directa o el análisis de modelos públicos existentes en el entorno asturiano». El grupo municipal ha indicado, además, que el servicio actual no parte de una «situación de quiebra o inviabilidad» y que el propio expediente reconoce que «la gestión directa cubría los costes ordinarios del servicio».
«Para la formación, las necesidades de inversión y mejora de la red existen, pero eso no equivale a entregar el servicio a una concesionaria privada durante 25 o 30 años», ha añadido al respecto antes de pedir la paralización del proceso.